El portavoz del grupo socialista,
Tomás Santos, hizo referencia al informe de uno de los arquitectos
municipales, para rechazar una actuación que, en su opinión, “sólo
es urbanismo a la carta y desmantela el Plan General”, y recordó
que la ubicación de un colegio en ese espacio altera el planeamiento
existente de viviendas unifamiliares. Santos criticó la venta
del actual colegio y su traslado a otra zona de la ciudad. Por
su parte el portavoz del PR, Ángel Varea calificó de “irresponsabilidad”
la decisión, “ya que, por ejemplo, cuando empiece a funcionar
el colegio no sabemos como estarán los accesos y las calles”.
Por su parte, el concejal de Desarrollo
Urbano, José Musitu, apuntó que “junto al informe del arquitecto
jefe existen dos informes más –uno jurídico y otro técnico–
que apoyan la actuación propuesta” y recordó al portavoz
socialista que “si hoy es posible que el colegio de los Hermanos
Maristas se venda para la construcción de viviendas es únicamente
gracias a que en 1985 el Gobierno municipal de PSOE recalificó
como residenciales los terrenos en donde se ubica el actual centro
escolar; impedir ahora su venta implicaría una indemnización multimillonaria”.
Musitu señaló que “la recalificación
realizada hace 19 años afectó también a otros colegios como Escolapios,
Los Boscos o Jesuitas”. El concejal de Desarrollo Urbano calificó
de “interés general” la construcción de un colegio e indicó
que “los Hermanos Maristas han comprado la parcela a precio
de suelo residencial y van a construir un centro escolar”.
Aparcamientos
El Pleno acogió también la presentación
de una moción del grupo municipal regionalista en la que solicitaba
al Ayuntamiento que se comprometiera a establecer en los aparcamientos
públicos tarifas basadas en el tiempo real de uso del servicio.
El concejal de Vialidad, Alberto Guillén, recordó que “aunque
existe una sentencia judicial en un caso concreto, no existe jurisprudencia
con lo cual es difícil aplicarlo en los estacionamientos que tienen
ya una empresa concesionaria”. En ese sentido, Guillén propuso
al grupo del PR una moción transacional “con la idea intentarlo”.
Tras un breve receso de la sesión, los ediles llegaron a un acuerdo
de consenso, que contó con la unanimidad de todos los grupos.
El texto definitivo dice: “El Ayuntamiento de Logroño se compromete
a negociar con las empresas concesionarias de estacionamientos
en funcionamiento en nuestra ciudad la ejecución de los procesos
necesarios para pagar el tiempo efectivo de utilización, sin garantizar
el resultado final de dicha negociación”. Además, en un segundo
punto señala: “El Ayuntamiento se compromete a establecer en
la redacción de los nuevos pliegos para los estacionamientos en
nuestra ciudad una forma de pago donde se deban recoger las diversas
fracciones de tiempo mínimas, que sean posible lllevar a cabo,
que realmente se ajusten al espíritu de pagar en tiempo efectivo
de utilización”.
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