Mociones

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA INSTAR AL
GOBIERNO DE ESPAÑA A REVERTIR LAS OBLIGACIONES DE REGISTRO E
INFORMACIÓN EN EL EJERCICIO DE HOSPEDAJE O ALQUILER DE VEHÍCULOS DE
MOTOR.

El Ayuntamiento Pleno, teniendo en cuenta:
1. La Moción presentada por el Grupo Municipal Popular, con fecha 7 de enero de 2025 para
instar al Gobierno de España a revertir las obligaciones de Registro documental e
información de las personas físicas o jurídicas que ejerzan hospedaje o alquilen vehículos
de motor.
2. La enmienda presentada por el Grupo Municipal Vox, con fecha 14 de enero de 2025.
Dicha enmienda no ha sido aceptada por el grupo proponente.
3. Las Juntas de Portavoces celebradas con fechas 9 y 16 de enero de 2024.

Adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la siguiente Moción presentada por el Grupo Municipal Popular:
MOCION PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A revertir las obligaciones de
registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejerzan
hospedaje o alquilen vehículos de motor.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
España recibió el pasado año 2023 más de 85 millones de turistas internacionales, lo cual
representó un 18,7% más sobre el ejercicio turístico de 2022 y un 1,9% por encima del
año prepandemia 2019. En el caso de Logroño, 12.279 visitantes extranjeros y hasta
53.484 nacionales. Según las últimas cifras publicadas por parte del INE, en los 10
primeros meses de 2024 el número de turistas que visitaron España aumentó un 10,8%,
rozando los 82,9 millones de visitantes extranjeros, previéndose para el conjunto del año
2024 una cifra final de llegadas de alrededor de 95 millones de visitantes extranjeros
hacia nuestro país. Al propio tiempo, durante los 10 primeros meses de 2024, el gasto
total de los turistas internacionales aumentó un 16,8% sobre 2023 y alcanzó los 110.984
millones de euros y las últimas estimaciones calculan una facturación superior a los
200.000 millones de euros para el cierre del año turístico 2024, que podría elevar la
aportación de la actividad turística al PIB español en más de un 13% directo más el 8%
indirecto, verdadero hito en la serie histórica en el supuesto de confirmarse tales
previsiones.
Para proyectarnos como ciudad, tanto nacional como internacionalmente, es fundamental
facilitar y simplificar la experiencia de visita de aquellos que quieren conocer todo lo que
nuestra ciudad tiene para ofrecer.
De otro lado, y volviendo al contexto nacional afectado por esta medida, el sector turístico
en nuestro país da empleo a alrededor de 3 millones de personas sólo en puestos de
trabajo directos vinculados a las diferentes ramas turísticas. A partir de datos publicados
por Turespaña, el empleo turístico del tercer trimestre de 2024 superó por primera vez los
3 millones de ocupados en el sector (exactamente 3.019.064), lo que ha supuesto un
2,3% respecto al mismo periodo de 2023.
En este escenario y partiendo de los indicadores anteriores, no cabe la menor duda de
que una vez dejados atrás los efectos de la pandemia, España ha vuelto a confirmarse
como una superpotencia turística mundial, el segundo país más visitado de todo el
mundo, por detrás de Francia (100 millones). En este sentido, para el año 2040 los
analistas anticipan que España sería el país receptor con mayor número de turistas del
mundo con 110 millones de visitas, superando a Francia (105 millones) y por delante
también de Estados Unidos (100 millones).
En medio de esta coyuntura y sobre la base de la destacada e insustituible participación e
importancia de la actividad turística dentro del modelo productivo español y del mercado
laboral, ante los serios riesgos de poner en peligro la favorable evolución del turismo hay
que señalar que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado miércoles 23
de octubre en su práctica totalidad una Proposición no de Ley a iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular, recabando igualmente el apoyo de otras formaciones políticas,
relativa a la revisión y readecuación de la normativa derivada del Real Decreto 933/2021,
de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e
información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y
alquiler de vehículos a motor, mediante un proceso de diálogo y consenso previo con el
sector turístico español, instando entre otras medidas al Gobierno presidido por Pedro
Sánchez a prolongar la suspensión de la aplicación del mencionado Real Decreto, hasta
tanto en cuanto se articulase algún mecanismo con los operadores afectados que sirviese
para redefinir y consensuar el alcance de las obligaciones impuestas unilateralmente a
