Tribuna de opinión

 El silencio que rodea el proceso de adjudicación de un centenar de viviendas protegidas promovidas en suelo que ha formado parte del patrimonio de la ciudad solo ha servido para incrementar las dudas sobre la transparencia y la publicidad que deben presidir este tipo de actuaciones. Entendemos que el debate sobre la asignación de la VPO no puede cerrarse en falso, ya que estamos hablando de promociones construidas sobre el patrimonio municipal y destinadas a jóvenes y familias. Más aún cuando el equipo de Gobierno ha ignorado la solicitud legítima del Partido Riojano de pedir una comisión investigación para aclarar todos los interrogantes en torno a este proceso y verificar el cumplimiento de las exigencias de publicidad y concurrencia que marca la Ley de Vivienda. Sigue sin explicar por qué el pliego no ha favorecido que todos los solicitantes de VPO hayan podido participar en igualdad de condiciones y el procedimiento haya sido efectivamente garantista, especialmente cuando sólo 400 de los 3.500 inscritos en el registro de VPO han participado en el sorteo. Ante esta situación al Partido Riojano no le ha quedado más remedio que solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario, con la comparecencia de la titular de Vivienda y el fin de acordar que en futuras promociones la adjudicación de VPO sea mediante un sorteo público ante notario. El Pleno es el órgano idóneo para propiciar el debate público y la verdadera rendición de cuentas

 Hay un truco muy viejo: convertir la política en un “aquí mando yo”. En nuestro Ayuntamiento, el Partido Popular lo está haciendo con su mayoría absoluta cada día. Y se nota en lo cotidiano. Entras, escuchas, tragas… y sales con la sensación de que estorbas. Se nota cuando en el Pleno recortan turnos para que no exista debate. Cuando dices algo que no les gusta y te callan. Cuando preguntas algo concreto y te contestan otra cosa. Cuando las comisiones sirven para pasar el rato y salir sin respuestas. Y cuando a uno de los suyos le toca defender lo indefendible, el resto acompaña con golpes en la mesa, como hooligans. Valientes con los aplausos. Cobardes con la verdad. Se nota cuando, tras dos San Mateos malos, se niegan a una mesa para pensar las fiestas con la gente y con la oposición. No quieren compartir decisiones. Quieren mandar. Se nota cuando eliminan un carril bici “por encima de todo”, aunque eso signifique perder millones de euros que pagamos entre todos. Y se nota cuando en una Junta de Distrito la gente espera dos horas para hablar de sus árboles en la calle Lardero y, justo cuando llega su turno, se levanta la sesión. Ahora anuncian una encuesta sobre transporte público y la llaman participación ciudadana. Qué casualidad: elecciones cerca. No buscan tu opinión. Buscan un titular. Y mientras miras la encuesta, ellos ya han decidido

En Logroño hay barrios que el Partido Popular ha decidido convertir en ciudadanos de segunda. Varea es el ejemplo más sangrante. Mientras los vecinos claman por algo tan elemental como tener médico todos los días, el equipo de gobierno municipal se limita a encogerse de hombros. El consultorio del barrio ha sufrido cierres de facto, semanas sin consulta presencial y recortes horarios que obligan a mayores y personas vulnerables a desplazarse fuera de su entorno. Esto no es una incidencia puntual: es el resultado de una gestión deficiente y de una absoluta falta de presión política por parte del Ayuntamiento. Desde VOX presentamos en el pleno ordinario de febrero una moción clara para garantizar la atención médica diaria en Varea. Una iniciativa firme, concreta y en defensa de casi dos mil vecinos que exigen igualdad sanitaria. ¿La respuesta del Partido Popular? Encogerse de hombros: Excusas, tecnicismos y la permanente huida hacia adelante. Se parapetan en que la competencia es autonómica para no hacer nada. Pero gobernar no es esconderse. Gobernar es defender a tus vecinos frente a quien haga falta, aunque sea tu propio partido en el Gobierno regional. Lo que estamos viendo es sumisión política y abandono institucional. Y Varea no es un caso aislado. La falta de servicios, la degradación de barrios y la pérdida de calidad en la atención pública se repiten en distintos puntos de Logroño. Cuando el Ayuntamiento renuncia a liderar, los barrios pagan el precio. Logroño no necesita un gobierno acomodado y complaciente. Necesita un Ayuntamiento que exija, que actúe y que no permita que ningún barrio quede sin médico ni sin voz

