Tribuna de opinión

Desde el año 2007 el Ayuntamiento de Logroño, está intentando aprobar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que sustituya al actual, ya obsoleto, que ha sido modificado de manera puntual reiteradas veces. En 2021 se realizó la última adjudicación a la empresa Ezquiaga Arquitectura, durante este tiempo, tanto durante nuestro Gobierno anterior, como en la actualidad la empresa no ha cumplido adecuadamente las obligaciones del contrato y se está dilatando ya sin sentido el inicio de la revisión del Plan. El Gobierno del PP, con el informe en contra de los técnicos y de toda la oposición ha querido seguir adelante con esta empresa, esperando ganar tiempo e iniciar pronto la revisión, pero los meses pasan y no está ni el “Borrador del Plan, ni el documento Inicial Estratégico” que debían estar entregados en 2024. Es más, el único documento que ha entregado la empresa, el Catálogo de Bienes Protegidos, está totalmente desfasado, está hecho sobre los datos del 2010 y no se ha actualizado. El Plan General es imprescindible para poder planificar el desarrollo de la ciudad, los nuevos sectores de vivienda, las infraestructuras necesarias, las dotaciones que faltan en la ciudad o el nuevo suelo industrial; todo ello es necesario para garantizar nuestro futuro como ciudad. Logroño no puede seguir perdiendo población a los municipios limítrofes por falta de vivienda asequible, una vivienda que necesita de la intervención pública, como ya se hizo en años anteriores para garantizar Vivienda de Protección Oficial en alquiler y en propiedad. Por ello ha llegado el momento de no perder más tiempo, resolver el contrato de redacción del PGOU y sacar de nuevo una licitación que en tiempo y forma, inicie un documento vital para la ciudad

 En mayo de 2027 acaba el actual contrato del servicio de transporte público de Logroño. Para poder licitar el nuevo contrato, el PP ha sacado a licitación, por segunda vez, una asistencia técnica que les ayude a preparar las condiciones del nuevo servicio. El objetivo que se marca el gobierno de Conrado Escobar es únicamente económico: solo le interesa el equilibrio entre los ingresos y los gastos del servicio. Y esto solo se logra de una manera: eliminando servicios y subiendo el precio del billete. Es la primera vez que una administración pública licita una asistencia técnica para la gestión del transporte urbano de una ciudad, con el único objetivo de reducir el déficit. Sin buscar la mejora del mismo ni escuchar las necesidades de los vecinos. El transporte público es una prestación publica necesaria, que hay que proporcionar a la vecindad para impulsar la movilidad sostenible, facilitar los desplazamientos en la ciudad y reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Y así lo han entendido todas las administraciones públicas, menos la del PP en Logroño. Baste, como ejemplo, la decisión del Gobierno de Castilla León, también del PP, que acaba de prometer la gratuidad del transporte interurbano. Por ello, el Grupo Socialista ha denunciado esta decisión y ha solicitado que los objetivos del nuevo contrato sean los de mejorar los actuales servicios, incorporar otros nuevos de acuerdo a un proceso de participación real y mejorar la política tarifaria, en especial para las personas que utilizan el autobús de manera diaria.

El Gobierno del Partido Popular ha cambiado el periodo de cobro de los impuestos y tasas municipales y lo ha hecho sin información, sin previo aviso y con contradicciones, afectando a impuestos como el IBI. Como resumen, todos los recibos municipales se adelantan un mes. Para empezar por lo más cercano, el recibo del agua y de la basura se han liquidado el 7 de abril, cuando antes se hacía el 7 de mayo, y además no se ha esperado a pasar los recibos al final del periodo del cobro, sino que se ha hecho un mes antes. A esto hay que añadir, que en lugar de avisar a los ciudadanos con un cierto tiempo, sobre la fecha en la que se van a cargar los recibos, esas cartas de aviso están llegando, después de haberse efectuado el cobro. Respecto al IBI (antigua contribución) el Gobierno aprobó a finales del año pasado cobrar el recibo en una sola vez, en el mes de junio, (antes se hacia en julio y diciembre). Al darse cuenta de lo que supondría esto para muchos ciudadanos, han creado un galimatías de pago, que no fue capaz ni de explicar la portavoz del Gobierno en la rueda de Prensa. El resto de los impuestos y tasas también se adelantan un mes, así el Impuesto de Vehículos se ha cobrado en abril, y la tasa de agua del 1º semestre que se cobraba en octubre, se hará en septiembre. Ante esta situación, el PSOE ha pedido al Gobierno Municipal que acabe con el descontrol, que informe a los ciudadanos adecuadamente, y que el pago del IBI se realice para todos los contribuyentes en los mismos plazos, ya sea en dos o en tres veces

 La política de verdad, y lo que se espera de un político que la ejercita, supone tomar decisiones. Ese es el tipo de política al que se comprometió el Partido Popular y así la está practicando. El Casco Antiguo es un tesoro de nuestra ciudad y como tal hay que cuidarlo. Un espacio en el que han de convivir la actividad económica, el ocio y los vecinos. Una tarea difícil que el Partido Popular no ha querido evitar y para la cual ha hecho de la escucha a los logroñeses y la toma de decisión su carta de presentación: suspensión de nuevas licencias de terrazas durante un año para revisar ordenanzas, reordenación de los horarios y del espacio público ocupado por las terrazas, más presencia policial para aumentar la seguridad pública, una labor de vigilancia para sancionar conductas incívicas, campañas intensivas extraordinarias de limpieza, un nuevo sistema de recogida de residuos o la aprobación de dos Zonas de Protección Acústica Especial son algunos de los ejemplos que ha protagonizado el Equipo de Gobierno. Lo cierto es que hay otras formas de hacer política: la política de la nada. La practicada por PSOE, PR y Podemos, quienes durante 4 años ningunearon los problemas del Casco Anti