Tribuna de opinión

El Gobierno de España ha aprobado un Plan Integral de Respuesta a la crisis en Oriente Medio que moviliza más de 5.000 millones de euros a través de 80 medidas, con el objetivo de proteger a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas. El Gobierno de España está volcado en gestionar la crisis con eficacia, defendiendo que es posible combinar crecimiento económico con derechos sociales, empleo y fortalecimiento del Estado de Bienestar. El plan incluye una importante reducción de la fiscalidad energética, con rebajas de hasta el 60% en impuestos eléctricos y la bajada del IVA del 21% al 10%. También contempla descuentos de hasta 30 céntimos por litro en carburantes, generando un ahorro medio de 20 euros por depósito. En el ámbito social, se amplían ayudas como el bono social eléctrico hasta 2026, se refuerza el bono térmico y se mantiene la prohibición de cortar suministros a hogares vulnerables, además se establece una congelación temporal de los precios de alquiler, para dar respuesta la emergencia habitacional. Para apoyar a los sectores productivos, se establecen ayudas directas a transportistas, agricultores, y ganaderos, además de incentivos para fertilizantes y una bonificación del 80% en peajes eléctricos para la industria. Asimismo, se refuerza el control sobre posibles abusos mediante mayores competencias para la CNMC. El PSOE ha planteado ya la gratuidad de los comedores escolares para los meses de abril a junio y proceder a bonificar el transporte de viajeros tanto a nivel regional como en el transporte público de Logroño, un 50%

Estados Unidos se ha sumado nuevamente a una lógica unilateral en política internacional, optando por la intervención militar directa en distintos escenarios. El último de ellos ha sido Irán, una decisión que rompe las negociaciones que se estaban desarrollando sobre su programa nuclear y que añade más tensión a una región ya profundamente inestable. La declaración de guerra contra Israel no ha contado con el apoyo de nuestro país, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una posición clara en favor de la paz y contra una nueva escalada bélica, al contrario que algunos partidos que siguen apoyando estas “aventuras” aunque las mismas perjudiquen a nuestro País. La experiencia reciente demuestra cuáles son las consecuencias de los conflictos armados. Cada guerra deja tras de sí desesperación, caos, hambre y destrucción económica. Lo ocurrido en Gaza o en Ucrania lo evidencia con claridad. Defender la paz no es una ingenuidad; es una condición imprescindible para la prosperidad y la estabilidad de las sociedades. Esto no significa ignorar la realidad política de Irán. El PSOE rechaza el régimen iraní y denuncia la represión que sufren miles de mujeres y jóvenes que reclaman libertad y una apertura política. Pero esa realidad tampoco legitima iniciar una guerra cuyo final es incierto y que solo agravara el sufrimiento y la inestabilidad en la región. El Gobierno socialista es consciente, además, de que los conflictos internacionales afectan también a la economía y a la vida cotidiana. Por ello, esta semana anunciará medidas para contrarrestar la subida de productos básicos que afecta a familias y empresas, reforzando un escudo social y económico que proteja a nuestra sociedad en tiempos de incertidumbre.

El Grupo Socialista considera muy grave que el Partido Popular apoye junto a VOX una moción sobre el uso del Popular apoye junto a VOX una moción sobre el uso del Popular apoye junto a VOX una moción sobre el uso del velo integral en edificios municipales. Esto representa una “claudicación histórica” ante la extrema derecha, pese a que el PP tiene mayoría absoluta y no necesita sus votos.Creemos que la medida estigmatiza a las mujeres musulmanas y responde a un “problema fantasma”, ya que no se manas y responde a un “problema fantasma”, ya que no se ha registrado ningún incidente de seguridad relacionado con el velo en dependencias municipales.Criticamos que el PP presenta una enmienda para instar al Gobierno a modificar la Ley de Bases de Régimen Local entre otras, en lugar de crear una ordenanza municipal,como pide VOX, porque prohibir el acceso a edificios públicos por motivos religiosos resulta ilegal, algo que rechaza el Tribunal Supremo desde 2013.Además, hay que recordar que la Policía Local ya puede solicitar la retirada de cualquier prenda que oculte el rostro (velo, casco, pasamontañas) por motivos de identificación y seguridad.Creemos que se trata de una maniobra política que introduce “racismo institucional por la puerta de atrás”, genera división y crea un problema inexistente solo para obtener titulares.Esta decisión ocurre tras escuchar a una vecina musulmana que pidió respeto e igualdad, recordando que “la libertad no se defiende prohibiendo sino dando herramientas para que cada mujer elija”.Reafirmamos nuestro compromiso con una ciudad segura,tolerante y basada en la convivencia, rechazando medidas que discriminan y estigmatizan a colectivos vulnerables.
 

