Suelo para dos residencias de mayores
El jueves de la semana pasada fue de Pleno en el Ayuntamiento de Logroño. Una sesión en la que la unanimidad permitió la aprobación del acuerdo que respalda la apertura de dos residencias públicas para personas mayores. Un acuerdo que ofrece colaboración municipal al Gobierno de La Rioja mediante cesión de parcelas dotacionales en las zonas de la ciudad en las que se detecten mayores necesidades. Para la aprobación de dicho punto del orden del día fue necesaria la redacción de un texto a raíz de la moción transaccional presentada por la concejala de Atención a las Personas, Mariam Ferrer, a la incuida en el Pleno por el grupo socialista.

Según explicó Ferrer, en los próximos años “la ciudad tendrá ocho centros para mayores construidos en parcelas dotacionales”. Los dos respaldados en este Pleno contarán con residencia y centro de día.
       
Antenas de telefonía
También hubo debate en asuntos como la proposición del Partido Riojano solicitando “la inmediata retirada de la estación base de telefonía móvil en Pérez Galdós, 1”. Una antena “instalada ilegalmente con el beneplácito del equipo de Gobierno del PP”, dijo el edil Gómez Ijalba (PR), reproche al que siguió la enumeración de los diferentes requerimientos municipales para la retirada de la antena.

El Psoe apoyó la demanda regionalista, mientras que el equipo de Gobierno, en palabras del concejal de Desarrollo Urbano, José Musitu (PP) explicó la actuación municipal “conforme al cumplimiento estricto de la normativa vigente”. Del historial enumerado por Ijalba, Musitu añadió “una resolución que parece haber olvidado: la del acuerdo de ejecución subsidiaria de la antena”, por lo que anunció el voto negativo “con el fin de no acordar algo que ya está acordado”. Una contestación que no satisfizo a Gómez Ijalba, que recriminó al concejal popular la única intención de “ganar tiempo”. El asunto quedó rechazado con los votos en contra del PP.
       
Urbanismo
Otro asunto de interés fue la propuesta socialista para “crear, dentro de Urbanismo, una unidad específica para la persecución de comportamientos que dañen edificios importantes de la ciudad”. Defendió esta propuesta el edil Vicente Urquía, quien enumeró una serie de edificios que, a su juicio, “han sufrido acoso inmobiliario”. Unos edificios que “son adquiridos en su totalidad o en parte por mal llamados empresarios con el único objetivo de la ruina económica”. En este proceso advirtió “un cumplimiento desmotivado de las normas urbanísticas” en relación a los pasos administrativos sobre requerimientos, advertencias, sanciones y ejecuciones subsidiarias.
Ángel Varea (PR) apoyó la propuesta, señalando que “quizá la unidad no debería crearse dentro del ámbito municipal”, preguntándose “¿quién controla al controlador?”. El portavoz del equipo de Gobierno, Conrado Escobar, anunció su oposición a la proposición en referencia “a la legislación nacional y regional, que regulan las relaciones entre propietarios e inquilinos; competencia en la que poco puede decir el Pleno”. Además dijo que la pretensión socialista “no es posible legalmente, es desaconsejable desde el punto de vista organizativo y de dudosa eficacia”. Sin embargo sí defendió la actuación municipal con las obras de seguridad en edificios del Casco Antiguo, “con 75 expedientes en 2005, de los que un caso fue de ruina económica y otros seis de ruina inminente”.
       
Otros asuntos
Una moción del Partido Riojano, apoyada por el Psoe, solicitaba la regularización del circuito permanente de motocross de la Federación de Motociclismo de La Rioja. Fue rechazada por el Partido Popular en un asunto que tiene que ver con el deporte y con la normativa medioambiental. En cualquier caso, el equipo de Gobierno emplazó a la Federación a solicitar lo antes posible las licencias oportunas para agilizar los trámites en la concesión de los pertinentes permisos de actividad.
Tampoco se aprobó la proposición del PR solicitando la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del 010. El concejal de Participación Ciudadana aludió al asunto como una petición concerniente a la relación entre los trabajadores y la empresa, aunque señaló que en el nuevo pliego se emplazará a la firma que resulte adjudicataria a asumir la totalidad de la plantilla actual y valorar las mejoras en las condiciones salariales y laborales de las trabajadoras que prestan el servicio.