Tribuna de opinión

La reciente declaración del Casco Antiguo como “zona saturada” se ha presentado como una solución frente al crecimiento descontrolado de pisos turísticos. Sin embargo, la realidad es muy distinta: la medida tardará meses en entrar en vigor y, mien tras tanto, podrán seguir concediéndose nuevas licencias. De mo mento el anuncio del Gobierno no tiene efecto alguno, puro humo. El problema se ha agravado tras levantarse la suspensión que im pedía autorizar más apartamentos turísticos. El resultado ha sido inmediato: 23 nuevas solicitudes de apartamentos en apenas un mes. Una situación previsible de la que ya habíamos advertido.a cuestión es sencilla: ¿por qué eliminar la moratoria antes de aprobar una regulación definitiva? La legislación permite mante ner medidas cautelares para proteger el interés general, especial mente cuando está en juego la convivencia vecinal y el futuro del centro histórico. Porque detrás de cada nueva licencia hay consecuencias reales: subida de alquileres, pérdida de población residente y aumento del ruido y la saturación. El Casco Antiguo necesita equilibrio, no improvisación. Los ve cinos no reclaman prohibiciones absolutas, sino planificación y ímites razonables que garanticen el derecho a vivir en el centro en condiciones dignas. Si existe voluntad real de actuar, la solución pasa por suspender de inmediato nuevas licencias hasta que la regulación definitiva sea efectiva. Lo contrario es seguir permitiendo que el problema crezca mientras se anuncian medidas que llegaran tarde. Al mismo tiempo se hace necesario una regulación más garan tista para que no ocurra lo mismo en otras partes de la Ciudad, se necesita contar con datos actualizados para adelantarse y si es necesario prohibir nuevas licencias en otros barrios de la Ciudad.

Vivir en el Casco Antiguo de Logroño se ha con vertido, para muchos vecinos, en un ejercicio diario de paciencia. El ruido nocturno, la concentración de locales de ocio y la falta de control están dete riorando gravemente la convivencia en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. Mientras tanto, las soluciones siguen sin llegar. Resulta incomprensible que, después de haberse re conocido el problema hace más de dos años median te la suspensión temporal de nuevas licencias para ubs y locales nocturnos, no se haya tomado nin guna medida definitiva para evitar que la situación continúe empeorando. Hoy seguimos viendo cómo se tramitan nuevas aperturas mientras los residentes soportan tardes y noches sin descanso, suciedad en las calles y una creciente sensación de abandono. No se trata de ir contra la hostelería ni contra la actividad económica. El ocio forma parte de la vida de la ciudad y debe seguir existiendo. Pero una ciudad moderna también debe proteger el derecho al descanso, la seguridad y la calidad de vida de quienes viven en ella. El equilibrio entre ambos intereses es imprescindible y, ahora mismo, ese equilibrio no existe. Por eso es necesario actuar con valentía y declarar el Casco Antiguo como zona saturada, limitando nuevas licencias de ocio nocturno. No hacerlo su pone mirar hacia otro lado mientras el problema aumenta. Logroño merece un centro vivo, sí, pero también habitable.

Sube la pobreza en nuestra ciudad mientras el Gobier no de Escobar deja sin ejecutar 3,8 millones de euros destinados a políticas sociales en 2025. Una decisión injustificable en un contexto en el que la desigualdad social crece y la tasa de pobreza alcanza el 22,6 %. De los 23,4 millones presupuestados, solo se ejecutaron 19,5. No es un dato técnico: es una elección política. Se prioriza el superávit frente a las personas, justo cuando más se necesita reforzar la protección social. Y todo ello mientras se anuncia que no se ampliarán las ayudas a la Cocina Económica. La mayor parte de este recorte encubierto se concentra en los servicios esenciales —ayuda a domicilio, depen dencia e inclusión social—, donde se han dejado sin in vertir 2,6 millones. Las consecuencias ya son visibles: entidades desbordadas, aumento de conflictos sociales y deterioro en la atención a las personas más vulnera bles. Especialmente grave es que 768.000 euros en ayudas de emergencia social hayan quedado sin utilizar. Hablamos de recursos clave para evitar cortes de suministros bási cos en hogares que atraviesan serias dificultades. A ello se suman 163.000 euros que no llegaron ni a familias ni a entidades del tercer sector. Esta situación responde a unos Servicios Sociales colapsados por la falta de personal, de planificación y de voluntad política. Frente a esta realidad, los socialistas reiteramos nuestro compromiso: reforzar los servicios públicos y garantizar que ningún recurso destinado a quienes más lo necesi tan quede sin ejecutar

Logroño vive una situación preocupante en materia de vivienda. En solo un año, el precio del metro cuadrado ha subido más de un 13%, superando ya los 2.000 euros el metro cuadrado, de media. Este encarecimiento dificulta el acceso a una vivienda digna, especialmente para jóvenes y familias, que ya destinan un porcentaje muy por encima del 30% de sus ingresos, a este gasto. A pesar de ello, la ciudad carece de un Plan de Vivienda que articule una respuesta global, y la única prioridad del PP es hacer caja con el suelo municipal. La combinación de precios al alza, escasez de vivienda asequible y la existencia de miles de pisos vacíos —cerca de 15.000— exige una actuación decidida y coordinada. El reto no es solo construir más vivienda, sino también movilizar la ya existente. La rehabilitación de inmuebles en mal estado, puede ampliar la oferta de alquiler y revitalizar barrios. Al mismo tiempo, es necesario impulsar nuevo suelo residencial y desbloquear desarrollos urbanísticos paralizados. La vivienda protegida y el alquiler social deben situarse en el centro de la acción municipal, reforzando los instrumentos existentes y garantizando procesos transparentes en la adjudicación. También resulta clave analizar el mercado del alquiler y valorar medidas como la declaración de zonas tensionadas. Por ello los Socialistas hemos solicitado un Pleno extraordinario del Ayuntamiento y presentado 28 propuestas que tienen como objeto actuar con urgencia y planificación, para garantizar el derecho a la vivienda y construir una ciudad más justa y accesible