Pérdida de poder adquisitivo

Debido a las consecuencias de la crisis de 2008 y los recortes y reformas laborales sucesivos, la ciudadanía española ha sufrido en la última década una pérdida de poder adquisitivo continuada. Cuando todos los indicadores apuntaban a una paulatina recuperación económica y de la capacidad de adquisición, la pandemia de la COVID-19 supuso un varapalo a esta recuperación, y las tensiones geopolíticas y climáticas contribuyeron a un aumento exponencial del precio de la energía.

Ahora, cuando estamos en pleno proceso de recuperación de la pandemia, la invasión de Rusia sobre Ucrania pone de nuevo en jaque la economía global. Queda claro que la inestabilidad es símbolo de nuestros tiempos, por lo que las decisiones políticas han de tomarse en este contexto: han de ser estratégicas, y plantar bases sólidas para la protección económica de la ciudadanía. Entre ellas está el aumento de la presencia de las energías renovables en nuestra sociedad. No solo por su carácter limpio y beneficioso en la lucha contra el cambio climático, sino también por la reducción de la dependencia ante energías como el gas, que son, al fin y al cabo, las culpables de aumentar el precio de la energía y reducir el poder adquisitivo de la ciudadanía española.

La implantación de las energías renovables va a ser clave para nuestro futuro climático, pero también para el económico. También será necesario controlar la inflación y los precios. Esto va a exigir una nueva política de rentas acordada entre los diferentes actores políticos, económicos y sociales. Esta política de rentas debe tener una orientación clara: ahora les toca aportar a los que más tienen. La contención no debe ser salarial, sino de beneficio empresarial.