Tribuna de opinión

 La decisión municipal de eliminar el sorteo público en la adjudicación de viviendas protegidas en suelo público supone un grave retroceso en materia de transparencia y equidad. Al delegar esta responsabilidad en las empresas promotoras, se rompe con un sistema que garantizaba igualdad de oportunidades y control público en el acceso a un derecho básico como es la vivienda. Hasta ahora, la adjudicación se realizaba mediante un sorteo notarial entre los inscritos para cada promoción, lo que ofrecía seguridad jurídica y confianza a los demandantes. La supresión de este mecanismo introduce opacidad, genera indefensión y abre la puerta a decisiones discrecionales sin baremos claros ni supervisión efectiva. Cuando se trata de vivienda protegida y construida en suelo público, la administración no puede renunciar a su papel de garante del interés general. El art. 46 de la Ley de Vivienda de La Rioja, aprobada por el PP, establece que “los procedimientos de adjudicación serán en todo caso procedimientos de concurrencia pública y publicidad”, y la Ley Nacional establece el “principio de igualdad”, principio y procedimientos que no se están respetando en estas promociones. Esta medida alimenta la frustración de miles de personas inscritas que ven cómo aumentan las promociones anunciadas mientras disminuyen las garantías de acceso real. La falta de información, las listas interminables y la sospecha de adjudicaciones cerradas de antemano erosionan la confianza ciudadana. La vivienda protegida no puede gestionarse como un producto privado más. Exige reglas claras, control público y procedimientos transparentes. Renunciar a ello es abdicar de una responsabilidad institucional esencial y poner en riesgo el principio de igualdad que debe regir cualquier política de vivienda.

 Logroño llevaba demasiado tiempo sin una política municipal de vivienda real. Demasiados años de parálisis, de suelo público sin uso y de oportunidades perdidas. Desde el inicio de la legislatura, el equipo de Gobierno decidió cambiar esa dinámica con una prioridad clara: impulsar vivienda protegida y poner soluciones encima de la mesa. Así nació un Plan Municipal de Vivienda serio, útil y operativo, basado en activar el patrimonio municipal y convertirlo en hogares para los logroñeses. Los resultados ya empiezan a verse. La primera fase, con la licitación de parcelas municipales en distintas zonas de la ciudad, permitirá la construcción de alrededor de un centenar de viviendas protegidas. Todo ello con un procedimiento garantista, fiscalizado y transparente, con doble control sobre los adjudicatarios para asegurar que las VPO llegan a quien realmente las necesita. Gestión rigurosa, seguridad jurídica y tutela pública real, como debe ser cuando se trabaja con vivienda protegida. Pero conviene recordar algo. ¿Qué hizo el PSOE por las VPO en Logroño? Absolutamente nada. Cero. Ni un solo ladrillo. Ni un solo trámite. ¿Y qué hacen ahora? Enfangar. Intentar sembrar dudas sobre procedimientos que cumplen todos los requisitos legales y técnicos. Frente a eso, este Gobierno sigue trabajando: desbloqueando suelo, impulsando nuevas promociones, activando el centro histórico y promoviendo vivienda pública. Menos ruido y más vivienda. Esa es la diferencia.

Lo ocurrido con el monolito del Camino de Santiago instalado junto a La Redonda ha traspasado toda lógica, que responde a un modelo de gestión agotado, abonado a la improvisación y a la falta de control. En este caso confluyen dos hechos indiscutibles: uno, que el mojón se ha colocado en la calle Portales, un entorno de especial protección por el que, además, no discurre la Ruta Jacobea; y dos, que no se ha cumplido el procedimiento administrativo preceptivo. Desde el Partido Riojano consideramos muy graves ambas circunstancias. También lo es el desconocimiento del propio Gobierno municipal sobre la tramitación de este elemento, del que no consta expediente administrativo ni licencia de obra que autorice su instalación en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. No estamos ante una cuestión menor, sino ante la ausencia de control y de rigor en la gestión pública. A esta falta de explicaciones se suma el silencio del alcalde, que ni siquiera ha respondido a la solicitud del PR+ para reubicar este hito en un punto adecuado del Camino de Santiago. Una propuesta sensata si se tiene en cuenta que se trata de un monolito de carácter rural, impropio de un enclave urbano como la calle Portales. Ante la inacción del Gobierno municipal, solo cabe confiar en que el Ejecutivo riojano actúe con celeridad ante una situación que, por momentos, roza lo esperpéntico.

Hay quien confunde tener mayoría con tener razón, como si levantar la mano bastara para que una ciudad funcione. Pero una ciudad no es un despacho. Es gente, calles, comercios, barrios, problemas de verdad. Y por eso gobernar es escuchar, incluso cuando lo que te dicen no encaja con tus planes. En Logroño estamos viendo un modelo basado en el rodillo: decisiones cerradas, poco diálogo y una distancia cada vez mayor con la calle. Ha pasado con las fiestas, diseñadas sin consenso y sin contar con quienes las viven. Ha pasado con la devolución de fondos europeos, dinero que podía haberse quedado aquí mejorando la ciudad y que se ha perdido por falta de proyecto o de ganas. Ha pasado con los recortes, aplicados sin explicar y sin mirar a quién golpean. Y cuando no se escucha, las consecuencias son concretas: San Antón bajando persianas, comerciantes cansados de promesas, barrios con tensión y vecinos que sienten que nadie responde. El rodillo no agiliza. Rompe. Rompe acuerdos, rompe confianza y acaba rompiendo ciudad. Logroño no necesita un gobierno que hable más alto. Necesita un gobierno que escuche mejor.. Porque tener mayoría no te hace infalible, y gobernar desde la soberbia siempre se paga: con calles más vacías y la sensación de que las decisiones ya no se toman con la gente, sino a pesar de ella.