El Ayuntamiento de Logroño y el Ministerio de Interior han firmado
un convenio que establece los términos y condiciones de la colaboración
entre ambas instituciones para facilitar alojamiento provisional
a las víctimas del terrorismo. El acuerdo cubre a aquellas personas
que han sufrido en sus viviendas habituales daños que imposibiliten
la continuidad de su ocupación hasta la terminación de las obras
de reparación.
Este es el caso de
los vecinos afectados por la explosión del coche bomba colocado
el pasado 10 de junio, en la calle Gran Vía de Logroño. El convenio,
de carácter ampliable, contempla un montante inicial de 10 millones
de pesetas; una partida presupuestaria que, según explicó la subsecretaria
de Ministerio del Interior, Ana María Pastor, “nos permite aprobar
el convenio de forma inmediata”, evitando los trámites que precisan
cantidades más elevadas. Pastor apuntó, no obstante, que el Ministerio
dispone de presupuesto para cubrir la totalidad de los daños.
La subsecretaria del
Ministerio de Interior indicó que la valoración realizada de los
desperfectos causados por el atentado supera los 600 millones
de pesetas y manifestó el deseo de que las obras de rehabilitación
del edificio puedan estar terminadas en el plazo de cinco meses.
La cifra de solicitudes por daños remitidas al Ministerio de Interior
asciende a 546, de las cuales 373 corresponden a viviendas, 117
a locales y 55 a vehículos. Pastor aseguró que “hemos declarado
de emergencia todas las obras que se van a realizar tras el atentado”.
Por su parte, el alcalde
de Logroño, Julio Revuelta, recordó que el Ayuntamiento ha abierto
un crédito de 25 millones de pesetas –como fondo de provision-,
para disponer de presupuesto en un primer momento e iniciar las
labores de reparación. Revuelta apuntó que “se gastará lo que
sea necesario, pero de esta forma tenemos cubierto un plazo de
nueve meses”.
A través del convenio,
el Ministerio de Interior se compromete a abonar, según el artículo
26 bis de RD 1734/1998, los gastos de hospedaje en hoteles y alquileres
de viviendas. El realojamiento se extenderá durante el tiempo
que los servicios municipales estimen razonable para la ejecución
de las obras. El cumplimiento de este compromiso por el Ministerio
se realizará al finalizar la liquidación de los gastos producidos
por un mismo atentado.
El acuerdo entre las
dos instituciones contempla también la posibilidad de nuevos atentados
–“Dios no lo quiera”, señaló Pastor-, y tiene una duración de
dos años, que pueden ser prorrogables.
La subsecretaria de
Interior y el alcalde de Logroño visitaron, tras la firma del
convenio, el edificio del número 14 de la Gran Vía.
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