Tribuna de opinión

Abordar la cuestión de la vivienda protegida supone apelar al derecho a una vivienda digna de jóvenes y familias logroñesas. Precisamente por eso resulta tan preocupante que la VPO promovida en suelo público y sorteada por promotoras privadas haya generado serias dudas sobre el control y transparencia ejercidos por parte de la administración. Desde el Partido Riojano siempre hemos reconocido que el Plan Municipal de Vivienda, aun siendo insuficiente y poco ambicioso, era positivo para la ciudad y permitía avanzar, tímidamente, en el acceso a la vivienda protegida. Precisamente por este apoyo, hay que exigir máxima transparencia sobre cómo ha sido el proceso, y que el alcalde permita constituir una comisión de investigación para esclarecer todos los interrogantes. Según los datos conocidos, sólo 400 de los más de 3.500 solicitantes inscritos hayan participado en un sorteo realizado mediante una hoja de Excel. La Ley de Vivienda exige concurrencia pública y publicidad y el Gobierno debe aclarar si estos principios se han respetado ante las dudas legítimas que se han generado. Tenemos que recordar que la vivienda protegida cuesta un 40% menos que la libre y que, cuando se utiliza suelo municipal, debe prevalecer siempre el interés general. Por eso reclamamos que en las próximas licitaciones se incorpore como requisito imprescindible un sorteo público ante notario, con la supervisión directa del Ayuntamiento.

En nuestra tierra lo notas en lo pequeño. Pides cita por un resfriado y te la dan para dentro de dos semanas. Vas tirando con lo que tengas en casa. Y cuando por fin te ven, te mandan al especialista… para dentro de un año. Un año.Así es como la gente se desespera.Y ese desgaste no es casualidad. Es la estrategia de la derecha, del Partido Popular: dejar que la sanidad pública se atasque, que la espera te coma la paciencia, y entonces soltarte la frase tramposa de siempre: “hay que apoyarse en lo privado”. Primero te rompen el servicio. Luego te venden el “arreglo”. Y, de paso, convierten un derecho en un negocio.Por eso es tan importante lo que el Gobierno de España quiere aprobar estos días. Una ley para marcar una línea muy clara: la gestión de la sanidad pública no se privatiza. Porque cuando entra el ánimo de lucro, cambian las prioridades. Un negocio siempre es un negocio, y busca rentabilidad. Y la rentabilidad no entiende de derechos, entiende de recortar tiempos,pruebas, plantillas y cuidados. Al final, lo pagas tú: con espera, con ansiedad y con dinero.Sabemos de sobra lo que cuesta conquistarnuestros derechos y lo rápido que te los quitan si bajamos la guardia. Y en nuestra ciudad y en cada consultorio de nuestros pueblos, la sanidad tiene que seguir siendo eso: un derecho,no un mercado.
 

Aragón ha hablado alto y claro. El resultado electoral no
es solo un éxito aragonés: es un mensaje nacional inequívo-
co. VOX ha duplicado su respaldo porque miles de españo-
les están cansados de promesas vacías, de ingeniería social
y de un Estado que les da la espalda mientras exprime su
esfuerzo. Cuando el voto se multiplica, también lo hace la
responsabilidad.
Este avance demuestra que existe una mayoría social que
reclama políticas de sentido común. Sentido común para
defender el trabajo y el campo, para garantizar servicios pú-
blicos eficaces sin despilfarro, para proteger la seguridad y
la libertad frente al dogmatismo ideológico. Sentido común
para decir basta a la política del fanatismo que solo beneficia
a quienes viven del ruido.
La lectura en clave nacional es evidente. El bipartidismo ha
gobernado España durante décadas alternándose en el poder
y compartiendo las mismas recetas fallidas. Nos han traído a
un punto nefasto: deuda, inseguridad, desigualdad territorial
y una creciente desconfianza en las instituciones. Cambian
las siglas, pero no el rumbo. Y los españoles lo saben.
Aragón y Extremadura han sido valientes al apostar por una
alternativa firme y coherente. “El doble de VOX” no es un
eslogan, es la constatación de que cada vez más ciudada-
nos exigen claridad, coherencia y coraje político. No quieren
parches ni cesiones a minorías que imponen su agenda al
conjunto de la nación.
Se abre un camino para toda España. Un camino de respon-
sabilidad, de defensa del interés general y de políticas que
vuelvan a poner a los españoles en el centro. El cambio ya
está en marcha.

 La decisión municipal de eliminar el sorteo público en la adjudicación de viviendas protegidas en suelo público supone un grave retroceso en materia de transparencia y equidad. Al delegar esta responsabilidad en las empresas promotoras, se rompe con un sistema que garantizaba igualdad de oportunidades y control público en el acceso a un derecho básico como es la vivienda. Hasta ahora, la adjudicación se realizaba mediante un sorteo notarial entre los inscritos para cada promoción, lo que ofrecía seguridad jurídica y confianza a los demandantes. La supresión de este mecanismo introduce opacidad, genera indefensión y abre la puerta a decisiones discrecionales sin baremos claros ni supervisión efectiva. Cuando se trata de vivienda protegida y construida en suelo público, la administración no puede renunciar a su papel de garante del interés general. El art. 46 de la Ley de Vivienda de La Rioja, aprobada por el PP, establece que “los procedimientos de adjudicación serán en todo caso procedimientos de concurrencia pública y publicidad”, y la Ley Nacional establece el “principio de igualdad”, principio y procedimientos que no se están respetando en estas promociones. Esta medida alimenta la frustración de miles de personas inscritas que ven cómo aumentan las promociones anunciadas mientras disminuyen las garantías de acceso real. La falta de información, las listas interminables y la sospecha de adjudicaciones cerradas de antemano erosionan la confianza ciudadana. La vivienda protegida no puede gestionarse como un producto privado más. Exige reglas claras, control público y procedimientos transparentes. Renunciar a ello es abdicar de una responsabilidad institucional esencial y poner en riesgo el principio de igualdad que debe regir cualquier política de vivienda.