Tribuna de opinión

Estados Unidos se ha sumado nuevamente a una lógica unilateral en política internacional, optando por la intervención militar directa en distintos escenarios. El último de ellos ha sido Irán, una decisión que rompe las negociaciones que se estaban desarrollando sobre su programa nuclear y que añade más tensión a una región ya profundamente inestable. La declaración de guerra contra Israel no ha contado con el apoyo de nuestro país, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una posición clara en favor de la paz y contra una nueva escalada bélica, al contrario que algunos partidos que siguen apoyando estas “aventuras” aunque las mismas perjudiquen a nuestro País. La experiencia reciente demuestra cuáles son las consecuencias de los conflictos armados. Cada guerra deja tras de sí desesperación, caos, hambre y destrucción económica. Lo ocurrido en Gaza o en Ucrania lo evidencia con claridad. Defender la paz no es una ingenuidad; es una condición imprescindible para la prosperidad y la estabilidad de las sociedades. Esto no significa ignorar la realidad política de Irán. El PSOE rechaza el régimen iraní y denuncia la represión que sufren miles de mujeres y jóvenes que reclaman libertad y una apertura política. Pero esa realidad tampoco legitima iniciar una guerra cuyo final es incierto y que solo agravara el sufrimiento y la inestabilidad en la región. El Gobierno socialista es consciente, además, de que los conflictos internacionales afectan también a la economía y a la vida cotidiana. Por ello, esta semana anunciará medidas para contrarrestar la subida de productos básicos que afecta a familias y empresas, reforzando un escudo social y económico que proteja a nuestra sociedad en tiempos de incertidumbre.

El Grupo Socialista considera muy grave que el Partido Popular apoye junto a VOX una moción sobre el uso del Popular apoye junto a VOX una moción sobre el uso del Popular apoye junto a VOX una moción sobre el uso del velo integral en edificios municipales. Esto representa una “claudicación histórica” ante la extrema derecha, pese a que el PP tiene mayoría absoluta y no necesita sus votos.Creemos que la medida estigmatiza a las mujeres musulmanas y responde a un “problema fantasma”, ya que no se manas y responde a un “problema fantasma”, ya que no se ha registrado ningún incidente de seguridad relacionado con el velo en dependencias municipales.Criticamos que el PP presenta una enmienda para instar al Gobierno a modificar la Ley de Bases de Régimen Local entre otras, en lugar de crear una ordenanza municipal,como pide VOX, porque prohibir el acceso a edificios públicos por motivos religiosos resulta ilegal, algo que rechaza el Tribunal Supremo desde 2013.Además, hay que recordar que la Policía Local ya puede solicitar la retirada de cualquier prenda que oculte el rostro (velo, casco, pasamontañas) por motivos de identificación y seguridad.Creemos que se trata de una maniobra política que introduce “racismo institucional por la puerta de atrás”, genera división y crea un problema inexistente solo para obtener titulares.Esta decisión ocurre tras escuchar a una vecina musulmana que pidió respeto e igualdad, recordando que “la libertad no se defiende prohibiendo sino dando herramientas para que cada mujer elija”.Reafirmamos nuestro compromiso con una ciudad segura,tolerante y basada en la convivencia, rechazando medidas que discriminan y estigmatizan a colectivos vulnerables.
 

 Desde el Grupo Socialista hemos procedido a elevar una queja ante el Defensor del Pueblo, en relación con la enajenación de seis parcelas propiedad del Ayuntamiento de Logroño para la construcción de 104 viviendas de protección oficial. El Patrimonio Municipal del Suelo tiene carácter finalista y está legalmente destinado a garantizar el interés general en materia de vivienda. Ello obliga a la Administración a ejercer un control efectivo no solo sobre el destino del suelo, sino también sobre el procedimiento de adjudicación de las viviendas resultantes. Sin embargo, el pliego del concurso se limitó a señalar que la selección de los compradores correspondería a las empresas adjudicatarias, siempre que las mismas estuvieran en el registro del IRVI, sin establecer un procedimiento público reglado. No se previeron convocatorias oficiales, plazos de inscripción, publicación de listados, baremos objetivos ni sorteo público supervisado, delegando en los operadores privados, la adjudicación de las mismas, que públicamente han reconocido que están teniendo en cuenta la solvencia económica. Esta situación podría vulnerar los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia recogidos en la normativa autonómica y estatal en materia de vivienda., además, tampoco consta que se hayan garantizado los cupos de reserva para colectivos especialmente protegidos. Por ello, hemos solicitado al Defensor del Pueblo que requiera el expediente completo, examine los mecanismos de control aplicados y, en su caso, formule las recomendaciones necesarias para restablecer la transparencia y la igualdad en el acceso a viviendas protegidas construidas sobre suelo público. Los ciudadanos se merecen una administración que vele por sus intereses y el Ayuntamiento de Logroño y su Alcalde no lo están haciendo.

La concejala de Vivienda, Patricia Sainz, ha admitido que los promotores privados pueden adjudicar a dedo las 104 viviendas que se van a construir en suelo público.Con esta declaración, el Gobierno del PP confirma lo que el PSOE lleva días denunciando: Conrado Escobar a renunciado deliberadamente al control público en la adjudicación de vivienda protegida en suelo municipal.El Ayuntamiento se ha lavado las manos. Ha decidido apartarse y dejar en manos de promotores privados un proceso que debe regirse por los principios de igualdad, publicidad y concurrencia. No es una opción política menor: es una dejación de funciones inaceptable.Resulta igual de grave que el propio Gobierno reconozca que se ha enterado por la prensa de cómo se han adjudicado las viviendas. Afirman, (sin garantía alguna), que no se han concedido “a dedo”, pero admiten que podrían hacerlo. Es decir, el sistema permite la arbitrariedad y el Ayuntamiento lo tolera.Desde el PSOE lo decimos con claridad: la vivienda protegida no puede depender de la voluntad de empresas privadas. Debe adjudicarse mediante criterios objetivos y sorteo público entre quienes cumplen los requisitos, como siempre se ha hecho, con gobiernos del PP y del PSOE.La vivienda es un derecho constitucional y una necesidad social básica. En suelo público, la transparencia y el control no son opcionales. Lo irresponsable es mirar el control no son opcionales. Lo irresponsable es mirar y permitir que otros decidan quién tiene
derecho a un hogar y quién no.