El Pleno aprueba una declaración institucional por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

El texto ha sido aprobado con los votos favorables de la concejala no adscrita, Eva Loza, y de los grupos municipales Popular, Socialista, Mixto-Podemos-IU y Mixto PR+.

“El 25 de noviembre es un día que nos atraviesa como sociedad, con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Una fecha de memoria, de denuncia y de compromiso. Una jornada para recordar a todas las mujeres asesinadas a manos de la violencia machista, para acompañar a las supervivientes y a sus familias. Y un día de determinación colectiva para renovar el compromiso de nuestro país con una vida libre de violencia para todas las mujeres y niñas.

Recordamos que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno minoritario: entre enero y junio de 2025 se contabilizaron 15 feminicidios fuera de la pareja o expareja, un 66 % más que un año antes, y en el mismo periodo se registraron una media de 524 mujeres víctimas y 570 denuncias diarias de violencia de género. Cada día se denuncian 14 violaciones (una cada hora y cuarenta minutos) y 43 agresiones sexuales. Sin embargo, apenas se denuncia el 11 % de la violencia sexual en España. Más de medio centenar de mujeres son asesinadas por sus parejas o exparejas cada año y casi 500 niñas y niños han quedado huérfanos desde 2013. Estas cifras muestran que estamos ante una emergencia democrática y no ante un debate ideológico. Negar la violencia machista mata.

La Violencia de Género es la expresión más extrema de una desigualdad histórica. Es una violación de derechos humanos, un ataque directo a los valores democráticos y a la dignidad de las mujeres, por el mero hecho de serlo. Se trata de una violencia estructural dirigida hacia las mujeres por el mero hecho de serlo. No es un fenómeno aislado. Es un problema de Estado y combatirlo no es solo una responsabilidad política, sino un imperativo ético.

Con motivo de la conmemoración de este día, tenemos el deber político y social de mostrar el rechazo firme hacia todas y cada una de las formas de violencia machista que tiñen de luto nuestra sociedad. En especial las que, de una manera más cruda, golpean la vida de mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, como son las de aquellas que viven en pequeñas poblaciones, las mujeres del mundo rural. Un ámbito que plantea más dificultades de detección y abordaje de este tipo de violencia por tratarse de entornos que cuentan con menos recursos públicos de proximidad y en los que hay mayor presión social.

La violencia contra las mujeres reviste igualmente una especial gravedad cuando se trata de mujeres migrantes y mujeres con discapacidad. Las situaciones que sufren a diario las inmigrantes dificultan su acceso en los servicios de protección y hacen que su vulnerabilidad se extreme.

 También las mujeres con discapacidad se enfrentan a obstáculos, tanto físicos como sociales, que hacen más complicado solicitar ayuda, formalizar denuncias y acceder a los servicios de protección y de asistencia. Se trata de situaciones reales que exigen de nosotros, los gestores públicos, reflexión y acción inmediata para poner a disposición de estas mujeres nuevos recursos de intervención especializada, y, también, ofrecerles un refuerzo de los existentes, haciéndolos más accesibles, con el objetivo último de que ninguna mujer quede desprotegida en ningún supuesto.

Este año conmemoramos además un gran hito, la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios. Este nuevo acuerdo amplía el número de medidas de 290 a 462, incorporando nuevas formas de violencia como la violencia económica, la violencia digital o la violencia vicaria, con una dotación presupuestaria reforzada de 1.500 millones de euros para los próximos cinco años.

En coherencia con ese Pacto de Estado aprobado, el pasado mes de septiembre el Consejo de ministros aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que por primera vez en Europa tipifica esta forma de violencia como delito autónomo en el Código Penal.

La violencia vicaria es la forma más cruel de violencia machista. Ataca a las mujeres donde más duele, a través de sus hijas e hijos. Es una violencia extrema que el Estado tiene el deber de prevenir, de sancionar y de reparar. En la actualidad más de 1400 menores están en riesgo según Viogén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género). Legislar sobre este tipo de violencia era un clamor social y lo que buscamos es visibilizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar esta forma de violencia. Con ello, España se vuelve a situar a la vanguardia en políticas de defensa de los derechos elementales de las mujeres.

Consideramos que es de vital importancia continuar trabajando para que de forma urgente se apruebe la ley de violencia vicaria, para seguir reforzando la atención integral a las víctimas, para aumentar la formación especializada de todos los profesionales implicados, y en definitiva, para que el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género se cumpla y se implemente de forma efectiva.

El avance logrado en España contra la violencia machista se está rompiendo por el negacionismo, que cuestiona un consenso social construido durante años y ya provoca retrocesos. En varias ciudades se han eliminado concejalías de Igualdad, se han suprimido minutos de silencio, puntos violetas e incluso obras feministas. Estos gestos debilitan las políticas públicas, dejan a las víctimas más expuestas y normalizan la violencia.

Negar esta realidad perpetúa el ciclo de agresión y busca dejar a las mujeres desprotegidas. Por eso es imprescindible sostener el Pacto de Estado, cumplir el Convenio de Estambul y garantizar áreas de Igualdad con recursos suficientes. Cambiar “violencia machista” por “violencia intrafamiliar” forma parte de un proyecto reaccionario que intenta borrar las desigualdades estructurales y devolver a las mujeres a roles tradicionales.

Hoy, como cada 25 de noviembre, nos sumamos a la llamada global impulsada por Naciones Unidas y reafirmamos nuestro compromiso con la prevención, atención y reparación de la violencia machista. No daremos ni un paso atrás en esta lucha. Porque es posible —y es nuestra responsabilidad— acabar con la violencia contra las mujeres. Y, además, instamos a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para que se unan a esta causa.

El Ayuntamiento pleno acuerda:

1. Ratificar el compromiso del Ayuntamiento de Logroño con la lucha contra la violencia de género en todas sus expresiones.
2. Apoyar las iniciativas de sensibilización y educación en igualdad y prevención de la violencia poniendo una atención especial, con enfoque multidisciplinar, en la infancia, adolescencia y juventud.
3. Su compromiso para implementar, dentro de nuestras competencias, todas las acciones contempladas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, renovado este año 2025
4. Colaborar con el tejido asociativo que trabaja por la igualdad y la lucha contra la violencia de género.
5. Reafirmar el compromiso de esta institución con la existencia de concejalías de Igualdad con competencias plenas, y condenar los discursos negacionistas que promueven su supresión.
6. El Ayuntamiento de Logroño se compromete a avanzar en el cumplimiento del acuerdo plenario adoptado en noviembre de 2023. Se creará para ello un grupo de trabajo que incluirá a los grupos políticos y a entidades especializadas; además de garantizar la financiación suficiente en el año 2026 de los programas desarrollados en Logroño para atender a las víctimas del sistema prostituyente”.