Tribuna de opinión

 Mientras en Extremadura se consolida un cambio político firme gracias a VOX, en Logroño estamos viendo las consecuencias directas de decisiones que agravan los problemas en lugar de resolverlos. La regularización extraordinaria de extranjeros aprobada la semana pasada ya está teniendo efectos visibles: largas colas, servicios saturados y una administración desbordada. Lejos de ofrecer soluciones, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha asumido públicamente que no puede oponerse a esta regularización masiva. Esa cobardía política tiene un coste evidente para los logroñeses, que ven cómo los servicios públicos se tensan cada vez más mientras se consolida un modelo que prioriza el efecto llamada frente a la capacidad real de gestión. Las imágenes de ciudadanos esperando durante horas para realizar trámites no son casualidad. Son el reflejo de una política migratoria sin control, que ahora se ve reforzada por una decisión que multiplica la presión sobre los recursos municipales. Frente a esto, los acuerdos impulsados por VOX en Extremadura marcan una diferencia clara. Allí se ha establecido que las ayudas públicas y el acceso a la vivienda prioricen a quienes acrediten arraigo y contribución. Se limita el acceso a recursos a inmigrantes en situación irregular y se elimina la financiación pública a organizaciones que fomentan la inmigración ilegal. Además, se refuerzan los controles contra el fraude en el empadronamiento y se endurecen las políticas migratorias para garantizar orden y legalidad. Medidas concretas que evitan el colapso que hoy vemos en Logroño. VOX demuestra que hay alternativa: orden frente al caos, firmeza frente a resignación y políticas al servicio de los españoles

Logroño vive una situación preocupante en materia de vivienda. En solo un año, el precio del metro cuadrado ha subido más de un 13%, superando ya los 2.000 euros el metro cuadrado, de media. Este encarecimiento dificulta el acceso a una vivienda digna, especialmente para jóvenes y familias, que ya destinan un porcentaje muy por encima del 30% de sus ingresos, a este gasto. A pesar de ello, la ciudad carece de un Plan de Vivienda que articule una respuesta global, y la única prioridad del PP es hacer caja con el suelo municipal. La combinación de precios al alza, escasez de vivienda asequible y la existencia de miles de pisos vacíos —cerca de 15.000— exige una actuación decidida y coordinada. El reto no es solo construir más vivienda, sino también movilizar la ya existente. La rehabilitación de inmuebles en mal estado, puede ampliar la oferta de alquiler y revitalizar barrios. Al mismo tiempo, es necesario impulsar nuevo suelo residencial y desbloquear desarrollos urbanísticos paralizados. La vivienda protegida y el alquiler social deben situarse en el centro de la acción municipal, reforzando los instrumentos existentes y garantizando procesos transparentes en la adjudicación. También resulta clave analizar el mercado del alquiler y valorar medidas como la declaración de zonas tensionadas. Por ello los Socialistas hemos solicitado un Pleno extraordinario del Ayuntamiento y presentado 28 propuestas que tienen como objeto actuar con urgencia y planificación, para garantizar el derecho a la vivienda y construir una ciudad más justa y accesible

Hay debates que, más que aportar soluciones, parecen responder a una estrategia bastante previsible. Lo estamos viendo estos días en Logroño con la vivienda. Hace apenas un mes, el Partido Socialista criticaba con dureza el Plan Municipal impulsado por el equipo de Gobierno. Hoy, sin embargo, solicita un pleno extraordinario para plantear un supuesto plan estratégico. Un giro que no sorprende, porque ya lo adelantó el alcalde: tras el ruido, llegaría el intento de apropiarse de iniciativas que ya están en marcha. La realidad es bastante más sencilla. Logroño cuenta hoy con una hoja de ruta clara en materia de vivienda, con medidas concretas y en ejecución. No hablamos de anuncios vacíos, sino de decisiones que ya están dando pasos firmes. Esta misma semana se ha anunciado la enajenación de ocho proindividos que permitirá la construcción de 200 nuevas viviendas libres en la ciudad. Una actuación que se suma a otras dentro del Plan Municipal de Vivienda y que refleja un compromiso real con el aumento de la oferta. Porque el acceso a la vivienda es, probablemente, el mayor desafío al que nos enfrentamos como sociedad. Y ante eso, el Partido Popular tiene claro que hay que actuar con responsabilidad, rigor y continuidad. Menos titulares y más gestión. Esa es la diferencia

El Gobierno de Conrado Escobar ha vuelto a demostrar la ausencia de compromiso real con la conciliación. El pago de las chiquibecas de julio lle ga, una vez más, con un retraso de nueve meses. Es inaceptable que las familias hayan tenido que esperar casi un año para recibir el abono de una subvención por una tramitación excesivamente lenta que sigue sin corregirse. Desde el Partido Riojano seguimos insistiendo en que es urgente acelerar los procedimientos para ue estas ayudas se abonen dentro del año en cur so. Es preocupante que en el último lustro solo en 2023 se hayan liquidado antes de que terminara el ejercicio. El equipo de Gobierno ha desoído de for ma sistemática nuestras propuestas para adelan tar los pagos y facilitar una solución ágil y eficaz a cientos de familias. Resulta aún más preocupante que se exija a las fa milias justificar los gastos de la guardería en enero del año siguiente, seis meses después. Debemos ecordar que la mensualidad de julio no está cu bierta por el bono infantil del Gobierno de La Rioja y que las familias han tenido que adelantar íntegramente de su bolsillo ese dinero. Una carga económica que coincide con otros desembolsos importantes, como los de la vuelta al cole. Estas ayudas son una herramienta clave para fa cilitar la conciliación en verano, por lo que exigi mos al Gobierno que agilice los plazos y priorice en quienes más lo necesitan, que son las familias.