Tribuna de opinión

Abordar la cuestión de la vivienda protegida supone apelar al derecho a una vivienda digna de jóvenes y familias logroñesas. Precisamente por eso resulta tan preocupante que la VPO promovida en suelo público y sorteada por promotoras privadas haya generado serias dudas sobre el control y transparencia ejercidos por parte de la administración. Desde el Partido Riojano siempre hemos reconocido que el Plan Municipal de Vivienda, aun siendo insuficiente y poco ambicioso, era positivo para la ciudad y permitía avanzar, tímidamente, en el acceso a la vivienda protegida. Precisamente por este apoyo, hay que exigir máxima transparencia sobre cómo ha sido el proceso, y que el alcalde permita constituir una comisión de investigación para esclarecer todos los interrogantes. Según los datos conocidos, sólo 400 de los más de 3.500 solicitantes inscritos hayan participado en un sorteo realizado mediante una hoja de Excel. La Ley de Vivienda exige concurrencia pública y publicidad y el Gobierno debe aclarar si estos principios se han respetado ante las dudas legítimas que se han generado. Tenemos que recordar que la vivienda protegida cuesta un 40% menos que la libre y que, cuando se utiliza suelo municipal, debe prevalecer siempre el interés general. Por eso reclamamos que en las próximas licitaciones se incorpore como requisito imprescindible un sorteo público ante notario, con la supervisión directa del Ayuntamiento.

En nuestra tierra lo notas en lo pequeño. Pides cita por un resfriado y te la dan para dentro de dos semanas. Vas tirando con lo que tengas en casa. Y cuando por fin te ven, te mandan al especialista… para dentro de un año. Un año.Así es como la gente se desespera.Y ese desgaste no es casualidad. Es la estrategia de la derecha, del Partido Popular: dejar que la sanidad pública se atasque, que la espera te coma la paciencia, y entonces soltarte la frase tramposa de siempre: “hay que apoyarse en lo privado”. Primero te rompen el servicio. Luego te venden el “arreglo”. Y, de paso, convierten un derecho en un negocio.Por eso es tan importante lo que el Gobierno de España quiere aprobar estos días. Una ley para marcar una línea muy clara: la gestión de la sanidad pública no se privatiza. Porque cuando entra el ánimo de lucro, cambian las prioridades. Un negocio siempre es un negocio, y busca rentabilidad. Y la rentabilidad no entiende de derechos, entiende de recortar tiempos,pruebas, plantillas y cuidados. Al final, lo pagas tú: con espera, con ansiedad y con dinero.Sabemos de sobra lo que cuesta conquistarnuestros derechos y lo rápido que te los quitan si bajamos la guardia. Y en nuestra ciudad y en cada consultorio de nuestros pueblos, la sanidad tiene que seguir siendo eso: un derecho,no un mercado.
 

Aragón ha hablado alto y claro. El resultado electoral no
es solo un éxito aragonés: es un mensaje nacional inequívo-
co. VOX ha duplicado su respaldo porque miles de españo-
les están cansados de promesas vacías, de ingeniería social
y de un Estado que les da la espalda mientras exprime su
esfuerzo. Cuando el voto se multiplica, también lo hace la
responsabilidad.
Este avance demuestra que existe una mayoría social que
reclama políticas de sentido común. Sentido común para
defender el trabajo y el campo, para garantizar servicios pú-
blicos eficaces sin despilfarro, para proteger la seguridad y
la libertad frente al dogmatismo ideológico. Sentido común
para decir basta a la política del fanatismo que solo beneficia
a quienes viven del ruido.
La lectura en clave nacional es evidente. El bipartidismo ha
gobernado España durante décadas alternándose en el poder
y compartiendo las mismas recetas fallidas. Nos han traído a
un punto nefasto: deuda, inseguridad, desigualdad territorial
y una creciente desconfianza en las instituciones. Cambian
las siglas, pero no el rumbo. Y los españoles lo saben.
Aragón y Extremadura han sido valientes al apostar por una
alternativa firme y coherente. “El doble de VOX” no es un
eslogan, es la constatación de que cada vez más ciudada-
nos exigen claridad, coherencia y coraje político. No quieren
parches ni cesiones a minorías que imponen su agenda al
conjunto de la nación.
Se abre un camino para toda España. Un camino de respon-
sabilidad, de defensa del interés general y de políticas que
vuelvan a poner a los españoles en el centro. El cambio ya
está en marcha.

