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El Pleno de octubre comenzó con la toma de posesión de una nueva
concejala, la representante de Grupo Municipal de Izquierda Unida,
Beatriz Alonso, que sustituye a Alfredo Orío después de dejar
su cargo por motivos personales. El alcalde, en nombre del resto
de la Corporación, saludó a la nueva edil y le deseó "toda la
suerte en este nuevo cometido; un cargo –dijo–, que nunca se olvida“.
Beatriz Alonso resaltó "el honor que significa representar a la
ciudad en la que he nacido", manifestando su entrega para "hacer
de Logroño una ciudad que mejore y que ofrezca una mayor calidad
de vida a sus vecinos".
Después de la lectura
de una declaración institucional en la que se solicitó una estricta
aplicación de las medidas de paz para el pueblo saharaui y el
absoluto respeto a los Derechos Humanos en la zona, comenzó el
debate -una vez aprobada una decena de asuntos- centrado en la
nueva Ordenanza reguladora de la venta de periódicos en la vía
pública. Para ello, un representante de la Asociación Profesional
de Vendedores de Prensa tomó la palabra y solicitó la modificación
o supresión de algunos puntos de la ordenanza. Entre ellos, los
que recogen el plazo de concesión (15 años prorrogables en otros
15), los horarios de apertura, los requisitos para acceder a una
licencia y el plazo de un año para ajustarse a la regulación.
El encargado de abrir el debate fue Vicente Urquía (PSOE), que
solicitó retrasar la aprobación del texto para buscar una solución,
mostrando su "sorpresa" al pensar que la Ordenanza llegaba "consensuada
con los vendedores de prensa". Alberto Guillén (PP) aseguró que
los hechos relatados hasta el momento no se ajustaban a la realidad,
incidiendo en que "no es verdad que no se haya informado de cómo
ha quedado la Ordenanza". El edil popular defendió la adaptación
del texto a las necesidades de la ciudad y aseveró que "hay que
defender el interés público, y no el partidista", en alusión a
la intervención anterior del Grupo Socialista. Angel Varea (PR)
se adhirió a las peticiones de los vendedores de prensa y recriminó
"el debate de una Ordenanza que, según se había dicho, –en alusión
a Alberto Guillén (PP)– ya estaba consensuada". Finalmente la
Ordenanza fue aprobada con el voto favorable de PP, la abstención
de PSOE e IU; y el voto en contra de PR.
Primera moción
La primera moción
debatida en el Pleno fue la presentada por el Grupo Socialista,
referida a la solicitud del Ayuntamiento "para instar al Ministerio
del Interior y a la Dirección General de la Policía a que corrija
lo que entendemos como un error y una evidente discriminación
ante dos funcionarios policiales". Una petición contestada por
la portavoz del Grupo Popular, Paz Villar, que después de resaltar
la labor de las Fuerzas de Seguridad, explicó que "no debemos
inmiscuirnos en terrenos de otras Administraciones, de igual forma
que al Ayuntamiento tampoco le gustaría que otra institución cuestionase
sus decisiones". Consecuentemente, la moción fue rechazada, aunque
contó con el apoyo del resto de la oposición.
Urbanismo y El Cortijo
Uno de los principales
asuntos tratados en este Pleno correspondió a la moción conjunta
presentada por PSOE, IU y PR, a instancia de los vecinos de El
Cortijo. El objetivo de la misma, paralizar y reconsiderar los
planes urbanísticos diseñados para el barrio; estudiar las unidades
de ejecución y la creación de una mesa negociadora para encontrar
una solución a las demandas de los vecinos.
Y en coherencia
a esta intención, uno de los representantes del barrio, Javier
Morentín, fue el encargado de abrir el turno de intervenciones,
manifestando su disconformidad con “unas unidades de ejecución
injustas y gravosas”. Según su opinión, las nuevas condiciones
“no pueden aplicarse a este barrio igual que al resto de la ciudad;
así como tampoco es justo cargar a los vecinos con unos costes
de urbanización excesivos”.
Inmaculada Sáenz
(PSOE) defendió la posición vecinal, solicitando al equipo de
Gobierno la reconsideración de lo expuesto para que “las decisiones
tomadas sean para mejorar el barrio y no para convertirlo en el
capricho especulador de unos extraños”. Una argumentación rebatida
por la portavoz Paz Villar (PP) quien reconoció las especificidades
de este barrio, “que son contempladas”, aunque recordó que la
ordenación urbanística “no puede hacerse de ninguna otra forma
que con las correspondientes unidades de ejecución, que exigen
un reparto equitativo de cargas y beneficios; en cuanto a derechos
y obligaciones, todos los vecinos de Logroño son iguales, porque
así lo dice la Ley”.
Al abordar este
asunto, intervino la nueva concejala de IU, Beatriz Alonso, que
acusó al equipo de Gobierno de “desidia y abandono” y señaló que
“no hay que olvidar que son los vecinos los que mejor conocen
las necesidades del barrio”. Ángel Varea (PR) redundó en las peticiones
vecinales, solicitando el respeto para las peculiaridades de los
barrios periféricos, entendiendo lógicas las reivindicaciones
de los que “buscan su cota de autogobierno”.
Paz Villar (PP)
reiteró “el ofrecimiento de diálogo con los vecinos para llegar
a la mejor de las soluciones con cada una de las personas afectadas”.
El propio alcalde intervino en este punto para explicar que había
estudiado con detalle el proyecto de reparcelación e la zona y
que incluso había hablado con uno de los vecinos afectados. Así,
refrendó la intención de diálogo expresada con anterioridad por
Villar, aunque matizó que “en ningún caso aceptaremos el camino
de la presión para reconsiderar cualquier tipo de actuación urbanística
en la ciudad”. Palabras con las que cerró el turno de intervenciones
y que abrió el de votaciones, con el rechazo a la moción de PP
y el apoyo de PSOE, IU y PR.
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