Tribuna de opinión

Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la sociedad renueva su compromiso con la igualdad. Una jornada que sirve también para hacer balance y reflexionar sobre los retos aún pendientes. Pero la igualdad no es cosa de un día. Es fundamental seguir reivindicando planes específicos, políticas públicas dotadas de recursos suficientes y programas de actuación sostenidos a lo largo del año. Hay una realidad que es evidente y que sigue sonrojando a la sociedad. La brecha salarial y laboral aún no ha desaparecido porque la parcialidad y la temporalidad tienen mayoritariamente rostro femenino. La conciliación continúa siendo una asignatura pendiente y el peso de los cuidados sigue recayendo de forma desproporcionada en las mujeres. También es preocupante que la pobreza y la precariedad impacten con mayor intensidad sobre las mujeres, especialmente en hogares monomarentales y en quienes afrontan trayectorias laborales interrumpidas por cuidados no remunerados. Desde el Partido Riojano también consideramos fundamental seguir reforzando la lucha contra cualquier forma de violencia contra las mujeres y establecer planes y programas específicos para proteger a las víctimas atrapadas en las redes de prostitución y trata. Es imperativo que la sociedad logroñesa reafirme este 8M su compromiso con una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, asentando sus bases en la juventud mediante la educación y la prevención en valores igualitarios, y reforzando campañas de sensibilización que contribuyan a frenar cualquier conducta discriminatoria

Casi 20 años esperando que se construya vivienda protegida en nuestra ciudad. Y cuando por fin se licita suelo público, nuestro, de todos, no es para ayudarte a ti, que me lees. No es para las familias que llevan años inscritas esperando una oportunidad. Resulta que el premio gordo no es para ellas. Es para cuatro constructoras. Y son ellas las que deciden quién vive allí. Lo protegido no son las personas. Es el negocio. El Ayuntamiento saca el suelo y las empresas reparten las llaves. Sin sorteo público. Sin baremos municipales. Sin listas transparentes. Sin publicar nombres. Sin explicar criterios. Tú te inscribes, esperas, llamas, preguntas… y nadie sabe nada. Y cuando te enteras, ya está todo vendido. Mientras tanto, nos repiten que tengamos miedo. Que no bajemos a comprar el pan sin alarma. Que vienen los ocupas. Que el problema es otro. Siempre otro. Una banda organizada del miedo para que no miremos lo que pasa delante de nuestras narices: suelo público convertido en oportunidad privada. 104 viviendas adjudicadas sin que sepamos cómo ni a quién. La pregunta es clara: ¿qué va a pasar ahora? ¿Quiénes son las personas agraciadas? ¿Dónde está la lista? ¿Qué nombres aparecerán cuando por fin se haga pública? La casualidad suele tener apellidos conocidos. Cuando lo público se reparte en la sombra, el negocio siempre sale redondo. Para algunos

Lo sucedido en el Pleno de marzo en Logroño no es un simple trámite administrativo. Es un acto político deliberado. PSOE y PP han decidido que hay asuntos que no deben debatirse. Han decidido que los logroñeses no merecen conocer sobre determinadas cuestiones. Han decidido, en definitiva, controlar el discurso público desde las instituciones. La moción presentada por planteaba algo elemental: analizar el impacto que una regularización masiva de inmigrantes en situación irregular tendría sobre los servicios públicos municipales, la vivienda, el empleo y la seguridad. Es decir, sobre la vida cotidiana de nuestros vecinos y sobre la sostenibilidad financiera y organizativa del Ayuntamiento. Negarse siquiera a debatirlo es un ejercicio de irresponsabilidad política. El PSOE sabe que este debate le perjudica porque pone el foco en las consecuencias reales de sus políticas. Y el PP, acomplejado y permanentemente pendiente del qué dirán, prefiere alinearse con el veto antes que permitir una discusión que pueda poner de manifiesto que su discurso es el mismo que el de la izquierda. Uno actúa por cálculo ideológico; el otro, por complejo y falta de convicción. No es la primera vez. Cuando un asunto cuestiona su relato o evidencia sus contradicciones, el bipartidismo responde cerrando el micrófono. No confrontan argumentos: bloquean iniciativas. No defienden la pluralidad: la restringen. Lo verdaderamente grave es la pretensión de decidir qué puede debatirse y qué debe silenciarse en el órgano que representa a todos en un sistema democrático. VOX Logroño seguirá defendiendo el derecho de sus votantes a ser escuchados, aunque otros prefieran una democracia controlada, amordazada y sin discrepancias