 La decisión municipal de eliminar el sorteo público en la adjudicación de viviendas protegidas en suelo público supone un grave retroceso en materia de transparencia y equidad. Al delegar esta responsabilidad en las empresas promotoras, se rompe con un sistema que garantizaba igualdad de oportunidades y control público en el acceso a un derecho básico como es la vivienda. Hasta ahora, la adjudicación se realizaba mediante un sorteo notarial entre los inscritos para cada promoción, lo que ofrecía seguridad jurídica y confianza a los demandantes. La supresión de este mecanismo introduce opacidad, genera indefensión y abre la puerta a decisiones discrecionales sin baremos claros ni supervisión efectiva. Cuando se trata de vivienda protegida y construida en suelo público, la administración no puede renunciar a su papel de garante del interés general. El art. 46 de la Ley de Vivienda de La Rioja, aprobada por el PP, establece que “los procedimientos de adjudicación serán en todo caso procedimientos de concurrencia pública y publicidad”, y la Ley Nacional establece el “principio de igualdad”, principio y procedimientos que no se están respetando en estas promociones. Esta medida alimenta la frustración de miles de personas inscritas que ven cómo aumentan las promociones anunciadas mientras disminuyen las garantías de acceso real. La falta de información, las listas interminables y la sospecha de adjudicaciones cerradas de antemano erosionan la confianza ciudadana. La vivienda protegida no puede gestionarse como un producto privado más. Exige reglas claras, control público y procedimientos transparentes. Renunciar a ello es abdicar de una responsabilidad institucional esencial y poner en riesgo el principio de igualdad que debe regir cualquier política de vivienda.

 Logroño llevaba demasiado tiempo sin una política municipal de vivienda real. Demasiados años de parálisis, de suelo público sin uso y de oportunidades perdidas. Desde el inicio de la legislatura, el equipo de Gobierno decidió cambiar esa dinámica con una prioridad clara: impulsar vivienda protegida y poner soluciones encima de la mesa. Así nació un Plan Municipal de Vivienda serio, útil y operativo, basado en activar el patrimonio municipal y convertirlo en hogares para los logroñeses. Los resultados ya empiezan a verse. La primera fase, con la licitación de parcelas municipales en distintas zonas de la ciudad, permitirá la construcción de alrededor de un centenar de viviendas protegidas. Todo ello con un procedimiento garantista, fiscalizado y transparente, con doble control sobre los adjudicatarios para asegurar que las VPO llegan a quien realmente las necesita. Gestión rigurosa, seguridad jurídica y tutela pública real, como debe ser cuando se trabaja con vivienda protegida. Pero conviene recordar algo. ¿Qué hizo el PSOE por las VPO en Logroño? Absolutamente nada. Cero. Ni un solo ladrillo. Ni un solo trámite. ¿Y qué hacen ahora? Enfangar. Intentar sembrar dudas sobre procedimientos que cumplen todos los requisitos legales y técnicos. Frente a eso, este Gobierno sigue trabajando: desbloqueando suelo, impulsando nuevas promociones, activando el centro histórico y promoviendo vivienda pública. Menos ruido y más vivienda. Esa es la diferencia.

Lo ocurrido con el monolito del Camino de Santiago instalado junto a La Redonda ha traspasado toda lógica, que responde a un modelo de gestión agotado, abonado a la improvisación y a la falta de control. En este caso confluyen dos hechos indiscutibles: uno, que el mojón se ha colocado en la calle Portales, un entorno de especial protección por el que, además, no discurre la Ruta Jacobea; y dos, que no se ha cumplido el procedimiento administrativo preceptivo. Desde el Partido Riojano consideramos muy graves ambas circunstancias. También lo es el desconocimiento del propio Gobierno municipal sobre la tramitación de este elemento, del que no consta expediente administrativo ni licencia de obra que autorice su instalación en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. No estamos ante una cuestión menor, sino ante la ausencia de control y de rigor en la gestión pública. A esta falta de explicaciones se suma el silencio del alcalde, que ni siquiera ha respondido a la solicitud del PR+ para reubicar este hito en un punto adecuado del Camino de Santiago. Una propuesta sensata si se tiene en cuenta que se trata de un monolito de carácter rural, impropio de un enclave urbano como la calle Portales. Ante la inacción del Gobierno municipal, solo cabe confiar en que el Ejecutivo riojano actúe con celeridad ante una situación que, por momentos, roza lo esperpéntico.

Hay quien confunde tener mayoría con tener razón, como si levantar la mano bastara para que una ciudad funcione. Pero una ciudad no es un despacho. Es gente, calles, comercios, barrios, problemas de verdad. Y por eso gobernar es escuchar, incluso cuando lo que te dicen no encaja con tus planes. En Logroño estamos viendo un modelo basado en el rodillo: decisiones cerradas, poco diálogo y una distancia cada vez mayor con la calle. Ha pasado con las fiestas, diseñadas sin consenso y sin contar con quienes las viven. Ha pasado con la devolución de fondos europeos, dinero que podía haberse quedado aquí mejorando la ciudad y que se ha perdido por falta de proyecto o de ganas. Ha pasado con los recortes, aplicados sin explicar y sin mirar a quién golpean. Y cuando no se escucha, las consecuencias son concretas: San Antón bajando persianas, comerciantes cansados de promesas, barrios con tensión y vecinos que sienten que nadie responde. El rodillo no agiliza. Rompe. Rompe acuerdos, rompe confianza y acaba rompiendo ciudad. Logroño no necesita un gobierno que hable más alto. Necesita un gobierno que escuche mejor.. Porque tener mayoría no te hace infalible, y gobernar desde la soberbia siempre se paga: con calles más vacías y la sensación de que las decisiones ya no se toman con la gente, sino a pesar de ella.