los empresarios turísticos por parte del Ejecutivo central socialista.
Esta Moción fue ratificada por el Senado en el Pleno celebrado el pasado 20 de
noviembre, aprobaba también a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, instando al
Gobierno a prolongar la suspensión de la aplicación de este Real Decreto para elaborar
un nuevo desarrollo normativo consensuado con los actores afectados por el mismo, y a
la adopción de diversas medidas para mejorar la capacidad competitiva del sector
turístico.
A pesar del rechazo tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, el Gobierno
de Pedro Sánchez ha ignorado por completo ambos pronunciamientos, descartando ni
siquiera considerar un nuevo periodo de prórroga para la entrada en vigor de esta
compleja e inasumible normativa (incluyendo la recopilación y el reporte de información
de más de 30 datos para reservas de alojamiento y alrededor de 60 para las
correspondientes a alquiler de vehículos), que lastra de lleno la operativa diaria de miles y
miles de pequeñas empresas de la cadena de valor turística, poniendo en riesgo con ello
el funcionamiento de los flujos turísticos, a la par que generando serios interrogantes de
índole jurídica en materia de protección de derechos y privacidad de turistas y usuarios,
tanto de carácter doméstico como internacionales.
Cabe recordar a este respecto que por última vez el pasado viernes 4 de octubre el
Ministerio del Interior que dirige su titular Fernando GrandeMarlaska
sostenía una
reunión de trabajo improductiva con representantes de los sujetos obligados, resultado de
la misma no se lograron avances ni arrancaron compromisos desde el Gobierno a la hora
de clarificar por fin las condiciones de aplicación de una normativa que desde su misma
aprobación en el año 2021 lleva suscitando controversia social, unido a un enorme
malestar entre los gremios profesionales afectados que no han dejado de expresar a lo
largo de todo este periodo su profunda inquietud y preocupación, considerando para
empezar la imposibilidad operativa en términos de su implantación práctica y contando
desde un inicio con el imprescindible apoyo y soporte de organizaciones tan
representativas como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE) o la Mesa del Turismo.
A este respecto, hay que traer a colación aquí que el primer día de aplicación obligatoria
de la nueva normativa el pasado 2 de diciembre, tal como venían advirtiendo desde hace
tiempo nuestros profesionales turísticos de los diferentes subsectores, la plataforma
digital SES.Hospedajes habilitada por parte del Ministerio del Interior continuaba
presentando múltiples deficiencias técnicas sin subsanar, entorpeciendo aún más la
realidad operativa diaria de los negocios turísticos de nuestros destinos y acrecentando
por tanto la incertidumbre empresarial.
En este punto, convendría dejar constancia de la posición mantenida por los máximos
responsables de la Política Turística del Estado con el Ministro Jordi Hereu y la Secretaria
de Estado de Turismo a la cabeza, que no han sabido hacer prevalecer o directamente se
han desentendido de una problemática de enorme calado y repercusiones sobre los
intereses de la segunda potencia turística mundial, que a partir de ahora se sitúa en clara
desventaja competitiva frente a otras potencias receptoras de turistas y lastrando por
consiguiente la cuenta de resultados de un tejido productivo turístico de muy reducida
estructura y medios.
Así las cosas y a partir de la fecha señalada anteriormente, de manera unánime tanto la
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), como la
Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), ACAVE (Asociación Corporativa
de Agencias de Viajes Especializadas), UNAV (Unión Empresarial de Agencias de Viajes)
y FETAVE (Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes
Españolas) o igualmente la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos
con y sin conductor (FENEVAL) han continuado alertando y haciendo llamamientos a la
opinión pública, constatados sus intentos infructuosos a la hora de atraer un mínimo nivel
de compresión o racionalidad por parte del Gobierno de España, que con el máximo
responsable de Interior al frente, GrandeMarlaska
ha persistido en su firme propósito de
no atender ni estudiar mínimamente los reiterados planteamientos de un sector turístico
que le ha venido demandando activar una nueva moratoria que resultase provechosa
para clarificar un nuevo escenario de trabajo imposible de asumir desde el punto de vista
operativo, ya sin entrar a valorar los riesgos en materia de incumplimientos de normativas
comunitarias que genera la aplicación del Real Decreto 933/2021, tal como se encuentra
configurado a día de hoy.