En Logroño se ha generado una fuerte indignación respecto a la adjudicación de 104 viviendas promovidas en suelo público, sin control alguno. El Grupo Socialista denunció que dichas viviendas carecen de tutela administrativa efectiva en su proceso de adjudicación, lo que supondría un incumplimiento de la Ley de Vivienda aprobada por el PP en 2007 y de la normativa estatal vigente. La portavoz del Gobierno municipal del PP admitió parcialmente la situación, defendiendo que el Ayuntamiento ha actuado con garantías. Sin embargo, esas “garantías” se limitan a exigir que los adjudicatarios estén inscritos en el registro del IRVI y a que las promotoras entreguen el listado final de beneficiarios. Nada se ha aclarado sobre el procedimiento seguido para seleccionar a esas personas. El Ejecutivo local (y el sabrá por qué) ha decidido dejar en manos de cada promotor privado la elección de quién accede a una vivienda de protección oficial construida sobre suelo público. Eso contradice los principios básicos de publicidad y concurrencia pública que exige la ley, diseñados para asegurar igualdad de oportunidades y evitar cualquier trato de favor. La vivienda es un derecho esencial, no una concesión discrecional. Permitir que su adjudicación dependa exclusivamente de criterios privados, sin control ni transparencia suficientes, erosiona la confianza pública y pone en riesgo la igualdad. Por responsabilidad política y para garantizar un procedimiento ajustado a la legalidad, la Concejala de Vivienda debería asumir consecuencias y dimitir. El Ayuntamiento debe de asegurar que lo que es un derecho, no acabe en el dedo divino de cada promotor

Una ciudad se construye cada día, pero también se cuida cada día. Logroño no solo crece en proyectos y servicios; crece en calidad de vida cuando protege aquello que nos une: nuestros parques, nuestras plazas y nuestros barrios. El nuevo servicio de Jardineros de parques singulares es un paso más en esa forma de entender la ciudad, poniendo atención, conocimiento y constancia en 24 espacios verdes que forman parte de nuestra identidad colectiva. Nuestros parques no son solo zonas ajardinadas, son lugares llenos de recuerdos, de vida y de historia. Lugares donde paseamos, donde juegan los niños, donde mayores y jóvenes comparten tiempo. Cuidarlos exige trabajo especializado, sí, pero también compromiso ciudadano. Respetar el entorno, mantener la limpieza, valorar lo que es de todos. Porque una ciudad limpia y cuidada no depende solo de un contrato o de una brigada municipal, depende de la suma de pequeñas acciones diarias. En esa misma dirección avanza la campaña “Barrios en foco”, que refuerza la limpieza y el cuidado del espacio público barrio a barrio. Más mantenimiento, más atención y más cercanía. Hacer ciudad es implicarse, es respetar y es sentirse parte. Logroño se cuida entre todos, y cuando lo hacemos, la ciudad no solo mejora: se transforma en un lugar mejor para vivir

Abordar la cuestión de la vivienda protegida supone apelar al derecho a una vivienda digna de jóvenes y familias logroñesas. Precisamente por eso resulta tan preocupante que la VPO promovida en suelo público y sorteada por promotoras privadas haya generado serias dudas sobre el control y transparencia ejercidos por parte de la administración. Desde el Partido Riojano siempre hemos reconocido que el Plan Municipal de Vivienda, aun siendo insuficiente y poco ambicioso, era positivo para la ciudad y permitía avanzar, tímidamente, en el acceso a la vivienda protegida. Precisamente por este apoyo, hay que exigir máxima transparencia sobre cómo ha sido el proceso, y que el alcalde permita constituir una comisión de investigación para esclarecer todos los interrogantes. Según los datos conocidos, sólo 400 de los más de 3.500 solicitantes inscritos hayan participado en un sorteo realizado mediante una hoja de Excel. La Ley de Vivienda exige concurrencia pública y publicidad y el Gobierno debe aclarar si estos principios se han respetado ante las dudas legítimas que se han generado. Tenemos que recordar que la vivienda protegida cuesta un 40% menos que la libre y que, cuando se utiliza suelo municipal, debe prevalecer siempre el interés general. Por eso reclamamos que en las próximas licitaciones se incorpore como requisito imprescindible un sorteo público ante notario, con la supervisión directa del Ayuntamiento.

En nuestra tierra lo notas en lo pequeño. Pides cita por un resfriado y te la dan para dentro de dos semanas. Vas tirando con lo que tengas en casa. Y cuando por fin te ven, te mandan al especialista… para dentro de un año. Un año.Así es como la gente se desespera.Y ese desgaste no es casualidad. Es la estrategia de la derecha, del Partido Popular: dejar que la sanidad pública se atasque, que la espera te coma la paciencia, y entonces soltarte la frase tramposa de siempre: “hay que apoyarse en lo privado”. Primero te rompen el servicio. Luego te venden el “arreglo”. Y, de paso, convierten un derecho en un negocio.Por eso es tan importante lo que el Gobierno de España quiere aprobar estos días. Una ley para marcar una línea muy clara: la gestión de la sanidad pública no se privatiza. Porque cuando entra el ánimo de lucro, cambian las prioridades. Un negocio siempre es un negocio, y busca rentabilidad. Y la rentabilidad no entiende de derechos, entiende de recortar tiempos,pruebas, plantillas y cuidados. Al final, lo pagas tú: con espera, con ansiedad y con dinero.Sabemos de sobra lo que cuesta conquistarnuestros derechos y lo rápido que te los quitan si bajamos la guardia. Y en nuestra ciudad y en cada consultorio de nuestros pueblos, la sanidad tiene que seguir siendo eso: un derecho,no un mercado.
 