 Desde el Grupo Socialista hemos procedido a elevar una queja ante el Defensor del Pueblo, en relación con la enajenación de seis parcelas propiedad del Ayuntamiento de Logroño para la construcción de 104 viviendas de protección oficial. El Patrimonio Municipal del Suelo tiene carácter finalista y está legalmente destinado a garantizar el interés general en materia de vivienda. Ello obliga a la Administración a ejercer un control efectivo no solo sobre el destino del suelo, sino también sobre el procedimiento de adjudicación de las viviendas resultantes. Sin embargo, el pliego del concurso se limitó a señalar que la selección de los compradores correspondería a las empresas adjudicatarias, siempre que las mismas estuvieran en el registro del IRVI, sin establecer un procedimiento público reglado. No se previeron convocatorias oficiales, plazos de inscripción, publicación de listados, baremos objetivos ni sorteo público supervisado, delegando en los operadores privados, la adjudicación de las mismas, que públicamente han reconocido que están teniendo en cuenta la solvencia económica. Esta situación podría vulnerar los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia recogidos en la normativa autonómica y estatal en materia de vivienda., además, tampoco consta que se hayan garantizado los cupos de reserva para colectivos especialmente protegidos. Por ello, hemos solicitado al Defensor del Pueblo que requiera el expediente completo, examine los mecanismos de control aplicados y, en su caso, formule las recomendaciones necesarias para restablecer la transparencia y la igualdad en el acceso a viviendas protegidas construidas sobre suelo público. Los ciudadanos se merecen una administración que vele por sus intereses y el Ayuntamiento de Logroño y su Alcalde no lo están haciendo.

La concejala de Vivienda, Patricia Sainz, ha admitido que los promotores privados pueden adjudicar a dedo las 104 viviendas que se van a construir en suelo público.Con esta declaración, el Gobierno del PP confirma lo que el PSOE lleva días denunciando: Conrado Escobar a renunciado deliberadamente al control público en la adjudicación de vivienda protegida en suelo municipal.El Ayuntamiento se ha lavado las manos. Ha decidido apartarse y dejar en manos de promotores privados un proceso que debe regirse por los principios de igualdad, publicidad y concurrencia. No es una opción política menor: es una dejación de funciones inaceptable.Resulta igual de grave que el propio Gobierno reconozca que se ha enterado por la prensa de cómo se han adjudicado las viviendas. Afirman, (sin garantía alguna), que no se han concedido “a dedo”, pero admiten que podrían hacerlo. Es decir, el sistema permite la arbitrariedad y el Ayuntamiento lo tolera.Desde el PSOE lo decimos con claridad: la vivienda protegida no puede depender de la voluntad de empresas privadas. Debe adjudicarse mediante criterios objetivos y sorteo público entre quienes cumplen los requisitos, como siempre se ha hecho, con gobiernos del PP y del PSOE.La vivienda es un derecho constitucional y una necesidad social básica. En suelo público, la transparencia y el control no son opcionales. Lo irresponsable es mirar el control no son opcionales. Lo irresponsable es mirar y permitir que otros decidan quién tiene
derecho a un hogar y quién no.
 