Por última vez, el pasado 26 de noviembre la patronal hotelera emitía un último
comunicado anunciando la interposición de acciones legales ante la entrada en vigor del
Real Decreto sobre el nuevo Registro de Viajeros y la falta de respuestas del Gobierno,
motivado por el impacto negativo que esta normativa supondrá para el sector hotelero y
los propios viajeros, sin dejar de denunciar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha
ignorado totalmente todas la peticiones de diálogo y aclaración, tanto de CEHAT como de
diversas asociaciones turísticas internacionales (HOTREC, ECTAA, etc.), las cuales han
respaldado desde un inicio en sus reivindicaciones a las organizaciones sectoriales
españolas por entender que “esta regulación no tiene precedentes en otros países de la
Unión Europea”, dirigiéndose por escrito al Ejecutivo español de manera reiterada sin
obtener respuestas. De hecho, con motivo de la entrada en vigor de la normativa, las
reacciones de diversos medios de comunicación internacionales de nuestro primer
mercado emisor de turistas y de gasto (18,3% del total) con un desembolso acumulado
superior a los 20.300 millones de euros en los diez primeros meses de 2024, Reino
Unido,
no se han hecho esperar haciéndose eco, despertando un enorme rechazo y
llamando incluso a su obstrucción, dañando como resultado la imagen y percepción de la
marca turística España.
También la patronal de alquiler de vehículos FENEVAL, en el marco de su convención
anual celebrada a finales de octubre pasado confirmaba la imposibilidad de la mayoría de
pymes para hacer frente a la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, “al no
encontrarse lo suficientemente desarrolladas a nivel administrativo y tecnológico para
cumplir con las exigencias” y calificando asimismo de “dispendio económico” la inversión
tecnológica y económica que este proceso requería.
Del mismo modo, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha dado a
conocer el pasado 2 de diciembre una carta abierta enviada a los Ministros de Interior e
Industria y Turismo respectivamente, coincidiendo con la fecha de entrada en vigor del
Real Decreto de referencia, en la cual plantean que “El fin del periodo transitorio para la
aplicación de lo dispuesto en el RD 933/2021 enfrenta al sector de las agencias de viajes
a una situación nunca antes vivida; ha quedado demostrado, por parte del Gobierno del
que forman parte, un flagrante desconocimiento y un manifiesto desinterés por paliarlo”,
dejando asimismo constancia en la misiva del “grave perjuicio que la obligación va a
suponer para un sector, el de las agencias de viajes y operadores turísticos, compuesto
en su mayoría por pymes y micropymes, muchas de ellas sin capacidad de adaptación
tecnológica y que tampoco pueden asumir el alto coste operativo y administrativo que
tendría el cumplimiento de la norma”.
En términos parecidos, FETAVE, ACAVe y UNAV han continuado denunciando a lo largo
de este último mes “la falta de respuesta del Gobierno de Sánchez que desoye el
mandato de la mayoría del Congreso de los Diputados”, y manifiestan que “la puesta en
marcha del Real Decreto en cuestión supondrá una vulneración de la protección de datos
personales y que la Orden Ministerial pendiente no lo corregirá.”
En este punto, cabe recordar aquí que el artículo 25 relativo a las obligaciones de registro
documental de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana, de la cual emana este Real Decreto, no menciona ni a las agencias de viajes
ni a los operadores turísticos como posibles sujetos obligados a la comunicación y
registro de datos en favor de la seguridad ciudadana. También las organizaciones
representativas sectoriales de las agencias de viajes han dado a conocer públicamente a
lo largo de las últimas fechas su predisposición a emprender acciones legales, tras haber
elevado ya este asunto tanto al estudio de la Comisión Europea donde se halla un
expediente abierto, como a la Agencia Española de Protección de Datos, que aún no se
han pronunciado.
Por todo ello, dado en primer lugar el profundo desconocimiento del funcionamiento de la
actividad turística por parte de los autores responsables del contenido y alcance del Real
Decreto 933/2021, así como añadido a lo anterior, la falta de atención, flexibilidad y
racionalidad demostradas por el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez para con el
primer sector productivo contribuyente al PIB español, considerando además los graves
riesgos en que se podría estar incurriendo en materia de colisión con normativas de
protección de datos personales de carácter extremadamente sensible, el Grupo Municipal
del Partido Popular presenta la siguiente

