Tribuna de opinión

Aragón ha hablado alto y claro. El resultado electoral no
es solo un éxito aragonés: es un mensaje nacional inequívo-
co. VOX ha duplicado su respaldo porque miles de españo-
les están cansados de promesas vacías, de ingeniería social
y de un Estado que les da la espalda mientras exprime su
esfuerzo. Cuando el voto se multiplica, también lo hace la
responsabilidad.
Este avance demuestra que existe una mayoría social que
reclama políticas de sentido común. Sentido común para
defender el trabajo y el campo, para garantizar servicios pú-
blicos eficaces sin despilfarro, para proteger la seguridad y
la libertad frente al dogmatismo ideológico. Sentido común
para decir basta a la política del fanatismo que solo beneficia
a quienes viven del ruido.
La lectura en clave nacional es evidente. El bipartidismo ha
gobernado España durante décadas alternándose en el poder
y compartiendo las mismas recetas fallidas. Nos han traído a
un punto nefasto: deuda, inseguridad, desigualdad territorial
y una creciente desconfianza en las instituciones. Cambian
las siglas, pero no el rumbo. Y los españoles lo saben.
Aragón y Extremadura han sido valientes al apostar por una
alternativa firme y coherente. “El doble de VOX” no es un
eslogan, es la constatación de que cada vez más ciudada-
nos exigen claridad, coherencia y coraje político. No quieren
parches ni cesiones a minorías que imponen su agenda al
conjunto de la nación.
Se abre un camino para toda España. Un camino de respon-
sabilidad, de defensa del interés general y de políticas que
vuelvan a poner a los españoles en el centro. El cambio ya
está en marcha.

 La decisión municipal de eliminar el sorteo público en la adjudicación de viviendas protegidas en suelo público supone un grave retroceso en materia de transparencia y equidad. Al delegar esta responsabilidad en las empresas promotoras, se rompe con un sistema que garantizaba igualdad de oportunidades y control público en el acceso a un derecho básico como es la vivienda. Hasta ahora, la adjudicación se realizaba mediante un sorteo notarial entre los inscritos para cada promoción, lo que ofrecía seguridad jurídica y confianza a los demandantes. La supresión de este mecanismo introduce opacidad, genera indefensión y abre la puerta a decisiones discrecionales sin baremos claros ni supervisión efectiva. Cuando se trata de vivienda protegida y construida en suelo público, la administración no puede renunciar a su papel de garante del interés general. El art. 46 de la Ley de Vivienda de La Rioja, aprobada por el PP, establece que “los procedimientos de adjudicación serán en todo caso procedimientos de concurrencia pública y publicidad”, y la Ley Nacional establece el “principio de igualdad”, principio y procedimientos que no se están respetando en estas promociones. Esta medida alimenta la frustración de miles de personas inscritas que ven cómo aumentan las promociones anunciadas mientras disminuyen las garantías de acceso real. La falta de información, las listas interminables y la sospecha de adjudicaciones cerradas de antemano erosionan la confianza ciudadana. La vivienda protegida no puede gestionarse como un producto privado más. Exige reglas claras, control público y procedimientos transparentes. Renunciar a ello es abdicar de una responsabilidad institucional esencial y poner en riesgo el principio de igualdad que debe regir cualquier política de vivienda.

 Logroño llevaba demasiado tiempo sin una política municipal de vivienda real. Demasiados años de parálisis, de suelo público sin uso y de oportunidades perdidas. Desde el inicio de la legislatura, el equipo de Gobierno decidió cambiar esa dinámica con una prioridad clara: impulsar vivienda protegida y poner soluciones encima de la mesa. Así nació un Plan Municipal de Vivienda serio, útil y operativo, basado en activar el patrimonio municipal y convertirlo en hogares para los logroñeses. Los resultados ya empiezan a verse. La primera fase, con la licitación de parcelas municipales en distintas zonas de la ciudad, permitirá la construcción de alrededor de un centenar de viviendas protegidas. Todo ello con un procedimiento garantista, fiscalizado y transparente, con doble control sobre los adjudicatarios para asegurar que las VPO llegan a quien realmente las necesita. Gestión rigurosa, seguridad jurídica y tutela pública real, como debe ser cuando se trabaja con vivienda protegida. Pero conviene recordar algo. ¿Qué hizo el PSOE por las VPO en Logroño? Absolutamente nada. Cero. Ni un solo ladrillo. Ni un solo trámite. ¿Y qué hacen ahora? Enfangar. Intentar sembrar dudas sobre procedimientos que cumplen todos los requisitos legales y técnicos. Frente a eso, este Gobierno sigue trabajando: desbloqueando suelo, impulsando nuevas promociones, activando el centro histórico y promoviendo vivienda pública. Menos ruido y más vivienda. Esa es la diferencia.

Lo ocurrido con el monolito del Camino de Santiago instalado junto a La Redonda ha traspasado toda lógica, que responde a un modelo de gestión agotado, abonado a la improvisación y a la falta de control. En este caso confluyen dos hechos indiscutibles: uno, que el mojón se ha colocado en la calle Portales, un entorno de especial protección por el que, además, no discurre la Ruta Jacobea; y dos, que no se ha cumplido el procedimiento administrativo preceptivo. Desde el Partido Riojano consideramos muy graves ambas circunstancias. También lo es el desconocimiento del propio Gobierno municipal sobre la tramitación de este elemento, del que no consta expediente administrativo ni licencia de obra que autorice su instalación en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. No estamos ante una cuestión menor, sino ante la ausencia de control y de rigor en la gestión pública. A esta falta de explicaciones se suma el silencio del alcalde, que ni siquiera ha respondido a la solicitud del PR+ para reubicar este hito en un punto adecuado del Camino de Santiago. Una propuesta sensata si se tiene en cuenta que se trata de un monolito de carácter rural, impropio de un enclave urbano como la calle Portales. Ante la inacción del Gobierno municipal, solo cabe confiar en que el Ejecutivo riojano actúe con celeridad ante una situación que, por momentos, roza lo esperpéntico.