El
alcalde de Logroño, Julio Revuelta, acompañado por el concejal
de Patrimonio y Vivienda, José Musitu, informó el pasado lunes
de la aprobación –prevista para este mismo mes– de la puesta en
marcha de la primera fase del Plan Municipal de Vivienda, que
contempla la construcción de 822 pisos del total de los 1.800
previstos para los próximos años. Como dato significativo y en
directa alusión del alcalde al compromiso municipal, del número
de viviendas contempladas para esta primera fase, 501 se destinarán
a jóvenes. Asimismo agregó que con la licitación de suelo para
la construcción de estas 822 viviendas iniciales, 102 ya han sido
adjudicadas de forma directa al IRVI en solares de El Arco (88
pisos) y el Casco Antiguo (14 viviendas). Del resto, 300 más serán
para cooperativas –que se seleccionarán de acuerdo a la condición
de que las viviendas sean de régimen especial– y 420 para los
promotores. Todo ello en los sectores de El Arco, El Cubo, La
Estrella, el Casco Antiguo y otras zonas de la ciudad.
En el caso de las cooperativas,
de las 300 previstas, 130 se construirán en El Arco. Una promoción
de la que se encargará la cooperativa que encabece el listado
que confeccionará el Ayuntamiento. El resto de las viviendas queda
pendiente de adjudicación de parcela.
De entre todas las
viviendas que se van a construir, 102 se acogerán a la denominación
de ‘condiciones especiales’; que por su tamaño no se calificarán
como VPO aunque se les aplicará el mismo precio máximo que si
lo fueran; 311 serán de VPO en régimen general y 409 en régimen
especial.
Compromiso municipal
“Las cifras”, apuntó
el alcalde, “superan las premisas con las que ha partido el Plan,
que indicaban que al menos el 40 por ciento de las viviendas debían
ser de protección especial; y que debían alcanzar un mínimo del
50 por ciento destinado a vivienda joven (menores de 35 años)”.
Efectivamente, estos números superan, respectivamente, el 50 y
el 61 por ciento del total de viviendas contempladas en esta primera
fase.
Otra de las premisas
subrayadas por el alcalde fue la de un mayor control de los destinatarios
de las viviendas, según una ponderación municipal. Así, explicó
Julio Revuelta, “en próximos días se establecerán unos baremos
de acceso de los jóvenes a estas viviendas, dependiendo de su
renta, necesidades o condiciones familiares. Se confeccionará
un listado que se pasará a las promotoras para que a partir del
mismo procedan a la adjudicación”.
Para las cooperativas
el procedimiento será similar. En este caso se admitirá la participación
de las ya establecidas, con garantías de solvencia y, en cualquier
caso, las que no estén participadas por promotoras privadas. El
alcalde señaló que a lo largo de este mes se aprobarán los pliegos
de condiciones del Plan, a la espera de la aprobación del Decreto
de VPO del Gobierno regional, cuya aprobación se espera en los
próximos días. Además de prestar una especial atención a las adjudicaciones
y a su adecuación a las condiciones estipuladas, el Ayuntamiento
ejercerá el derecho de tanteo y retracto, que se ajustará a la
legalidad vigente, con 10 años de propiedad, excepto en los pisos
de condiciones especiales, con la ampliación del plazo a 15 años.
El alcalde aseveró
que “el Plan, que verá construidas sus 1.800 viviendas en un plazo
de cuatro años, cumple tres características fundamentales: el
reparto de las construcciones por toda la ciudad, la cobertura
de las necesidades de los jóvenes como principales demandantes
de una vivienda; y el esfuerzo en la promoción del régimen de
protección especial”. De la misma forma, destacó que el Plan de
Vivienda “ha sido posible gracias al nuevo Plan General de Ordenación
Urbana y al Programa de Obtención de Suelo para viviendas protegidas;
aspectos en los que ningún otro grupo político nos ha apoyado
hasta ahora”.
El
acceso de un joven a una vivienda protegida
El concejal de Patrimonio
y Vivienda, José Musitu, quiso explicar de forma más gráfica las
ventajas que supondrán a un joven la compra de una de estas viviendas.
Según sus palabras, un joven que opte a una vivienda de régimen
especial de 90 metros cuadrados, con trastero y garaje, tendrá
que pagar un precio máximo de 79.033 euros (13,1 millones de pesetas).
Además podrá beneficiarse de un préstamo bonificado de 63.106
euros (10,5 millones de pesetas) y de un total de 22.237 euros
(3,7 millones de pesetas) en ayudas de las Administraciones Central,
Autonómica y Local.
En el caso de optar
a una vivienda semejante, en protección oficial, debería pagarse
109.384 euros (18,2 millones de pesetas), aunque en esta ocasión
las ayudas ascenderían, por los mismos otorgantes que en caso
anterior, a 27.646 euros (4,6 millones de pesetas).
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