No es fecha habitual, pero el pasado martes fue de Pleno en el Ayuntamiento de Logroño. Una de las últimas sesiones de la presente legislatura y en la que el aroma electoral ya se dejó sentir en las intervenciones de los concejales de los diferentes grupos políticos municipales.
En la puesta en escena, numerosos vecinos tanto del barrio de La Estrella como propietarios del parking del Semillero, que quisieron protestar con su presencia ante la no inclusión en el orden del día de asuntos presentados por sendos grupos vecinales relacionadas con el tráfico o los gastos de mantenimento de las instalaciones.
Con todo, fueron temas recurrentes por los grupos de oposición (PSOE y PR), quienes aludieron constantemente a la Participación Ciudadana, como en el primer asunto de debate, centrado en el convenio de colaboración entre la Defensora del Pueblo Riojano y la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Logroño “para el impulso de los derechos y libertades ciudadanas”. Un asunto que Miguel Gómez Ijalba (PR) tildó de “innecesario ante la existencia de medios municipales suficientes” para el fin propuesto, y que posteriormente, con la intervención de Inmaculada Sáenz (PSOE) quedó en segundo plano por los constantes apercibimientos del presidente plenario, Ángel Rituerto, para que los ediles se centrasen en el enunciado del punto debatido. El Partido Riojano votó en contra de este convenio, que fue aprobado tras la intervención del concejal Popular, Ángel Sáinz Yangüela, en defensa de la Participación Ciudadana y las virtudes del acuerdo establecido, no sin antes reprochar al edil regionalista el desconocimiento de órganos como la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
Modificaciones presupuestarias
Después llegó el debate de diferentes expedientes de modificaciones de créditos y presupuestarias que al Partido Riojano, en palabras de Gómez Ijalba, “no son otra cosa que imprevisiones del Partido Popular que ahora pagamos todos los ciudadanos”. Unos procedimientos “no compartidos por el PSOE en lo referente a la práctica”, según dijo Vicente Urquía, y que a Mar San Martín le sirvió para explicar el motivo de dichas operaciones “como inversiones ya realizadas aunque no tramitadas al final de año y acometidas en el primer trimestre del siguiente; facturas de proveedores retrasadas o prórrogas en las asistencias técnicas de algunas obras para el seguimiento de una correcta ejecución de las mismas”. Una situación que, en cualquier caso, dijo, “no es negativa, ya que si existen remanentes es porque hay superávit del ejercicio anterior”. El asunto también quedó aprobado.
Proposiciones
La primera de ellas fue la presentada por el Grupo Socialista para “acordar la caducidad de la licencia de derribo existente para la conocida como ‘Casa de las tetas’ y “calificar el citado edificio de interés patrimonial, incluyéndolo en el catálogo de edificios protegidos con nivel III”. El concejal socialista, Domingo Dorado expuso este extremo y Ángel Varea (PR) reprochó la labor del Gobierno Municipal en Patrimonio y propuso una transaccional que puntualizaba el texto inicial. Ninguna de las propuestas fue aceptadas, al señalar José Musitu, concejal de Desarrollo Urbano (PP) que “no se le puede exigir al Ayuntamiento que no cumpla la Ley” y recordó “el inmediato procedimiento de suspensión de licencia de derribo por caducidad” a la empresa constructora propietaria del edificio (caducada desde 2005). Citó además la regulación pertinente con respecto a la ampliación y revisión del catálogo de edificios protegidos de la ciudad, “enmarcado dentro de la revisión del Plan General Municipal que se está realizando en la actualidad”. Una explicación que no satisfizo a los grupos de oposición y que finalizó con la negativa a la aprobación de dicha propuesta.
Tampoco se aprobó otra proposición regionalista tendente a “suspender las licencias de derribo o intervención sobre edificios susceptibles de protección hasta la finalización de la revisión del citado catálogo de edificios protegidos”.
Otros asuntos
Tampoco se aprobó una proposición del PR para “la modificación de las bases de adjudicación de vivienda protegida, en base a la selección del tipo de vivienda a la que se pueda optar; o la no penalización de las renuncias a viviendas de protección por motivos justificados”. Aspectos que según la concejala de Vivienda, Mar San Martín, están regulados y especificados en las bases de las promociones de vivienda protegida: “A nadie se le obliga a quedarse con una vivienda de una modalidad que no se ajusta a sus necesidades”; una opción protegida por normativa referente a renuncias justificadas.
Tampoco se aceptó una moción del Partido Riojano para cambiar el ascensor del aparcamiento subterráneo de Jorge Vigón, mientras que el concejal de Desarrollo Urbano, José Musitu, informó de que la comunidad de regantes del Iregua ha presentado un avance del proyecto para cubrir la acequia del parque del Iregua, también a pregunta del grupo regionalista.
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