MOCIÓN
PRIMERO.

l El Ayuntamiento de Logroño insta al Gobierno de España a la adopción de
las siguientes medidas:
1. Derogar el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se
establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas
físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a
motor, habida cuenta del impacto extremadamente negativo que su implementación
ocasiona a la realidad operativa y funcional de las empresas turísticas, así como en
materia de afectación a los derechos fundamentales de viajeros y consumidores
nacionales e internacionales relacionados con la vulneración de normativas
nacionales y europeas de protección de datos y privacidad, procediendo
urgentemente a establecer un canal de interlocución fluido y constructivo con
nuestros operadores hoteleros, de agencias de viajes y de alquiler de vehículos
afectados.
2. Tras alcanzar una solución consensuada y satisfactoria con los operadores
afectados, dictar las normas precisas de desarrollo sobre las obligaciones de
registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen
actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, facilitando en todo caso la
aplicación de un marco proporcionado y equilibrado de obligaciones, al propio
tiempo que aportando plenas garantías de seguridad jurídica a todos los actores de
la cadena de valor turística obligados a su cumplimiento.
3. Descartar absolutamente en lo sucesivo cualquier medida o acción
gubernamental lesiva, generadora de duplicidades o de carácter ineficiente o
también de inviable aplicación como en el presente caso, que pueda dañar la
actividad turística y atentar contra la intimidad y seguridad de turistas y clientes,
traduciéndose a continuación en la práctica en una pérdida de las cotas de
competitividad turística mundial de nuestros destinos, así como desembocando en
una situación de indefensión para operadores turísticos, viajeros internacionales y
consumidores domésticos.
SEGUNDO.Dar
traslado de estos acuerdos a Presidencia del Gobierno, al Ministerio de
Interior, al Ministerio de Industria y Turismo y al Ministerio de Política Territorial y Memoria
Democrática, a los Portavoces parlamentarios del Parlamento de La Rioja, así como a la
presidencia de la FEMP.
 

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN DEFENSA DE UN
SISTEMA DE FINANCIACIÓN JUSTO Y SOLIDARIO ENTRE LAS COMUNIDADES Y
CIUDADES AUTÓNOMAS.

El Ayuntamiento Pleno, teniendo en cuenta:
1. La Moción presentada por el Grupo Municipal Popular, con fecha 30 de septiembre de
2024, en defensa de un sistema de financiación justo y solidario entre las Comunidades y
Ciudades Autónomas.
2. Las enmiendas presentadas por los Grupos Municipales Mixto PR*/EV y Vox, con fecha 8
de octubre de 2024. Dichas enmiendas no han sido aceptadas por el Grupo proponente.
3. Las Juntas de Portavoces celebradas con fecha 3 y 10 de octubre de 2024.

Adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la siguiente moción, presentada por el Grupo Municipal Popular:

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 73 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno, presenta al Pleno del Ayuntamiento
la siguiente MOCIÓN EN DEFENSA DE UN SISTEMA DE FINANCIACIÓN JUSTO Y SOLIDARIO
ENTRE LAS COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
España y su modelo territorial se encuentran en una encrucijada crítica. El Gobierno ha
instaurado una forma de hacer política que ha desplazado el interés general y el bien común,
centrando su atención únicamente en las ambiciones políticas personales del actual presidente.
Como consecuencia de ello, los españoles padecemos decisiones políticas arbitrarias que
dañan nuestro Estado de Derecho y nuestro Estado de Bienestar.
La colección de cesiones ya asumidas por el presidente del Gobierno para asegurar su
continuidad en la Moncloa ha provocado un deterioro sin precedentes de la salud de nuestro
Estado de Derecho. Hoy, a todas ellas se suman las pactadas entre el PSOE y ERC para
asegurarse una investidura en Cataluña y una prórroga de la investidura nacional pactada hace
menos de un año. Entre ellas, el peaje separatista que supondría la quiebra del derecho que
tenemos todos los españoles a acceder en las mismas condiciones a servicios públicos
como la Sanidad, la Educación o la Dependencia, así como una ruptura del sistema de la
financiación autonómica sin diálogo, consenso, no ningún estudio técnico que lo avale.
A la colonización y degradación de las instituciones, se suma el control de los recursos de todos a
conveniencia de sus necesidades personales. Con ello, se consuma la quiebra de uno de los
valores democráticos más esenciales que protege nuestra Constitución: la igualdad. Desde el
punto de vista territorial, por cuanto se desequilibra el sistema en la prestación de servicios
públicos, y también desde el punto de vista social, pues lo mayores perjudicados serán los
ciudadanos que más necesitan esos servicios.
El Estado es responsable de la gestión adecuada de los recursos públicos, así como de su
redistribución para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los españoles al margen de
su situación económica. Si el Gobierno renuncia a todos a los impuestos en una comunidad
autónoma, renuncia también a una fuente de ingresos para reducir desigualdades y permite
que una parte de los ciudadanos deje de contribuir en igualdad de condiciones a sostener
servicios públicos del Estado, incluidos los que ayudan a redistribuir la renta personal.
Esta ruptura de los principios de equidad y solidaridad cuenta con la permisividad del Partido
Socialista y, como representantes públicos, no debemos renunciar a defender la igualdad de
todos los españoles. Un Gobierno no puede disponer de los derechos de los españoles a su
antojo ni convertir a nuestro país en un mosaico de intereses contrapuestos donde nuestra
diversidad y nuestra organización territorial se usen para enfrentar a ciudadanos libres e iguales
en derechos.
Los problemas institucionales, sociales y económicos que esta decisión genera van más allá de la
situación actual y del legítimo debate sobre los modelos de financiación. Es un grave error político
y moral dinamitar nuestro modelo de convivencia y replantear por completo el sistema de
financiación autonómica —tema que el Gobierno ha ignorado durante años, junto con la revisión
de la financiación local— únicamente por asegurar una investidura.
No debemos aceptar la adopción del lenguaje independentista que equipara a Cataluña con los
partidos separatistas. Esta visión no solo distorsiona la realidad, sino que tampoco esta propuesta
beneficiaría a los propios ciudadanos catalanes. El objetivo final del independentismo es hacerse
con el control financiero, la llamada "llave de la caja", para seguir impulsando el desafío del
procés mediante nuevos mecanismos, lo que no haría más que profundizar en la decadencia
política y social que afecta a la región.
Así lo han declarado los únicos verdaderos agraciados del acuerdo, los políticos separatistas,
para los que la independencia fiscal es el paso previo a culminar la declaración de independencia
total que iniciaron en 2017. Ellos, habiendo constatado que es imposible lograr la independencia
sacando a Cataluña del Estado, ahora pretenden obtenerla sacando al Estado de Cataluña, una
tarea en la que han encontrado como aliado al actual presidente del Gobierno.
