Tribuna de opinión

La concejala de Vivienda, Patricia Sainz, ha admitido que los promotores privados pueden adjudicar a dedo las 104 viviendas que se van a construir en suelo público.Con esta declaración, el Gobierno del PP confirma lo que el PSOE lleva días denunciando: Conrado Escobar a renunciado deliberadamente al control público en la adjudicación de vivienda protegida en suelo municipal.El Ayuntamiento se ha lavado las manos. Ha decidido apartarse y dejar en manos de promotores privados un proceso que debe regirse por los principios de igualdad, publicidad y concurrencia. No es una opción política menor: es una dejación de funciones inaceptable.Resulta igual de grave que el propio Gobierno reconozca que se ha enterado por la prensa de cómo se han adjudicado las viviendas. Afirman, (sin garantía alguna), que no se han concedido “a dedo”, pero admiten que podrían hacerlo. Es decir, el sistema permite la arbitrariedad y el Ayuntamiento lo tolera.Desde el PSOE lo decimos con claridad: la vivienda protegida no puede depender de la voluntad de empresas privadas. Debe adjudicarse mediante criterios objetivos y sorteo público entre quienes cumplen los requisitos, como siempre se ha hecho, con gobiernos del PP y del PSOE.La vivienda es un derecho constitucional y una necesidad social básica. En suelo público, la transparencia y el control no son opcionales. Lo irresponsable es mirar el control no son opcionales. Lo irresponsable es mirar y permitir que otros decidan quién tiene
derecho a un hogar y quién no.
 

En Logroño se ha generado una fuerte indignación respecto a la adjudicación de 104 viviendas promovidas en suelo público, sin control alguno. El Grupo Socialista denunció que dichas viviendas carecen de tutela administrativa efectiva en su proceso de adjudicación, lo que supondría un incumplimiento de la Ley de Vivienda aprobada por el PP en 2007 y de la normativa estatal vigente. La portavoz del Gobierno municipal del PP admitió parcialmente la situación, defendiendo que el Ayuntamiento ha actuado con garantías. Sin embargo, esas “garantías” se limitan a exigir que los adjudicatarios estén inscritos en el registro del IRVI y a que las promotoras entreguen el listado final de beneficiarios. Nada se ha aclarado sobre el procedimiento seguido para seleccionar a esas personas. El Ejecutivo local (y el sabrá por qué) ha decidido dejar en manos de cada promotor privado la elección de quién accede a una vivienda de protección oficial construida sobre suelo público. Eso contradice los principios básicos de publicidad y concurrencia pública que exige la ley, diseñados para asegurar igualdad de oportunidades y evitar cualquier trato de favor. La vivienda es un derecho esencial, no una concesión discrecional. Permitir que su adjudicación dependa exclusivamente de criterios privados, sin control ni transparencia suficientes, erosiona la confianza pública y pone en riesgo la igualdad. Por responsabilidad política y para garantizar un procedimiento ajustado a la legalidad, la Concejala de Vivienda debería asumir consecuencias y dimitir. El Ayuntamiento debe de asegurar que lo que es un derecho, no acabe en el dedo divino de cada promotor

 La decisión municipal de eliminar el sorteo público en la adjudicación de viviendas protegidas en suelo público supone un grave retroceso en materia de transparencia y equidad. Al delegar esta responsabilidad en las empresas promotoras, se rompe con un sistema que garantizaba igualdad de oportunidades y control público en el acceso a un derecho básico como es la vivienda. Hasta ahora, la adjudicación se realizaba mediante un sorteo notarial entre los inscritos para cada promoción, lo que ofrecía seguridad jurídica y confianza a los demandantes. La supresión de este mecanismo introduce opacidad, genera indefensión y abre la puerta a decisiones discrecionales sin baremos claros ni supervisión efectiva. Cuando se trata de vivienda protegida y construida en suelo público, la administración no puede renunciar a su papel de garante del interés general. El art. 46 de la Ley de Vivienda de La Rioja, aprobada por el PP, establece que “los procedimientos de adjudicación serán en todo caso procedimientos de concurrencia pública y publicidad”, y la Ley Nacional establece el “principio de igualdad”, principio y procedimientos que no se están respetando en estas promociones. Esta medida alimenta la frustración de miles de personas inscritas que ven cómo aumentan las promociones anunciadas mientras disminuyen las garantías de acceso real. La falta de información, las listas interminables y la sospecha de adjudicaciones cerradas de antemano erosionan la confianza ciudadana. La vivienda protegida no puede gestionarse como un producto privado más. Exige reglas claras, control público y procedimientos transparentes. Renunciar a ello es abdicar de una responsabilidad institucional esencial y poner en riesgo el principio de igualdad que debe regir cualquier política de vivienda.

 El Partido Popular de Logroño y su alcalde, Conrado Escobar, continúan, según el PSOE, con una política contraria a la movilidad sostenible y al uso de la bicicleta. A la eliminación de carriles bici y la paralización de proyectos ya aprobados —que han supuesto la devolución de fondos europeos— se suma ahora el abandono de los aparcamientos cubiertos para bicicletas instalados en la ciudad (CicLOpark), y justo esta semana el corte del carril bici en la rotonda de Murrieta. Estos aparcamientos fueron financiados en la pasada legislatura con fondos europeos y actualmente se encuentran sin el mantenimiento adecuado, lo que supone un riesgo real de tener que devolver las ayudas recibidas. Desde agosto de 2025, el mantenimiento de estas instalaciones se redujo al mínimo y, desde enero de este año, no se realiza ningún tipo de mantenimiento. La empresa encargada de la instalación y del mantenimiento inicial solo se ocupa actualmente de garantizar el funcionamiento básico del sistema, sin aceptar nuevas altas ni realizar las labores necesarias para su correcta conservación. Además, las facturas emitidas durante este periodo carecen de soporte legal. Hasta que se adjudique un nuevo contrato, el Ayuntamiento ha ordenado que no se tramiten nuevas altas, a pesar de que existen alrededor de 60 plazas vacías. Esta situación se prolongará durante varios meses, impidiendo que el servicio crezca y funcione con normalidad, y suponiendo un nuevo retroceso en las políticas de movilidad sostenible en Logroño. Sr. Escobar Logroño no puede seguir retrocediendo. Ud. es el único responsable.