Aragón ha hablado alto y claro. El resultado electoral no
es solo un éxito aragonés: es un mensaje nacional inequívo-
co. VOX ha duplicado su respaldo porque miles de españo-
les están cansados de promesas vacías, de ingeniería social
y de un Estado que les da la espalda mientras exprime su
esfuerzo. Cuando el voto se multiplica, también lo hace la
responsabilidad.
Este avance demuestra que existe una mayoría social que
reclama políticas de sentido común. Sentido común para
defender el trabajo y el campo, para garantizar servicios pú-
blicos eficaces sin despilfarro, para proteger la seguridad y
la libertad frente al dogmatismo ideológico. Sentido común
para decir basta a la política del fanatismo que solo beneficia
a quienes viven del ruido.
La lectura en clave nacional es evidente. El bipartidismo ha
gobernado España durante décadas alternándose en el poder
y compartiendo las mismas recetas fallidas. Nos han traído a
un punto nefasto: deuda, inseguridad, desigualdad territorial
y una creciente desconfianza en las instituciones. Cambian
las siglas, pero no el rumbo. Y los españoles lo saben.
Aragón y Extremadura han sido valientes al apostar por una
alternativa firme y coherente. “El doble de VOX” no es un
eslogan, es la constatación de que cada vez más ciudada-
nos exigen claridad, coherencia y coraje político. No quieren
parches ni cesiones a minorías que imponen su agenda al
conjunto de la nación.
Se abre un camino para toda España. Un camino de respon-
sabilidad, de defensa del interés general y de políticas que
vuelvan a poner a los españoles en el centro. El cambio ya
está en marcha.

 La decisión municipal de eliminar el sorteo público en la adjudicación de viviendas protegidas en suelo público supone un grave retroceso en materia de transparencia y equidad. Al delegar esta responsabilidad en las empresas promotoras, se rompe con un sistema que garantizaba igualdad de oportunidades y control público en el acceso a un derecho básico como es la vivienda. Hasta ahora, la adjudicación se realizaba mediante un sorteo notarial entre los inscritos para cada promoción, lo que ofrecía seguridad jurídica y confianza a los demandantes. La supresión de este mecanismo introduce opacidad, genera indefensión y abre la puerta a decisiones discrecionales sin baremos claros ni supervisión efectiva. Cuando se trata de vivienda protegida y construida en suelo público, la administración no puede renunciar a su papel de garante del interés general. El art. 46 de la Ley de Vivienda de La Rioja, aprobada por el PP, establece que “los procedimientos de adjudicación serán en todo caso procedimientos de concurrencia pública y publicidad”, y la Ley Nacional establece el “principio de igualdad”, principio y procedimientos que no se están respetando en estas promociones. Esta medida alimenta la frustración de miles de personas inscritas que ven cómo aumentan las promociones anunciadas mientras disminuyen las garantías de acceso real. La falta de información, las listas interminables y la sospecha de adjudicaciones cerradas de antemano erosionan la confianza ciudadana. La vivienda protegida no puede gestionarse como un producto privado más. Exige reglas claras, control público y procedimientos transparentes. Renunciar a ello es abdicar de una responsabilidad institucional esencial y poner en riesgo el principio de igualdad que debe regir cualquier política de vivienda.

 Logroño llevaba demasiado tiempo sin una política municipal de vivienda real. Demasiados años de parálisis, de suelo público sin uso y de oportunidades perdidas. Desde el inicio de la legislatura, el equipo de Gobierno decidió cambiar esa dinámica con una prioridad clara: impulsar vivienda protegida y poner soluciones encima de la mesa. Así nació un Plan Municipal de Vivienda serio, útil y operativo, basado en activar el patrimonio municipal y convertirlo en hogares para los logroñeses. Los resultados ya empiezan a verse. La primera fase, con la licitación de parcelas municipales en distintas zonas de la ciudad, permitirá la construcción de alrededor de un centenar de viviendas protegidas. Todo ello con un procedimiento garantista, fiscalizado y transparente, con doble control sobre los adjudicatarios para asegurar que las VPO llegan a quien realmente las necesita. Gestión rigurosa, seguridad jurídica y tutela pública real, como debe ser cuando se trabaja con vivienda protegida. Pero conviene recordar algo. ¿Qué hizo el PSOE por las VPO en Logroño? Absolutamente nada. Cero. Ni un solo ladrillo. Ni un solo trámite. ¿Y qué hacen ahora? Enfangar. Intentar sembrar dudas sobre procedimientos que cumplen todos los requisitos legales y técnicos. Frente a eso, este Gobierno sigue trabajando: desbloqueando suelo, impulsando nuevas promociones, activando el centro histórico y promoviendo vivienda pública. Menos ruido y más vivienda. Esa es la diferencia.