Lo inaudito es que el PSOE haya decidido no solo colaborar con este propósito, sino erigirse en
su máximo artífice y defensor, desprotegiendo a la Nación de forma tan irresponsable cuando las
fuerzas independentistas reconocen abiertamente que el fin último de los recursos económicos
adicionales que pretenden agenciarse a costa de los demás no es fortalecer el bienestar de nadie,
sino una estructura administrativa que les permita repetir el golpe de 2017 con mayores garantías.
No se trata de una mejor financiación de los servicios públicos, ni tan siquiera en una 3
Comunidad Autónoma. Se trata de financiar, con los recursos de todos, un propósito ideológico
excluyente.
Pero, por encima de todo, esta concesión dinamita el sistema de derechos y deberes que nos
dimos en la Constitución de 1978 y sobre el que hemos cimentado un Estado social y democrático
de derecho, así como una sociedad basada en la igualdad y solidaridad en términos económicos,
sociales y de convivencia. La única forma de garantizar el privilegio fiscal al independentismo es
perjudicando al conjunto de españoles, singularmente a aquellos que más necesitan de las
políticas públicas como elemento de cohesión e igualdad social. Esto constituye una flagrante
ruptura de la solidaridad.
Además, en el plano más municipalista de la cuestión, y sin olvidar la capitalidad que ostenta
Logroño en La Rioja, esta medida no hará más que agravar la histórica deuda que mantiene el
Estado con nuestra comunidad. Mientras se pactan beneficios contrarios al principio de igualdad
con Cataluña, los logroñeses y riojanos seguimos padeciendo una insularidad única en todo el
territorio español a nivel de comunicaciones.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño presenta la
siguiente
MOCIÓN
Instar al Gobierno de España a:
1. Defender la igualdad y la solidaridad como principios irrenunciables del ordenamiento
constitucional y del Estado autonómico en la toma de decisiones.
2. Paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo y exigir
garantías de que ninguna comunidad del actual sistema de régimen común sale del mismo ni se
fragmente la Agencia Tributaria.
3. Convocar de manera urgente la Conferencia de Presidentes Autonómicos, con el objetivo de
recuperar las mínimas bases del consenso y abordar conjuntamente, y desde la multilateralidad,
la renovación del actual sistema de financiación autonómico. Este modelo debe ser acordado en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que la AIReF participe del análisis de la
propuesta del Gobierno.
4. Garantizar que la multilateralidad y transparencia sean los principios sobre los que se
fundamentará el proceso de estudio, trabajo y aprobación del nuevo sistema de financiación
autonómica; abandonando la bilateralidad con las CCAA.
5. Convocar de manera urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional
de Administración Local (CNAL) para promover una reforma del sistema de financiación local
conjuntamente con la financiación autonómica. En ambos casos, se debe atender a todas las
variables existentes en cada territorio que garanticen la suficiencia financiera autonómica y la
prestación de servicios en igualdad de condiciones.
6. Basar la reforma del sistema de financiación en el análisis de datos, trabajando en la
cuantificación del futuro gasto en sanidad y políticas sociales derivados del envejecimiento que
según los estudios oficiales se va a producir en nuestro país en los próximos años, y en el
incremento exponencial del coste de los servicios públicos.
7. Respeto a la autonomía fiscal de las CC.AA. y a todas las competencias autonómicas y locales
recogidas en la Constitución y en los diferentes estatutos de autonomía.
8. Ampliar el montante económico total del sistema de financiación autonómica y, en paralelo a la
reforma del mismo, crear un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen todas
las CC.AA. y ciudades autónomas.
9. Garantizar la gobernanza de los Fondos Next Generation y futuras inyecciones económicas de
la UE.
10. Facilitar a las CC.AA. disponer de los 18.000 millones de euros de fondos europeos Next
Generation que el Gobierno no ha ejecutado, con el fin de evitar la devolución de los mismos a la
UE.
11. Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia Primera y
Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a los
portavoces parlamentarios en el Congreso de los Diputados y el Senado y a la Junta de Gobierno
de la F.E.M.P.

