Tribuna de opinión

Lo sucedido en el Pleno de marzo en Logroño no es un simple trámite administrativo. Es un acto político deliberado. PSOE y PP han decidido que hay asuntos que no deben debatirse. Han decidido que los logroñeses no merecen conocer sobre determinadas cuestiones. Han decidido, en definitiva, controlar el discurso público desde las instituciones. La moción presentada por planteaba algo elemental: analizar el impacto que una regularización masiva de inmigrantes en situación irregular tendría sobre los servicios públicos municipales, la vivienda, el empleo y la seguridad. Es decir, sobre la vida cotidiana de nuestros vecinos y sobre la sostenibilidad financiera y organizativa del Ayuntamiento. Negarse siquiera a debatirlo es un ejercicio de irresponsabilidad política. El PSOE sabe que este debate le perjudica porque pone el foco en las consecuencias reales de sus políticas. Y el PP, acomplejado y permanentemente pendiente del qué dirán, prefiere alinearse con el veto antes que permitir una discusión que pueda poner de manifiesto que su discurso es el mismo que el de la izquierda. Uno actúa por cálculo ideológico; el otro, por complejo y falta de convicción. No es la primera vez. Cuando un asunto cuestiona su relato o evidencia sus contradicciones, el bipartidismo responde cerrando el micrófono. No confrontan argumentos: bloquean iniciativas. No defienden la pluralidad: la restringen. Lo verdaderamente grave es la pretensión de decidir qué puede debatirse y qué debe silenciarse en el órgano que representa a todos en un sistema democrático. VOX Logroño seguirá defendiendo el derecho de sus votantes a ser escuchados, aunque otros prefieran una democracia controlada, amordazada y sin discrepancias

 Desde el Grupo Socialista hemos procedido a elevar una queja ante el Defensor del Pueblo, en relación con la enajenación de seis parcelas propiedad del Ayuntamiento de Logroño para la construcción de 104 viviendas de protección oficial. El Patrimonio Municipal del Suelo tiene carácter finalista y está legalmente destinado a garantizar el interés general en materia de vivienda. Ello obliga a la Administración a ejercer un control efectivo no solo sobre el destino del suelo, sino también sobre el procedimiento de adjudicación de las viviendas resultantes. Sin embargo, el pliego del concurso se limitó a señalar que la selección de los compradores correspondería a las empresas adjudicatarias, siempre que las mismas estuvieran en el registro del IRVI, sin establecer un procedimiento público reglado. No se previeron convocatorias oficiales, plazos de inscripción, publicación de listados, baremos objetivos ni sorteo público supervisado, delegando en los operadores privados, la adjudicación de las mismas, que públicamente han reconocido que están teniendo en cuenta la solvencia económica. Esta situación podría vulnerar los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia recogidos en la normativa autonómica y estatal en materia de vivienda., además, tampoco consta que se hayan garantizado los cupos de reserva para colectivos especialmente protegidos. Por ello, hemos solicitado al Defensor del Pueblo que requiera el expediente completo, examine los mecanismos de control aplicados y, en su caso, formule las recomendaciones necesarias para restablecer la transparencia y la igualdad en el acceso a viviendas protegidas construidas sobre suelo público. Los ciudadanos se merecen una administración que vele por sus intereses y el Ayuntamiento de Logroño y su Alcalde no lo están haciendo.

 Vocación de servicio. Son tres palabras muy repetidas que definen —o deberían definir— la acción política de cualquier agente involucrado en mejorar la vida de sus vecinos. En el Partido Popular esto es algo que tenemos muy interiorizado. Por eso, desde el primer momento, además de dar solución a los vecinos descontentos con intervenciones de la anterior legislatura, cuyas afecciones iban desde las incomodidades en su entorno hasta consecuencias en sus negocios, nos embarcamos en la tarea de aportar nuestro grano de arena a paliar uno de los mayores desafíos que hoy enfrenta nuestra sociedad: la vivienda. Y es que en el Partido Popular, cuando hablamos de vivienda, no vemos solo casas. Vemos familias logroñesas, proyectos de vida y planes de futuro en nuestra ciudad. Y actuamos en consecuencia, con vocación de servicio. Esta forma de hacer política se encuentra, en ocasiones, con todo lo contrario: una actitud que antepone el desgaste político al interés general, intentando generar ruido incluso ante noticias positivas. La actitud de una parte de la oposición responde precisamente a esa lógica: sembrar dudas, caos y enfrentamiento ante una noticia tan buena como necesaria: en Logroño se vuelve a construir vivienda. Nuestra obligación es clara: rendir cuentas ante la ciudadanía y seguir trabajando para que cada logroñés encuentre en su ciudad un lugar donde desarrollar su proyecto de vida. Y eso vamos a hacer.

¿Cómo es posible que se hayan asignado 104 viviendas protegidas y sólo 400 personas se hayan enterado de que se iban a adjudicar? Esta pregunta sigue sin tener respuesta por parte del Gobierno del señor Escobar casi un mes después de que se desvelara que el reparto de las VPO que se van a desarrollar en suelo municipal no solo no se había publicitado, sino que, para sorpresa de los más de 3.500 inscritos que tiene el IRVI y prácticamente de toda la ciudadanía, ya se habían dado.Esta semana, para agravar aún más la crisis, se reconocía por parte del Gobierno que estas viviendas -son un 40 por ciento más baratas que las libres- podían haberse adjudicado ‘a dedo’. O no. Vaya usted a saber. Porque la realidad es que el alcalde decidió dejar en manos de las promotoras la concesión de las VPO. Quizá nada ilegal,pero poco estético. Sobre todo cuando abandera un plan de vivienda que publicita como el salvavidas de la emergencia que padece Logroño por la tensión del mercado.También se olvidó de dar la debida publicidad y garantizar la concurrencia pública que marca la ley. Igual también lo anunció entre los 400 solicitantes.O no. Vaya usted a saber.De lo que sí estamos seguros en el Partido Riojano es que vamos a pedir aclaraciones al Gobierno en el próximo pleno. Queremos que nos expliquen si, como deslizó la concejala, esas 104 VPO se dieron ‘a dedo’ o no.