En Logroño se ha generado una fuerte indignación respecto a la adjudicación de 104 viviendas promovidas en suelo público, sin control alguno. El Grupo Socialista denunció que dichas viviendas carecen de tutela administrativa efectiva en su proceso de adjudicación, lo que supondría un incumplimiento de la Ley de Vivienda aprobada por el PP en 2007 y de la normativa estatal vigente. La portavoz del Gobierno municipal del PP admitió parcialmente la situación, defendiendo que el Ayuntamiento ha actuado con garantías. Sin embargo, esas “garantías” se limitan a exigir que los adjudicatarios estén inscritos en el registro del IRVI y a que las promotoras entreguen el listado final de beneficiarios. Nada se ha aclarado sobre el procedimiento seguido para seleccionar a esas personas. El Ejecutivo local (y el sabrá por qué) ha decidido dejar en manos de cada promotor privado la elección de quién accede a una vivienda de protección oficial construida sobre suelo público. Eso contradice los principios básicos de publicidad y concurrencia pública que exige la ley, diseñados para asegurar igualdad de oportunidades y evitar cualquier trato de favor. La vivienda es un derecho esencial, no una concesión discrecional. Permitir que su adjudicación dependa exclusivamente de criterios privados, sin control ni transparencia suficientes, erosiona la confianza pública y pone en riesgo la igualdad. Por responsabilidad política y para garantizar un procedimiento ajustado a la legalidad, la Concejala de Vivienda debería asumir consecuencias y dimitir. El Ayuntamiento debe de asegurar que lo que es un derecho, no acabe en el dedo divino de cada promotor

 La decisión municipal de eliminar el sorteo público en la adjudicación de viviendas protegidas en suelo público supone un grave retroceso en materia de transparencia y equidad. Al delegar esta responsabilidad en las empresas promotoras, se rompe con un sistema que garantizaba igualdad de oportunidades y control público en el acceso a un derecho básico como es la vivienda. Hasta ahora, la adjudicación se realizaba mediante un sorteo notarial entre los inscritos para cada promoción, lo que ofrecía seguridad jurídica y confianza a los demandantes. La supresión de este mecanismo introduce opacidad, genera indefensión y abre la puerta a decisiones discrecionales sin baremos claros ni supervisión efectiva. Cuando se trata de vivienda protegida y construida en suelo público, la administración no puede renunciar a su papel de garante del interés general. El art. 46 de la Ley de Vivienda de La Rioja, aprobada por el PP, establece que “los procedimientos de adjudicación serán en todo caso procedimientos de concurrencia pública y publicidad”, y la Ley Nacional establece el “principio de igualdad”, principio y procedimientos que no se están respetando en estas promociones. Esta medida alimenta la frustración de miles de personas inscritas que ven cómo aumentan las promociones anunciadas mientras disminuyen las garantías de acceso real. La falta de información, las listas interminables y la sospecha de adjudicaciones cerradas de antemano erosionan la confianza ciudadana. La vivienda protegida no puede gestionarse como un producto privado más. Exige reglas claras, control público y procedimientos transparentes. Renunciar a ello es abdicar de una responsabilidad institucional esencial y poner en riesgo el principio de igualdad que debe regir cualquier política de vivienda.

 El Partido Popular de Logroño y su alcalde, Conrado Escobar, continúan, según el PSOE, con una política contraria a la movilidad sostenible y al uso de la bicicleta. A la eliminación de carriles bici y la paralización de proyectos ya aprobados —que han supuesto la devolución de fondos europeos— se suma ahora el abandono de los aparcamientos cubiertos para bicicletas instalados en la ciudad (CicLOpark), y justo esta semana el corte del carril bici en la rotonda de Murrieta. Estos aparcamientos fueron financiados en la pasada legislatura con fondos europeos y actualmente se encuentran sin el mantenimiento adecuado, lo que supone un riesgo real de tener que devolver las ayudas recibidas. Desde agosto de 2025, el mantenimiento de estas instalaciones se redujo al mínimo y, desde enero de este año, no se realiza ningún tipo de mantenimiento. La empresa encargada de la instalación y del mantenimiento inicial solo se ocupa actualmente de garantizar el funcionamiento básico del sistema, sin aceptar nuevas altas ni realizar las labores necesarias para su correcta conservación. Además, las facturas emitidas durante este periodo carecen de soporte legal. Hasta que se adjudique un nuevo contrato, el Ayuntamiento ha ordenado que no se tramiten nuevas altas, a pesar de que existen alrededor de 60 plazas vacías. Esta situación se prolongará durante varios meses, impidiendo que el servicio crezca y funcione con normalidad, y suponiendo un nuevo retroceso en las políticas de movilidad sostenible en Logroño. Sr. Escobar Logroño no puede seguir retrocediendo. Ud. es el único responsable.