El Pleno aprueba una declaración institucional por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Esta es la declaración que se ha aprobado:

“La accesibilidad universal es una condición esencial para que nuestras ciudades sean espacios de igualdad, inclusión y desarrollo humano sostenible. Una ciudad que se abre a todas las personas, eliminando barreras físicas, sensoriales, cognitivas y digitales, garantiza no solo la plena participación de quienes viven con discapacidad, sino que también fortalece la cohesión social, la justicia y la calidad de vida de toda la ciudadanía. Hacer accesibles los entornos, servicios y tecnologías es, en definitiva, asegurar que nadie quede excluido de las oportunidades educativas, culturales, laborales, sociales y políticas. Al mismo tiempo, la accesibilidad universal constituye un motor de innovación y bienestar colectivo. Sus beneficios se extienden más allá de los grupos directamente afectados, alcanzando a personas mayores, familias con niños, personas con movilidad reducida temporal y, en general, a cualquier ciudadano o ciudadana en distintos momentos de su vida. Construir ciudades pensadas desde la diversidad y para la diversidad significa apostar por comunidades más resilientes, seguras y humanas, donde la igualdad de oportunidades se convierte en un principio tangible y compartido. Con el impulso de la FEMP, la Fundación ACS y el CERMI, se presenta la siguiente declaración:

I. Principio fundamental La accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos urbanos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos y dispositivos para que todas las personas puedan utilizarlos y comprenderlos de la manera más segura, cómoda y autónoma posible. Sin accesibilidad no hay igualdad, ni plena ciudadanía, ni ejercicio efectivo de los derechos humanos.

 II. Derechos y obligaciones Recordamos que la accesibilidad es un derecho reconocido en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en leyes estatales, autonómicas y disposiciones locales. Es una obligación para los Estados y administraciones públicas. Su garantía es indispensable para la vida independiente, la participación plena en la sociedad y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, así como para el bienestar de todas las personas, incluidas las personas mayores, la infancia o quienes enfrentan situaciones transitorias de movilidad reducida.

III. Diseño universal. El diseño universal o diseño para todas las personas debe guiar la creación de entornos urbanos, productos y servicios, evitando la necesidad de adaptaciones posteriores. Cuando todo lo que nos rodea es accesible desde el origen, aseguramos que todas las personas disfruten de sus derechos y participen en igualdad de condiciones en la vida social, cultural, económica y política de nuestras sociedades.

IV. Autonomía personal. La verdadera calidad de vida pasa por asegurar la autonomía personal. Solamente, si se consigue un mayor grado de la segunda, las personas con discapacidad podrán aspirar a la primera. Es responsabilidad de todas las Administraciones Públicas conseguir que esto sea así, empezando por el acceso a los servicios públicos, que deberán serlo para toda la ciudadanía, independientemente de sus condiciones personales, tengan o no discapacidad.

V. Ciudades como motor del cambio. Las ciudades y municipios tienen un papel central en la transformación hacia entornos inclusivos. Para ello deben garantizar la accesibilidad en el entorno urbano y construido: calles, plazas, edificios públicos, vivienda, espacios verdes, señalización y parques infantiles.

Asegurar un transporte público y movilidad urbana sostenibles, inclusivos y accesibles.

Promover la accesibilidad digital y comunicacional, garantizando webs, aplicaciones, información y sistemas de orientación comprensibles para todas las personas, aunque esto no significa desatender la atención personal. Incorporar la participación activa de las personas con discapacidad en la planificación, el diseño, la supervisión y la evaluación de políticas públicas.

Adoptar normas y estándares comunes alineados con la legislación nacional y europea. Impulsar la educación, sensibilización y formación en accesibilidad de profesionales, responsables públicos y ciudadanía. Fomentar la innovación tecnológica inclusiva que ofrezca soluciones universalmente accesibles desde el inicio.

VI. Compromiso. Conscientes de que una ciudad accesible es una ciudad más justa, democrática y habitable, nos comprometemos a:

1.- Hacer de la accesibilidad universal un criterio transversal de las políticas públicas locales.

2.-Asegurar recursos y financiación para garantizar avances reales y medibles.

3.-Incorporar la perspectiva de género, ciclo vital y diversidad en todas las acciones de accesibilidad.

4.-Promover la cooperación entre ciudades, el intercambio de buenas prácticas y la participación en redes europeas e internacionales.

5. Establecer mecanismos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas que midan el impacto de las políticas de accesibilidad”.