Tribuna de opinión

La última semana ha estado marcada por la mala gestión del equipo de Gobierno del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en Logroño. La falta de planificación y previsión han provocado una imagen elocuente: colas desde primera hora, ciudadanos aguardando durante horas y puertas que se cierran antes de tiempo porque el cupo diario ya se ha completado. Incluso por la tarde, la escena volvía a repetirse. Esta situación era evitable. Se conocía con antelación que la demanda de atención presencial iba a aumentar de forma significativa. Sin embargo, durante varias jornadas los servicios municipales han operado al límite, con esperas prolongadas y una menor agilidad administrativa. Solo tras las propuestas del Partido Riojano, el equipo de Gobierno implantó dos líneas diferenciadas en el servicio 010 para separar gestiones ordinarias de las vinculadas a la regularización. Es una medida acertada, pero claramente insuficiente. Si bien ha contribuido a aliviar parcialmente la sobrecarga de trabajo, no ha resuelto el problema de fondo. Es necesario reforzar el personal y ampliar horarios para evitar la saturación del servicio, tal y como ha reclamado el Partido Riojano. Debemos recordar que el Ayuntamiento de Logroño es la administración más cercana al ciudadano y su funcionamiento no puede quedar expuesto a la improvisación porque, al final, son sus vecinos los que acaban soportando las consecuencias. También el funcionariado, al que solo queda agradecer su gran esfuerzo

 Impracticable. Inaccesible. Peligroso. Son las palabras que usan las trabajadoras de tres de las cuatro guarderías municipales para describir los patios donde juegan nuestros hijos e hijas. Casa Cuna, El Arco, El Cubo. Suelos levantados. Moquetas podridas. Piezas sueltas. Niños de uno, dos, tres años encerrados dentro durante meses porque afuera se pueden hacer daño. Y ahora viene el verano. En febrero, las madres de Casa Cuna se plantaron. Les prometieron arreglarlo "cuanto antes". Han pasado más de dos meses. Nada. Ni suelo, ni sombra, ni aire acondicionado en ninguna de las cuatro escuelas. El verano pasado, dentro, temperaturas insoportables. Criaturas de dos años sudando la siesta. ¿Y este verano? Mientras tanto, el Ayuntamiento va de fiesta en fiesta. Lo llaman proyectos transformadores. Pierden dinero transformando calles como San Antón. Devuelven subvenciones por arrancar un tramo de carril bici para que alguien aparque en doble fila. Compran edificios a Defensa. Compran una imagen nueva por 60.000 euros. Y cada fin de semana, otra fiesta. Los 40 Principales, unas Fallas de importación, conciertos, luces, photocall. La ciudad convertida en escaparate permanente. Pero ciudad no es eso. Ciudad es que una criatura de dos años pueda bajar al patio sin partirse la crisma. Ciudad es que su educadora no tenga que elegir entre el calor de 38 grados y dejarla encerrada. Ciudad son las cosas aburridas: el suelo, la sombra, el aire. Lo que no se inaugura con cinta. Un patio roto dice más de un alcalde que mil carteles.

 Mientras en Extremadura se consolida un cambio político firme gracias a VOX, en Logroño estamos viendo las consecuencias directas de decisiones que agravan los problemas en lugar de resolverlos. La regularización extraordinaria de extranjeros aprobada la semana pasada ya está teniendo efectos visibles: largas colas, servicios saturados y una administración desbordada. Lejos de ofrecer soluciones, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha asumido públicamente que no puede oponerse a esta regularización masiva. Esa cobardía política tiene un coste evidente para los logroñeses, que ven cómo los servicios públicos se tensan cada vez más mientras se consolida un modelo que prioriza el efecto llamada frente a la capacidad real de gestión. Las imágenes de ciudadanos esperando durante horas para realizar trámites no son casualidad. Son el reflejo de una política migratoria sin control, que ahora se ve reforzada por una decisión que multiplica la presión sobre los recursos municipales. Frente a esto, los acuerdos impulsados por VOX en Extremadura marcan una diferencia clara. Allí se ha establecido que las ayudas públicas y el acceso a la vivienda prioricen a quienes acrediten arraigo y contribución. Se limita el acceso a recursos a inmigrantes en situación irregular y se elimina la financiación pública a organizaciones que fomentan la inmigración ilegal. Además, se refuerzan los controles contra el fraude en el empadronamiento y se endurecen las políticas migratorias para garantizar orden y legalidad. Medidas concretas que evitan el colapso que hoy vemos en Logroño. VOX demuestra que hay alternativa: orden frente al caos, firmeza frente a resignación y políticas al servicio de los españoles

Logroño vive una situación preocupante en materia de vivienda. En solo un año, el precio del metro cuadrado ha subido más de un 13%, superando ya los 2.000 euros el metro cuadrado, de media. Este encarecimiento dificulta el acceso a una vivienda digna, especialmente para jóvenes y familias, que ya destinan un porcentaje muy por encima del 30% de sus ingresos, a este gasto. A pesar de ello, la ciudad carece de un Plan de Vivienda que articule una respuesta global, y la única prioridad del PP es hacer caja con el suelo municipal. La combinación de precios al alza, escasez de vivienda asequible y la existencia de miles de pisos vacíos —cerca de 15.000— exige una actuación decidida y coordinada. El reto no es solo construir más vivienda, sino también movilizar la ya existente. La rehabilitación de inmuebles en mal estado, puede ampliar la oferta de alquiler y revitalizar barrios. Al mismo tiempo, es necesario impulsar nuevo suelo residencial y desbloquear desarrollos urbanísticos paralizados. La vivienda protegida y el alquiler social deben situarse en el centro de la acción municipal, reforzando los instrumentos existentes y garantizando procesos transparentes en la adjudicación. También resulta clave analizar el mercado del alquiler y valorar medidas como la declaración de zonas tensionadas. Por ello los Socialistas hemos solicitado un Pleno extraordinario del Ayuntamiento y presentado 28 propuestas que tienen como objeto actuar con urgencia y planificación, para garantizar el derecho a la vivienda y construir una ciudad más justa y accesible