Tribuna de opinión

 Estos días hemos vuelto a ver cómo ciertos medios manipulan la posición de VOX con total descaro. Manipular lo que dice VOX ya es deporte nacional. Según algunos titulares, estaríamos encantados con los nuevos aranceles que Donald Trump ha propuesto imponer a productos europeos, incluidos muchos españoles. Nada más lejos de la realidad. Durante el pasado Pleno en el Congreso, nuestro diputado Rubén Manso lo dijo con total claridad: “VOX no aplaude que se pongan aranceles a productos españoles ni europeos”. No hay matices. No hay dobles lecturas. Nos preocupa, y mucho, el daño que estas medidas pueden causar a sectores esenciales de nuestra economía: al campo, a nuestros agricultores, a nuestras denominaciones de origen. Ahora bien, lo que también denunciamos —y parece que molesta— es la doble vara de medir de la izquierda y los medios afines. Cuando los aranceles vienen de Trump, gritan. Pero cuando vienen de Bruselas o de otros países, callan. Cuando es la Unión Europea la que impone restricciones, miran hacia otro lado. ¿Dónde estaba esa indignación cuando las políticas globalistas asfixiaban a nuestros productores? VOX defiende una política comercial coherente y valiente, que proteja los intereses de España. No aplaudimos medidas que nos perjudiquen, vengan de quien vengan. Pero tampoco vamos a participar en la hipocresía de quienes convierten cualquier excusa en munición política si el autor es alguien que les incomoda ideológicamente. Decir la verdad no debería ser revolucionario ni ultraderechista.Pero en este país, parece que sí lo es

›El reciente caso de Dani Alves ha vuelto a poner sobre la mesa el preocupante debilitamiento de la presunción de inocencia en España. Más allá de la gravedad de las acusaciones y de la necesidad de que la justicia actúe con firmeza, resulta alarmante cómo ciertos representantes políticos están dispuestos a dinamitar principios fundamentales del Derecho con tal de sostener su discurso ideológico. Las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la sentencia absolutoria de Alves por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, son un ejemplo flagrante de esta deriva autoritaria. Montero calificó el fallo como "vergonzoso" y llegó a cuestionar abiertamente la presunción de inocencia, insinuando que la versión de la denunciante debía prevalecer sin importar las pruebas o el proceso judicial. Estas afirmaciones no solo representan un desprecio absoluto por el Estado de Derecho, sino que también muestran la voluntad del Gobierno de España de socavar derechos fundamentales en función de su agenda política. Si los propios representantes del Ejecutivo desacreditan las decisiones judiciales y siembran dudas sobre pilares esenciales como el debido proceso, ¿qué garantías quedan para los ciudadanos? La justicia no puede dictarse en redes sociales ni a golpe de declaraciones populistas. La presunción de inocencia es un derecho innegociable que protege a todos, no un obstáculo que deba eliminarse por conveniencia política. El caso Alves debe resolverse en los tribunales, no en el circo mediático ni en la arena política. Permitir que la presión gubernamental sustituya a la justicia es dar un paso más hacia la demolición del Estado de Derecho en España

›El pasado 14 de marzo por la tarde, a las puertas del Ayuntamiento de Logroño, hubo una concentración en la que veterinarios y propietarios de perros alzaron su voz contra las políticas antianimales del Gobierno, el pésimo estado en el que se encuentran las zonas de esparcimiento canino de nuestra ciudad y la ordenanza reguladora de la tenencia responsable y protección de animales de Logroño. Esto no es nada nuevo para VOX, ya en julio de 2024 se presentó una moción por la cual, desde nuestro Grupo, se solicitaba la limpieza y mantenimiento de la ZEC del parque Gallarza. Sin embargo, por parte del Equipo de Gobierno, se justificó el voto en contra en un “ya estamos en ello”. Su actuación fue limpiar aquella y volver a abandonarla. Y, así, con todas las de la ciudad: un lavado de cara y volver a desatenderlas hasta la próxima protesta. A lo anterior se une la campaña del PP para perseguir a los propietarios de animales, tratándolos como delincuentes, cuando lo único que reclaman son más zonas donde poder disfrutar con sus mascotas. Además, con el arranque del año, entró en vigor una nueva normativa que establece los requisitos relacionados con la prescripción de antibióticos a los animales de compañía, regulación que restringe la libertad de los veterinarios para trabajar y añade, sin necesidad, una cantidad de burocracia que hace imposible el cuidado de los animales y la conservación de su salud. Es inaceptable que se interponga la burocracia a la vida. Desde VOX denunciamos el daño que los delirios ideológicos de los falsos animalistas están provocando a nuestros animales

 El 18 de marzo conocimos la noticia de que PSOE y Junts pactaban la reforma de la Ley de Extranjería y, con ello, el reparto de menores no acompañados (MENAS) a lo largo y ancho de todo el país. Curiosamente, y tras haber cedido al chantaje separatista atribuyendo las competencias en materia de extranjería a Cataluña, resultó de dicho reparto que a esta comunidad únicamente irían 20 MENAS, mientras que a La Rioja vendrán más de 150, aunque según Ángel Víctor Torres, las cifras definitivas se conocerán a finales de este mes. Ante este hecho (que Cataluña reciba menos MENAS incluso que Melilla), es pasmoso el aquietamiento del PP en nuestra Comunidad Autónoma y en nuestra ciudad: dicen que no saben nada y están a verlas venir, a que se publique en el BOE. Desde VOX tenemos claro que el ejemplo a seguir es el de la Comunidad Valenciana: 0 MENAS. Los menores no acompañados que llegan a nuestro país, víctimas de las mafias de tráfico de personas tienen que estar con sus padres. Ni en un centro de acogida ni vagando por las calles. Ni en Logroño ni en ninguna otra parte: en su país de origen con quienes han de velar su bienestar y seguridad. Si, como se dice desde la izquierda, hay que velar por el interés superior del menor, lo mejor que podemos hacer por ellos es no encerrarlos en centros, apartados de sus familiares y devolverlos a sus casas. Ahora hace falta que el PP también lo entienda: si queréis protegerlos, no aceptéis el reparto. DEVOLVEDLOS CON SUS PADRES