El jueves de la semana pasada fue de Pleno en el Ayuntamiento de Logroño. Sobre la mesa, dos mociones. Una del Partido Riojano, en la que pedía la puesta en marcha de “todos los mecanismos administrativos, de negociación, económicos y técnicos a su alcance para llevar a cabo el compromiso consistente en buscar la forma más adecuada para mantener y proteger el edificio central de los Maristas”; y otra del PSOE, en la que se conminaba al Ayuntamiento al acuerdo de “suspender las licencias en las parcelas que tengan la calificación de uso dotacional-residencia en el Plan General Municipal”.

 El portavoz del Partido Riojano, Ángel Varea, se concentró en destacar el valor “emblemático” de un edificio “que hay que preservar del derribo”; unas palabras apoyadas por el edil regionalista en la decisión de la Comisión Regional de Patrimonio “que otorgaba interés al inmueble”. Una vez concluida su exposición, solicitó que el Ayuntamiento pusiera en marcha “todos los mecanismos técnicos, jurídicos y económicos” para proteger el edificio.

 Tomás Santos, portavoz del grupo Socialista, reprochó al equipo de Gobierno “que rechacen cualquier responsabilidad al decir que nunca se ha protegido, cuando han tenido dos legislaturas con mayoría absoluta y no lo han hecho”. Concluyó, en referencia a los concejales populares, asegurando que “están solos ante los grupos municipales, ante los vecinos, ante la Comisión de Patrimonio e incluso ante el Colegio de Arquitectos”.

 Javier García Turza (PP) fue el encargado de ofrecer el punto de vista del equipo de Gobierno; y lo hizo aseverando que “con la Ley en la mano, Maristas se puede tirar, porque no tiene protección y porque el PSOE cambió la calificación urbanística del solar en el que se ubica de dotacional a dotacional-residencial”. También aseguró García Turza que no es intención del equipo de Gobierno incluir el edificio en el catálogo de inmuebles protegidos, aunque “sí tiene gran interés en su preservación y se negociará su mantenimiento, pero sin arbitrariedades y sin actuar contra el derecho”. La moción fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular (voto de calidad del alcalde) y a favor de PR y PSOE.

Segunda moción
La segunda moción fue la presentada por el concejal socialista José Antonio Ulecia, quien solicitó el cumplimiento del Plan General, ya que según su criterio, el debate debía centrarse en “la primacía de los intereses públicos o privados; es decir, Maristas, al igual que Escolapios, Los Boscos, etc. Tienen la calificación dotacional-residencial, pero con la garantía de que se mantendrán los equipamientos en la zona centro”. El objetivo, “la suspensión de licencias para evitar casos como los de Maristas”.

Miguel Gómez Ijalba (PR) intervino anunciando su abstención al querer cerciorarse a través de un informe “de que la suspensión es viable”, apuntando diferentes alternativas al derribo, como “la permuta del solar completo, la posibilidad de hacerse con el edificio central, o bien mantenerlo con la propiedad actual”.

 Y fue José Musitu, concejal de Urbanismo (PP) quien respondió a esta moción, achacando al Partido Socialista la responsabilidad de la situación actual, refiriéndose a la “incoherencia del PSOE” en un recordatorio “de las diferentes declaraciones publicadas en los medios de comunicación con respecto a este asunto”; manifestaciones “que no hacen sino dejar claro que se quiere ocultar la realidad”. Por parte del equipo de Gobierno, aseguró que “se va a respetar la legalidad y la seguridad jurídica, siendo la moción jurídicamente inviable; algo que llevaría a la ruina a este Ayuntamiento”. La moción fue también rechazada con los votos en contra de PP y la abstención de PR.

Cementerio

Otra moción, aunque esta vez aprobada por unanimidad, fue la presentada por el Partido Socialista con respecto a la catalogación y estudio detallado histórico y artístico del cementerio de Logroño. La solución a la misma, surgida en el debate entre Domingo Dorado (PSOE) y Javier García Turza (PP), se centró en la realización primero de estudio pormenorizado que “después deberá guiar las decisiones en materia de protección”.

Al final, Tomás Santos, portavoz del PSOE; y Ángel Varea, portavoz del PR, hicieron constar su malestar ante la negativa del alcalde, Julio Revuelta, a dar la palabra en el Pleno a la Plataforma por la Abolición de la Deuda Externa. El alcalde justificó su decisión “ante la multitud de mecanismos existentes para que cualquier asociación o persona pueda participar en un Pleno, condiciones que no se han dado; nunca se ha dado la palabra para asuntos que no estén relacionados con el orden del día de la sesión”, concluyó.