El PP está convirtiendo el dinero público en lujo privado. Mientras nuestras calles permanecen sucias, los colegios carecen de recursos, la sanidad colapsa y los barrios se degradan, el Gobierno de La Rioja paga 100.000 euros al mes para alojar a 12 MENAS en un chalet con piscina en Villamediana. Este despilfarro no tiene justificación: es un escándalo frente a las necesidades reales de los riojanos y de los logroñeses. Pero la irresponsabilidad no termina ahí. Según confirmó el alcalde de Villamediana en el pleno del 21 de enero, estos menores se desplazan todos los días a Logroño. Es decir, no solo se malgasta el dinero, sino que nuestra ciudad debe asumir las consecuencias de una gestión caótica y descontrolada, con presión añadida sobre servicios, seguridad y convivencia. El PP demuestra que gobierna para aparentar, no para servir. Mansiones y piscinas para unos pocos, mientras nuestras familias, nuestros barrios y nuestros jóvenes pagan las consecuencias. Cada euro destinado a estos lujos podría haberse invertido en limpieza urbana, programas sociales, sanidad, seguridad, educación o ayudas a familias en riesgo. Desde VOX Logroño exigimos que se ponga fin a esta barbaridad. Basta de despilfarro, basta de populismo y basta de priorizar intereses ajenos a los de nuestros ciudadanos. Primero los logroñeses, primero los riojanos, primero los barrios que sostienen con impuestos a un gobierno incapaz de gestionar con responsabilidad. La ciudad y sus vecinos merecen atención real, no lujos con dinero público a extranjeros mientras ellos sufren carencias que pueden evitarse con sentido comientras ellos sufren carencias que pueden evitarse con sentido común.

 El Partido Popular de Logroño y su alcalde, Conrado Escobar, continúan, según el PSOE, con una política contraria a la movilidad sostenible y al uso de la bicicleta. A la eliminación de carriles bici y la paralización de proyectos ya aprobados —que han supuesto la devolución de fondos europeos— se suma ahora el abandono de los aparcamientos cubiertos para bicicletas instalados en la ciudad (CicLOpark), y justo esta semana el corte del carril bici en la rotonda de Murrieta. Estos aparcamientos fueron financiados en la pasada legislatura con fondos europeos y actualmente se encuentran sin el mantenimiento adecuado, lo que supone un riesgo real de tener que devolver las ayudas recibidas. Desde agosto de 2025, el mantenimiento de estas instalaciones se redujo al mínimo y, desde enero de este año, no se realiza ningún tipo de mantenimiento. La empresa encargada de la instalación y del mantenimiento inicial solo se ocupa actualmente de garantizar el funcionamiento básico del sistema, sin aceptar nuevas altas ni realizar las labores necesarias para su correcta conservación. Además, las facturas emitidas durante este periodo carecen de soporte legal. Hasta que se adjudique un nuevo contrato, el Ayuntamiento ha ordenado que no se tramiten nuevas altas, a pesar de que existen alrededor de 60 plazas vacías. Esta situación se prolongará durante varios meses, impidiendo que el servicio crezca y funcione con normalidad, y suponiendo un nuevo retroceso en las políticas de movilidad sostenible en Logroño. Sr. Escobar Logroño no puede seguir retrocediendo. Ud. es el único responsable.

En Logroño sabemos bien qué significa gestionar desde lo cercano. El Ayuntamiento es la administración que está todos los días al lado de los vecinos, la que responde cuando hay que mantener una calle, reforzar un servicio social, mejorar el transporte urbano o garantizar la seguridad en los barrios. Y para poder hacerlo bien, hace falta algo básico: una financiación justa y suficiente. Por eso, desde el Grupo Municipal Popular hemos presentado esta semana una moción para defender la autonomía financiera de Logroño y de su Ayuntamiento. En los últimos años, los ayuntamientos hemos asumido más competencias y más obligaciones sin que ello haya venido acompañado de los recursos necesarios. Todo ello en un contexto de ausencia de Presupuestos Generales del Estado, reglas fiscales rígidas y una creciente incertidumbre que dificulta la planificación económica municipal. Además, preocupa que el debate sobre la reforma del sistema de financiación se esté planteando sin contar de forma clara con las entidades locales, cuando cualquier cambio tiene un impacto directo en los servicios que prestamos a los logroñeses. A esto se suman decisiones estatales que imponen nuevas cargas económicas, trasladando costes directamente a los vecinos sin margen de adaptación local. Nuestra posición es clara: defender Logroño es defender un Ayuntamiento con recursos, autonomía y capacidad de decisión. Porque solo así se garantizan servicios públicos de calidad, igualdad entre ciudadanos y una ciudad que siga avanzando con estabilidad y responsabilidad.