Tribuna de opinión

 Desde el Grupo Socialista hemos procedido a elevar una queja ante el Defensor del Pueblo, en relación con la enajenación de seis parcelas propiedad del Ayuntamiento de Logroño para la construcción de 104 viviendas de protección oficial. El Patrimonio Municipal del Suelo tiene carácter finalista y está legalmente destinado a garantizar el interés general en materia de vivienda. Ello obliga a la Administración a ejercer un control efectivo no solo sobre el destino del suelo, sino también sobre el procedimiento de adjudicación de las viviendas resultantes. Sin embargo, el pliego del concurso se limitó a señalar que la selección de los compradores correspondería a las empresas adjudicatarias, siempre que las mismas estuvieran en el registro del IRVI, sin establecer un procedimiento público reglado. No se previeron convocatorias oficiales, plazos de inscripción, publicación de listados, baremos objetivos ni sorteo público supervisado, delegando en los operadores privados, la adjudicación de las mismas, que públicamente han reconocido que están teniendo en cuenta la solvencia económica. Esta situación podría vulnerar los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia recogidos en la normativa autonómica y estatal en materia de vivienda., además, tampoco consta que se hayan garantizado los cupos de reserva para colectivos especialmente protegidos. Por ello, hemos solicitado al Defensor del Pueblo que requiera el expediente completo, examine los mecanismos de control aplicados y, en su caso, formule las recomendaciones necesarias para restablecer la transparencia y la igualdad en el acceso a viviendas protegidas construidas sobre suelo público. Los ciudadanos se merecen una administración que vele por sus intereses y el Ayuntamiento de Logroño y su Alcalde no lo están haciendo.

La concejala de Vivienda, Patricia Sainz, ha admitido que los promotores privados pueden adjudicar a dedo las 104 viviendas que se van a construir en suelo público.Con esta declaración, el Gobierno del PP confirma lo que el PSOE lleva días denunciando: Conrado Escobar a renunciado deliberadamente al control público en la adjudicación de vivienda protegida en suelo municipal.El Ayuntamiento se ha lavado las manos. Ha decidido apartarse y dejar en manos de promotores privados un proceso que debe regirse por los principios de igualdad, publicidad y concurrencia. No es una opción política menor: es una dejación de funciones inaceptable.Resulta igual de grave que el propio Gobierno reconozca que se ha enterado por la prensa de cómo se han adjudicado las viviendas. Afirman, (sin garantía alguna), que no se han concedido “a dedo”, pero admiten que podrían hacerlo. Es decir, el sistema permite la arbitrariedad y el Ayuntamiento lo tolera.Desde el PSOE lo decimos con claridad: la vivienda protegida no puede depender de la voluntad de empresas privadas. Debe adjudicarse mediante criterios objetivos y sorteo público entre quienes cumplen los requisitos, como siempre se ha hecho, con gobiernos del PP y del PSOE.La vivienda es un derecho constitucional y una necesidad social básica. En suelo público, la transparencia y el control no son opcionales. Lo irresponsable es mirar el control no son opcionales. Lo irresponsable es mirar y permitir que otros decidan quién tiene
derecho a un hogar y quién no.
 

En Logroño se ha generado una fuerte indignación respecto a la adjudicación de 104 viviendas promovidas en suelo público, sin control alguno. El Grupo Socialista denunció que dichas viviendas carecen de tutela administrativa efectiva en su proceso de adjudicación, lo que supondría un incumplimiento de la Ley de Vivienda aprobada por el PP en 2007 y de la normativa estatal vigente. La portavoz del Gobierno municipal del PP admitió parcialmente la situación, defendiendo que el Ayuntamiento ha actuado con garantías. Sin embargo, esas “garantías” se limitan a exigir que los adjudicatarios estén inscritos en el registro del IRVI y a que las promotoras entreguen el listado final de beneficiarios. Nada se ha aclarado sobre el procedimiento seguido para seleccionar a esas personas. El Ejecutivo local (y el sabrá por qué) ha decidido dejar en manos de cada promotor privado la elección de quién accede a una vivienda de protección oficial construida sobre suelo público. Eso contradice los principios básicos de publicidad y concurrencia pública que exige la ley, diseñados para asegurar igualdad de oportunidades y evitar cualquier trato de favor. La vivienda es un derecho esencial, no una concesión discrecional. Permitir que su adjudicación dependa exclusivamente de criterios privados, sin control ni transparencia suficientes, erosiona la confianza pública y pone en riesgo la igualdad. Por responsabilidad política y para garantizar un procedimiento ajustado a la legalidad, la Concejala de Vivienda debería asumir consecuencias y dimitir. El Ayuntamiento debe de asegurar que lo que es un derecho, no acabe en el dedo divino de cada promotor

 La decisión municipal de eliminar el sorteo público en la adjudicación de viviendas protegidas en suelo público supone un grave retroceso en materia de transparencia y equidad. Al delegar esta responsabilidad en las empresas promotoras, se rompe con un sistema que garantizaba igualdad de oportunidades y control público en el acceso a un derecho básico como es la vivienda. Hasta ahora, la adjudicación se realizaba mediante un sorteo notarial entre los inscritos para cada promoción, lo que ofrecía seguridad jurídica y confianza a los demandantes. La supresión de este mecanismo introduce opacidad, genera indefensión y abre la puerta a decisiones discrecionales sin baremos claros ni supervisión efectiva. Cuando se trata de vivienda protegida y construida en suelo público, la administración no puede renunciar a su papel de garante del interés general. El art. 46 de la Ley de Vivienda de La Rioja, aprobada por el PP, establece que “los procedimientos de adjudicación serán en todo caso procedimientos de concurrencia pública y publicidad”, y la Ley Nacional establece el “principio de igualdad”, principio y procedimientos que no se están respetando en estas promociones. Esta medida alimenta la frustración de miles de personas inscritas que ven cómo aumentan las promociones anunciadas mientras disminuyen las garantías de acceso real. La falta de información, las listas interminables y la sospecha de adjudicaciones cerradas de antemano erosionan la confianza ciudadana. La vivienda protegida no puede gestionarse como un producto privado más. Exige reglas claras, control público y procedimientos transparentes. Renunciar a ello es abdicar de una responsabilidad institucional esencial y poner en riesgo el principio de igualdad que debe regir cualquier política de vivienda.