 Desde el Grupo Socialista hemos procedido a elevar una queja ante el Defensor del Pueblo, en relación con la enajenación de seis parcelas propiedad del Ayuntamiento de Logroño para la construcción de 104 viviendas de protección oficial. El Patrimonio Municipal del Suelo tiene carácter finalista y está legalmente destinado a garantizar el interés general en materia de vivienda. Ello obliga a la Administración a ejercer un control efectivo no solo sobre el destino del suelo, sino también sobre el procedimiento de adjudicación de las viviendas resultantes. Sin embargo, el pliego del concurso se limitó a señalar que la selección de los compradores correspondería a las empresas adjudicatarias, siempre que las mismas estuvieran en el registro del IRVI, sin establecer un procedimiento público reglado. No se previeron convocatorias oficiales, plazos de inscripción, publicación de listados, baremos objetivos ni sorteo público supervisado, delegando en los operadores privados, la adjudicación de las mismas, que públicamente han reconocido que están teniendo en cuenta la solvencia económica. Esta situación podría vulnerar los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia recogidos en la normativa autonómica y estatal en materia de vivienda., además, tampoco consta que se hayan garantizado los cupos de reserva para colectivos especialmente protegidos. Por ello, hemos solicitado al Defensor del Pueblo que requiera el expediente completo, examine los mecanismos de control aplicados y, en su caso, formule las recomendaciones necesarias para restablecer la transparencia y la igualdad en el acceso a viviendas protegidas construidas sobre suelo público. Los ciudadanos se merecen una administración que vele por sus intereses y el Ayuntamiento de Logroño y su Alcalde no lo están haciendo.

 Vocación de servicio. Son tres palabras muy repetidas que definen —o deberían definir— la acción política de cualquier agente involucrado en mejorar la vida de sus vecinos. En el Partido Popular esto es algo que tenemos muy interiorizado. Por eso, desde el primer momento, además de dar solución a los vecinos descontentos con intervenciones de la anterior legislatura, cuyas afecciones iban desde las incomodidades en su entorno hasta consecuencias en sus negocios, nos embarcamos en la tarea de aportar nuestro grano de arena a paliar uno de los mayores desafíos que hoy enfrenta nuestra sociedad: la vivienda. Y es que en el Partido Popular, cuando hablamos de vivienda, no vemos solo casas. Vemos familias logroñesas, proyectos de vida y planes de futuro en nuestra ciudad. Y actuamos en consecuencia, con vocación de servicio. Esta forma de hacer política se encuentra, en ocasiones, con todo lo contrario: una actitud que antepone el desgaste político al interés general, intentando generar ruido incluso ante noticias positivas. La actitud de una parte de la oposición responde precisamente a esa lógica: sembrar dudas, caos y enfrentamiento ante una noticia tan buena como necesaria: en Logroño se vuelve a construir vivienda. Nuestra obligación es clara: rendir cuentas ante la ciudadanía y seguir trabajando para que cada logroñés encuentre en su ciudad un lugar donde desarrollar su proyecto de vida. Y eso vamos a hacer.

¿Cómo es posible que se hayan asignado 104 viviendas protegidas y sólo 400 personas se hayan enterado de que se iban a adjudicar? Esta pregunta sigue sin tener respuesta por parte del Gobierno del señor Escobar casi un mes después de que se desvelara que el reparto de las VPO que se van a desarrollar en suelo municipal no solo no se había publicitado, sino que, para sorpresa de los más de 3.500 inscritos que tiene el IRVI y prácticamente de toda la ciudadanía, ya se habían dado.Esta semana, para agravar aún más la crisis, se reconocía por parte del Gobierno que estas viviendas -son un 40 por ciento más baratas que las libres- podían haberse adjudicado ‘a dedo’. O no. Vaya usted a saber. Porque la realidad es que el alcalde decidió dejar en manos de las promotoras la concesión de las VPO. Quizá nada ilegal,pero poco estético. Sobre todo cuando abandera un plan de vivienda que publicita como el salvavidas de la emergencia que padece Logroño por la tensión del mercado.También se olvidó de dar la debida publicidad y garantizar la concurrencia pública que marca la ley. Igual también lo anunció entre los 400 solicitantes.O no. Vaya usted a saber.De lo que sí estamos seguros en el Partido Riojano es que vamos a pedir aclaraciones al Gobierno en el próximo pleno. Queremos que nos expliquen si, como deslizó la concejala, esas 104 VPO se dieron ‘a dedo’ o no.
 

Hace unos meses el alcalde anunció una moratoria de viviendas turísticas. Traducción:un año para decidir qué hacer, mientras se paran nuevas licencias.Vale. Pero la pregunta es clara: ¿para qué queremos ese año? ¿Para volver a abrir el grifo y que siga creciendo el negocio turístico en viviendas? ¿O para proteger lo básico: que en nuestra ciudad se pueda vivir? Porque la realidad es la que es. Abres el móvil y buscas piso. Cinco anuncios. Tres pasan de los mil euros. Otro está para llorar.Y el último te pide lo imposible: indefinido,aval, “solvencia”, y ya de paso que no tengas perro ni niños. Y tú, con el sueldo justo, viendo cómo el alquiler te tritura. No es que esté difícil: es que no hay alquiler normal.Y mientras tanto, seguimos convirtiendo casas en negocio turístico. Y aquí va la verdad:para turismo ya hay hoteles, hostales, apartahoteles y un montón de VUT legalizadas.Hay de todo. ¿Sabéis lo que no hay? Casas.Por eso en el próximo Pleno vamos a exigir una medida concreta: que el Plan General deje una regla clara. Ni una licencia más de vivienda turística en suelo residencial mientras falte vivienda para vivir.Logroño no es un hotel. Logroño tiene que ser un hogar. Y un hogar se defiende.

