Imagen El Ayuntamiento impulsa por primera vez una ordenanza reguladora de las Ayudas de Emergencia Social, dotándolas de un marco más sólido, estable y garantista
08.09.2026

La concejala de Política de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, junto con la jefa de la Unidad de Servicios Sociales, Cristina Estenaga, han presentado esta mañana el proyecto de Ordenanza Municipal reguladora de las Ayudas de Emergencia Social del Ayuntamiento de Logroño. Según ha indicado Sainz, “con esta nueva Ordenanza, la primera que nuestro Ayuntamiento impulsa en este ámbito, damos un importante paso adelante, dotando a estas ayudas de un marco jurídico más sólido, estable y garantista, tanto para las personas y familias beneficiarias como para el propio Consistorio”.

La concejala ha explicado que “hasta ahora, las Ayudas de Emergencia Social se regían por unas Bases Reguladoras y ahora, con la aprobación de esta Ordenanza, que les otorga un marco específico, damos un salto cualitativo en la protección social en nuestra ciudad”.

“Esta nueva norma específica garantiza que una prestación tan importante para las personas y familias vulnerables quede plenamente consolidada dentro del sistema municipal de Servicios Sociales”, ha añadido Patricia Sainz.

La edil de Servicios Sociales ha recalcado que “las Ayudas de Emergencia Social son una herramienta fundamental para proteger a las personas y familias más vulnerables de Logroño. La nueva ordenanza refuerza y actualiza este instrumento para adaptarlo a las necesidades sociales actuales de la ciudad”.

El objetivo, ha detallado, es garantizar necesidades básicas, prevenir situaciones de exclusión social y ofrecer respuestas ágiles ante circunstancias económicas sobrevenidas. “Con esta ordenanza reforzamos el compromiso municipal con la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la atención inmediata a quienes más lo necesitan”, ha afirmado Sainz.

Y ha querido hacer hincapié en que “las ayudas no son únicamente una prestación económica, sino mucho más; son una herramienta preventiva, protectora e integradora que permite a muchas personas y familias superar momentos críticos y mantener unas condiciones de vida dignas”.

Sainz ha avanzado que el proyecto de la Ordenanza recibirá luz verde por parte de la Junta de Gobierno Local mañana miércoles y se proseguirá su tramitación con el objetivo de que sea aprobada por el Pleno municipal.

Principales novedades que introduce la Ordenanza

Entre las novedades que introduce la nueva ordenanza, la concejala ha recalcado que se produce un cambio jurídico, por lo que las Ayudas de Emergencia Social “se consolidan como política pública estructural de la ciudad de Logroño”.

También se amplía la finalidad social de las ayudas. Las bases vigentes en la actualidad definen las Ayudas de Emergencia Social como ayudas económicas destinadas principalmente a paliar situaciones de urgencia. Sin embargo, la Ordenanza incorpora un enfoque más amplio destinando las ayudas a: prevención de la exclusión social; inclusión y participación comunitaria; atención integral; apoyo en la autonomía personal, y herramienta de apoyo a la intervención social continuada.

“Las ayudas dejan por tanto de concebirse únicamente como una respuesta económica de emergencia para pasar a ser definidas como una herramienta de inclusión social”, ha indicado la concejala.

Una de las novedades más destacadas es que, por primera vez en las Ayudas de Emergencia Social, se incorpora una ayuda como herramienta específica de prevención de pérdida de vivienda. Las Bases contemplaban ayudas para alquiler e hipoteca, pero la Ordenanza crea una nueva figura específica, la Ayuda Extraordinaria para el pago de alquiler o hipoteca, dirigida a personas o familias que sufran pérdida de empleo, ERTE, reducción de jornada, enfermedad, divorcio o separación, endeudamiento sobrevenido, riesgo de desahucio o ejecución hipotecaria.

Esta nueva ayuda en materia de vivienda será de hasta 550 euros al mes, con una concesión inicial de tres meses (posibilidad de ampliación a seis) y con pago directo al arrendador o entidad financiera.

La Ordenanza incorpora nuevos conceptos subvencionables que no existían de forma expresa en las bases:

a) Acceso a vivienda.

b) Necesidades sanitarias no cubiertas.

c) Bienestar animal.

Otros aspectos novedosos de la nueva Ordenanza son la actualización del importe de las ayudas económicas por distintos conceptos; la creación de una cláusula de adaptación de nuevas necesidades sociales; la simplificación administrativa; el refuerzo de la lucha contra la pobreza energética, o la protección reforzada a colectivos especialmente vulnerables (mujeres víctimas de violencia de género, familias monoparentales, víctimas de trata, personas mayores, personas con discapacidad o menores con medidas de protección)  .

Principios y estructura de la nueva Ordenanza

La Ordenanza se estructura en cinco capítulos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, así como anexos.

El capítulo I contiene las disposiciones generales relativas al objeto, concepto y régimen jurídico de la concesión de estas subvenciones, su ámbito de aplicación, finalidad, objetivos, naturaleza y características de estas ayudas.

El capítulo II recoge los requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, definición de unidad de convivencia independiente, insuficiencia y cómputo de ingresos y obligaciones de las personas beneficiarias.

El capítulo III hace referencia a la tipología de estas ayudas: clasificación, modalidades, cuantías y conceptos no subvencionables.

El capítulo IV indica el procedimiento de tramitación de subvenciones y el capítulo V establece el régimen de incompatibilidades, denegación, pérdida de derecho al cobro.

Los principios que rigen la gestión de las Ayudas de Emergencia Social son los siguientes:

1. Garantizar las necesidades básicas de la ciudadanía más vulnerable

2. Prevenir la exclusión social antes de que se agrave

3. Dar respuestas rápidas a situaciones sobrevenidas

4. Favorecer la inclusión y la autonomía personal

5. Combatir nuevas formas de vulnerabilidad

6. Asegurar una distribución justa y eficiente de los recursos públicos