El martes se celebró un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento, a petición de los grupos municipales de PSOE y PR, cuyo principal y único asunto centró en la obtención de información con respecto a la adjudicación de plazas de aparcamiento en la Gran Vía. Un proceso que, de forma general, alternó entre la defensa de la “transparencia y total información” defendida por el equipo de Gobierno; y la “desinformación y confusión” achacada por los grupos de oposición. Un desencuentro más que anunciado y que concluyó con la desestimación del acuerdo, con los votos en contra del Grupo Popular.
       
Concepción Gamarra, responsable del Plan de Centro, fue la encargada de responder a las intervenciones de los grupos del PSOE y PR, justificando el rechazo a la solicitud aduciendo que “lo que piden ya se está realizando”; aspecto rechazado por los portavoces de los grupos de oposición, que le reprocharon no contestar a lo que se estaba preguntando. Entre las peticiones, la exposición completa de los listados de adjudicatarios, la habilitación de un plazo de alegaciones o el destino de las plazas destinadas a residentes sobrantes después del proceso de adjudicación.
El primero en intervenir fue Miguel Gómez Ijalba (PR), quien denunció “el baile de cifras” con respecto a las solicitudes anunciadas. Una situación en la que leyó “la intención de confundir o un profundo desconocimiento” y solicitó “mayor información y el establecimiento de un plazo de reclamaciones”.
Vicente Urquía (PSOE) realizó una profusa historia del proyecto del estacionamiento y del proceso de adjudicación de plazas, llegando a denominarlo “la gran mentira del PP”. Al igual que el PR, reprochó la “ocultación de que la empresa podía dar el 15 por ciento de las plazas”. Redundó en “las prisas que les han llevado a realizar numerosas ilegalidades” y achacó “un claro interés electoral en el proceso”. A lo ya solicitado, preguntó por las 202 plazas sin adjudicar, apuntando que “todo lo demás ya está hecho, pero aún pueden hacerse bien las cosas con estas plazas”, solicitando la apertura de un nuevo plazo para que puedan volver a solicitarse y “asegurar que todo el mundo tenga una plaza antes de que alguien pueda llegar a quedarse con dos”.
       
Justificadas modificaciones

La concejala Concepción Gamarra (PP), reprochó a los intervinientes su “constante oposición al Plan de Centro”, realizando un repaso desde su nacimiento y hasta el momento actual; así como una definición de los objetivos del proyecto, entre los que destacó “un centro para los vecinos, para las personas”. Resaltó que la propia demanda vecinal “ha provocado algunas modificaciones pensando en las necesidades de los ciudadanos, aumentando el número de plazas de aparcamiento”. En Gran Vía, concretamente, se pasa de 400 plazas para residentes a 1.388. En total (Plan de Centro), de 2.096 iniciales a 4.182.
        También aseveró la edil que “todas las informaciones facilitadas cuadran perfectamente”, explicando los diferentes informes en relación al momento en el que se encontraba la fiscalización de solicitudes. Un proceso que terminó con el sorteo del 1 de septiembre. “Un sorteo realizado ante notario”, dijo, “y en el que en el caso de haber alguna alegación se resolverá convenientemente”. Gamarra también explicó que es pronto para plantearse la fórmula de adjudicación de las plazas sobrantes, ya que “primero habrá que ver si las adjudicadas provisionalmente cumplen con el resto de los requisitos y, aún así, si definitivamente se formalizan, momento en el que conoceremos el número exacto de plazas restantes”.
       
Propuesta “innecesaria”, según el Gobierno

El debate derivó en cruce de acusaciones y propuestas. Gamarra (PP) recordó la “nefasta” gestión de los aparcamientos bajo el mandato socialista, apuntando que la principal diferencia es que “en esta ocasión, el pliego contemplaba un sorteo público entre solicitantes que cumpliesen requisitos, entre otros de empadronamiento y distancia con respecto al parking, mientras que antes la empresa adjudicaba directamente las plazas a quien quería, aunque no fuese de Logroño”. Tomás Santos (PSOE) acusó a Gamarra de “mirar demasiado hacia atrás”. En la sesión, el edil Gómez Ijalba (PR) llegó a denunciar, incluso, la adjudicación de una plaza a un anterior cargo del Gobierno de La Rioja, concretamente el ex consejero de Salud, Pedro Soto, poniendo en entredicho “el filtro” municipal.
Gamarra contestó al concejal regionalista, explicando que la primera fiscalización atiende al empadronamiento en la vivienda dentro del área de influencia, quedando por contrastar otros requisitos en el momento de la formalización, como el caso que apunta y que se hará con todas las personas sin excepción. De cualquier forma, dijo, “su único interés es la paralización de este proyecto desde que comenzó”.

Además del Pleno extraordinario, la semana pasada también se celebró la sesión correspondiente al mes de septiembre, con el debate de los siguientes aspectos de interés:
       
Uno de ellos fue la proposición del PSOE, en el que se solicitaba el inicio de resolución de las adjudicaciones de las residencias de ancianos adjudicadas en 2003, dentro del Programa de Suelo Dotacional, “dado el incumplimiento del pliego de condiciones”, con la intención de que retornasen al municipio para que éste las ofrezca a la Comunidad Autónoma con el fin de construir residencias públicas. Fue Pilar Criado la encargada de defender este texto, quien enumeró una serie de “deficiencias” que a su juicio se da en la calidad asistencial a los mayores y aludiendo a que “la política del Partido Popular es cambiar ayudas por derechos”. Fue José Musitu, el concejal responsable de Desarrollo Urbano (PP) el encargado de responder a esta proposición. Después de realizar un recorrido por el que definió “un excelente plan de parcelas dotacionales municipal”, el edil observó “grandes dificultades” en un hipotético proceso de rescate de las concesiones expuestas por el PSOE, recordando, además, “el anuncio del Gobierno de La Rioja de crear dos nuevas residencias para mayores en Logroño, iniciativa a la que va a responder el Ayuntamiento”. Fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular.
       
Creación de un grupo especial de operaciones en Policía Local
       
El alcalde, Julio Revuelta, terció en el intercambio de argumentos entre los diferentes grupos políticos, a expensas de la moción socialista en la que se solicitaba la creación de una unidad específica de operaciones especiales, incluida en el catálogo de puestos laborales del Ayuntamiento. De hecho, Vicente Urquía (PSOE) denunció la “selección a dedo” de los policías que integran esta unidad especial en la actualidad, solicitando “la creación de un concurso público y una clara definición de funciones”.
La explicación del alcalde se centró en que los agentes que en estos momentos ocupan dicha unidad se hacían cargo, hasta noviembre del año pasado, de las tareas de protección de miembros de la Corporación. Señaló, asimismo, que durante este tiempo han desarrollado “con gran éxito” acciones de seguridad ciudadana, violencia doméstica, botellón o ‘trapicheo’ de drogas en las cercanías de los colegios; “resultando muy eficaces en labores complementarias a las que habitualmente se desarrollan en Policía Local”, citando además su total disponibilidad. Y si la Unidad no se ha formalizado administrativamente, “demostrada su utilidad”, ha sido “porque no se puede asegurar que no vuelvan a hacer falta en sus anteriores funciones de protección”, por lo que seguirán prestando servicio a la ciudad “con la excelente formación que han ido adquiriendo durante su anterior etapa”.
Palabras que anticiparon la negativa del equipo de Gobierno a aprobar la moción.