 

Desde VOX lo decimos sin complejos: el burka y el niqab
deben prohibirse en los espacios públicos de España. No
hablamos de una cuestión estética ni de un debate académico.
Hablamos de dignidad, de igualdad y de seguridad. Y
quien no quiera verlo está eligiendo mirar hacia otro lado.
El burka y el niqab no son simples prendas. Son la representación
visible de una concepción de la mujer incompatible
con nuestra civilización. Cubrir completamente el rostro
no es una opción inocua: es borrar a la persona del espacio
común. En una sociedad libre, nadie debe ser reducido a
una sombra anónima por imposiciones culturales o religiosas
que chocan frontalmente con la igualdad entre hombres
y mujeres.
Además, la seguridad no es negociable. En un contexto
de amenazas reales, permitir la ocultación permanente
del rostro en calles, edificios públicos o transportes es una
irresponsabilidad política. La identificación es una exigencia
básica de convivencia. Las normas deben aplicarse a
todos por igual, sin excepciones ni privilegios culturales.
Se nos acusa de intolerancia por defender esta medida.
Pero intolerante es aceptar prácticas que perpetúan la desigualdad
y normalizar símbolos que representan sumisión.
Defender la prohibición no es atacar una religión; es afirmar
que en España la ley está por encima de cualquier costumbre
que vulnere la dignidad humana.
España no puede resignarse al relativismo cultural. Integrarse
significa respetar nuestras reglas comunes. Prohibir
el burka y el niqab es fijar límites claros para proteger la
libertad real de las mujeres y la seguridad de todos. Y esos
límites, tarde o temprano, tendrán que establecerse.

La concejala de Vivienda, Patricia Sainz, ha admitido que los promotores privados pueden adjudicar a dedo las 104 viviendas que se van a construir en suelo público.Con esta declaración, el Gobierno del PP confirma lo que el PSOE lleva días denunciando: Conrado Escobar a renunciado deliberadamente al control público en la adjudicación de vivienda protegida en suelo municipal.El Ayuntamiento se ha lavado las manos. Ha decidido apartarse y dejar en manos de promotores privados un proceso que debe regirse por los principios de igualdad, publicidad y concurrencia. No es una opción política menor: es una dejación de funciones inaceptable.Resulta igual de grave que el propio Gobierno reconozca que se ha enterado por la prensa de cómo se han adjudicado las viviendas. Afirman, (sin garantía alguna), que no se han concedido “a dedo”, pero admiten que podrían hacerlo. Es decir, el sistema permite la arbitrariedad y el Ayuntamiento lo tolera.Desde el PSOE lo decimos con claridad: la vivienda protegida no puede depender de la voluntad de empresas privadas. Debe adjudicarse mediante criterios objetivos y sorteo público entre quienes cumplen los requisitos, como siempre se ha hecho, con gobiernos del PP y del PSOE.La vivienda es un derecho constitucional y una necesidad social básica. En suelo público, la transparencia y el control no son opcionales. Lo irresponsable es mirar el control no son opcionales. Lo irresponsable es mirar y permitir que otros decidan quién tiene
derecho a un hogar y quién no.
 

La vivienda. Ese tema en boca de jóvenes y mayores,de un lado y de otro, en comidas y cenas,en el trabajo y en el bar. Cada vez es más difícil comprar una vivienda. Los salarios están estancados y los precios no dejan de subir. Un sinfín de problemas y una solución clara: hacen falta más viviendas.Nosotros llegamos al gobierno a mediados de 2023, en el 2024 presentamos el Plan Municipal de Vivienda y tras las tres primeras fases, ya vemos brotes verdes: 104 familias logroñesas tendrán una VPO y el resto de solicitantes comprueban que, ahora sí, estar en la lista de espera vale para algo.No en vano, desde que gobierna el Partido Popular,el número de solicitantes de viviendas en Logroño ha aumentado en 2.000 personas.Ante esta realidad, el PSOE de la absoluta indiferencia ha querido crear una polémica donde no la hay: ya hemos explicado que no se puede dar solución a un problema sin conocerlo y los socialistas se pierden en lo más básico.¿Cómo van a dar solución a este desafío si no conocen la diferencia entre la promoción pública y privada? Quizás por eso nunca hayan hecho nada.Nosotros no somos así y por eso hoy 104 familias esperan ya una VPO después de tantos años.Y en esa línea seguiremos trabajando, porque nos comprometimos a mejorar la realidad de la vivienda de nuestra ciudad y eso vamos a hacer.