La primera semana de junio, antes de las fiestas de San Bernabé”. Esta es la fecha avanzada por el concejal de Patrimonio y Vivienda, José Musitu, para la apertura de la esperada Oficina Municipal de Vivienda, un servicio definido en otras ocasiones por el edil como uno de los pilares importantes en los que se asentará en el futuro la política municipal de vivienda y una de las herramientas que contribuirán a desarrollar el Plan Municipal en esta materia presentado recientemente por el Ayuntamiento de Logroño y que en su primera fase propiciará la construcción de 822 viviendas protegidas.
        Cuando ni siquiera falta un mes para el cumplimiento de este anuncio, el propio concejal presentó –el pasado lunes– la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación de Derechos Civiles, con el fin de articular el funcionamiento orgánico y funcional del servicio. El motivo de la elección de este tipo de gestión y no otro, como por ejemplo una licitación pública, es “la experiencia de otras ciudades y el peligro que puede suponer que algo tan fundamental como el servicio que se va a suministrar pudiese recaer en otras entidades con ánimo de lucro”, apuntó el concejal.
        Musitu aseguró que la Oficina “nace con la vocación de integrar y aglutinar todo lo que tenga que ver con la vivienda en Logroño” y enumeró las obligaciones que el Ayuntamiento contrae con la Fundación para el desarrollo de su responsabilidad: “El Ayuntamiento pone a disposición de la Fundación el local de la Oficina de Vivienda, cubrirá los gastos derivados de la actividad y realizará una aportación económica anual de 96.161 euros”. La vigencia del convenio será del 1 de junio de este año al 31 de diciembre de 2003.
       
        Obligaciones de la Fundación
        El convenio contempla, además, algunas funciones muy concretas que deberá desarrollar la Fundación en el desarrollo de su actividad. La primera de ellas es la prestación de asesoramiento jurídico y administrativo, que contempla entre sus ámbitos de actuación aspectos como compraventa, arrendamientos, construcción y rehabilitación, comunidades de propietarios, etc.
        Otra función es el asesoramiento económico, financiero y fiscal; entre sus competencias se tratarán los créditos hipotecarios, los tipos de interés, las amortizaciones; en definitiva, cualquier consideración de tipo fiscal.
        También se prestará asesoramiento técnico, dentro del ámbito constructivo, que abordará problemáticas derivadas de la calidad de las construcciones, las promociones de las viviendas, etc; un apartado cubierto por personal técnico. Estas obligaciones, destacadas por el concejal, se completan con la oferta de un avanzado servicio de información “sobre todos los tipos de ayudas que puede obtener un joven en su acceso a una vivienda”; e incluso un servicio de bolsa de alquiler de viviendas, “concebida como apoyo y complementaria a la existente en el IRVI”, explicó el concejal.
        Por último, como características generales de este nuevo servicio, Musitu apuntó que la Oficina permanecerá abierta en horario de mañana y tarde y que la prestación de sus servicios será gratuita.
       
        Una mayor garantía
        La Fundación de Derechos Civiles, firmante del acuerdo con el Ayuntamiento para gestionar la Oficina de Vivienda, se define como una entidad de utilidad pública centrada en la cobertura de situaciones en las que se aprecia indefensión, así como en el desarrollo de programas activos que contribuyan a su erradicación. En representación de esta organización, estuvo presente en el Consistorio su presidente, Carlos García, quien explicó que “actuamos en materia de vivienda para que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de hacer cualquier tipo de transacción en este aspecto con la mayor garantía y los mayores conocimientos”. “Normalmente”, continuó, “se dan situaciones de indefensión para el ciudadano, que va a comprar una vivienda sin conocimientos suficientes y que debe tomar decisiones trascendentes sobre la información que le ofrece la otra parte, que es interesada; cuando aprendes de la experiencia, ya es tarde”. En base a lo expresado, García concluyó que la Oficina se constituirá como un compendio de estas experiencias y de los conocimientos técnicos especializados “al servicio de todos los ciudadanos”.
        La Fundación de Derechos Civiles tiene experiencia en la gestión de este tipo de servicios, ya que trabaja con Oficinas similares en Vitoria, Oviedo, León, Zamora, Gijón, Salamanca y Murcia, entre otras localidades.