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA INSTAR AL
GOBIERNO DE ESPAÑA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS
ADQUIRIDAS CON LAS ENTIDADES LOCALES.

El Ayuntamiento Pleno, teniendo en cuenta:
1. La moción presentada por el Grupo Municipal Popular con fecha 2 de abril de 2024 para
instar al Gobierno de España a cumplir con las obligaciones presupuestarias adquiridas
con las entidades locales.
2. Las Juntas de Portavoces celebradas con fecha 4 y 11 de abril de 2024.
Adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la siguiente moción, presentada por el Grupo Popular, para instar al Gobierno de España
a cumplir con las obligaciones presupuestarias adquiridas con las entidades locales.
MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La inestabilidad del Gobierno de España y su incapacidad sacar adelante una Ley de
Presupuestos Generales del Estado tiene consecuencias directas en las arcas de las entidades
locales. La prórroga de los Presupuestos del año 2023 pone por tanto en riesgo el equilibrio
presupuestario del Ayuntamiento de Logroño.
Al amparo de lo recogido en el artículo 134.1 de la Constitución Española es responsabilidad del
Gobierno de España la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.
El 25 de enero del presente año, con los Presupuestos del ejercicio 2023 ya prorrogados, la
vicepresidenta primera y ministra de Hacienda declaró, mediante comparecencia en el Congreso
de los Diputados, que “la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2024 es la
principal prioridad para dar estabilidad económica, reforzar las políticas públicas y avanzar en la
justicia social y fiscal”.
En un nuevo menosprecio a otro mandato constitucional, el Gobierno de España a
través de la.

En un nuevo menosprecio a otro mandato constitucional, el Gobierno de España a
través de la misma ministra anunció
menos de dos meses más tarde, que aquello que era prioritario no se iba
a dar. Ni estabilidad económica, ni refuerzo de políticas públicas, ni avances sociales o fiscales;
entonces, y siempre según el argumentario ministerial, la realidad indicaba que había que
renunciar a elaborar Presupuestos para el año 2024 y empezar a trabajar en los de 2025. Cabe
preguntarse si esa realidad coercitiva es la de todos los españoles o la de un gobierno maniatado.
Esta dejación de funciones y el desacato constitucional del Presidente del Gobierno condena a las
administraciones, que sí cumplen con sus obligaciones, a una situación de incertidumbre
inmerecida e irresponsable, poniendo en el aire la entrega de más de 1.200 millones de euros a
las entidades locales.
El Real Decretoley
8/2023 recoge las reglas que rigen las entregas a cuenta del año 2024. El
Gobierno de España anunció un incremento de las entregas a cuenta del 5,1% respecto a los
importes del año 2023. Sin embargo, esta actualización de las entregas a cuenta requiere de la
aprobación de suplementos de crédito, dado que de lo contrario estas entregas se mantendrían
con el crédito presupuestario de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, haciendo que
los ayuntamientos pierdan ese 5,1%.
Además de este impacto en las entregas a cuenta por participación de las entidades locales en
los tributos del estado, también se verán afectadas las ayudas al transporte público urbano. Sin la
aprobación de nuevos Presupuestos la cifra destinada a esta partida se mantendría en 51
millones de euros. Una cantidad que resulta insuficiente y que según la FEMP debería aumentar
en 19,7 millones de euros.
En el caso del Ayuntamiento de Logroño, esta incapacidad del Gobierno de España para sacar
adelante los Presupuestos puede tener un impacto solo
en lo referido a las entregas a cuentade
alrededor de 3 millones de euros. Una cantidad de dinero que desajusta las arcas municipales
afectando directamente a todos los logroñeses, como a tantos otros vecinos, en cuanto a los
servicios que obtienen de su ayuntamiento.
 

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA INSTAR AL
GOBIERNO DE ESPAÑA LA APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE OBLIGACIÓN DE
SERVICIO PÚBLICO (OSP) DE LA CONEXIÓN AÉREA LOGROÑOMADRID.

La presente Moción ha sido retirada del orden del día de la sesión plenaria por el grupo
proponente.