Tribuna de opinión

 Desde la llegada del Gobierno de Conrado Escobar al Ayuntamiento de Logroño se ha consolidado una evidencia: gobernar escuchando. En el Partido Popular asumimos un compromiso claro con los logroñeses, el mismo que nos otorgó una mayoría absoluta hace ya dos años, y que hoy continúa plenamente vigente: una política serena, dialogada y alejada de los giros bruscos y decisiones unilaterales del pasado. Logroño es hoy una ciudad que debate, consensúa y busca acuerdos reales para mejorar la vida de todos. Esta forma de gobernar se refleja en decisiones recientes en ámbitos complejos, como las terrazas o los pisos turísticos. Son asuntos que otros han preferido esquivar por miedo al coste político que supone afrontar retos urbanísticos y de convivencia. Nosotros no eludimos nuestra responsabilidad: estamos aquí para resolver problemas, no para mirar hacia otro lado. Así, hemos anunciado la suspensión temporal de nuevas licencias de pisos turísticos durante un año con un objetivo claro: ordenar y planificar un modelo que responda a las necesidades de nuestra ciudad sin renunciar a su atractivo turístico. Del mismo modo, hemos impulsado una nueva ordenanza de terrazas, fruto del diálogo con vecinos y hosteleros. Sabemos que encontrar el equilibrio nunca es sencillo, habrá quien lo vea excesivo y a quien le parezca insuficiente, pero esa es precisamente la esencia de la política: escuchar, mediar y decidir con responsabilidad y sentido común.

El alcalde ha presentado esta semana el presupuesto de 2026 sin que todavía sepamos cómo va a corregir la desnivelación de las cuentas de este año en cerca de 8 millones de euros entre ingresos y gastos. La mala planificación presupuestaria y peor gestión han llevado al equipo de Gobierno a presentar un plan de recortes para reequilibrar este desfase presupuestario antes del 31 de diciembre. ¿El resultado? Más presión fiscal, reducción del gasto público y merma en la calidad de los servicios que se presta a la ciudadanía.
En diez meses únicamente ha reducido el desajuste en 3,8 millones de euros, con recortes en partidas tan sensibles como servicios sociales, parques y jardines, limpieza o cooperación al desarrollo por valor de 2,6 millones. No podemos olvidarnos de las 18 resoluciones de alcaldía que el señor Escobar ha firmado en los últimos cuatro meses por más de 4 millones. Un importe que no está reflejado en el presupuesto y que sin duda impactará en los próximos. Intervención así lo ha advertido, ya que podrían generarse tensiones con los proveedores o verse condicionada la financiación de nuevas inversiones mediante préstamos.
Mientras tanto el Gobierno municipal ha incumplido su promesa de aliviar la presión fiscal a las familias y ha reducido casi a la mitad la inversión por habitante. En definitiva, estancamiento económico y parálisis fruto de una gestión errática e improvisada.

En nuestra ciudad, tenemos 17.000 viviendas vacías y más de mil pisos turísticos, mientras cientos de familias siguen buscando un techo que no encuentran. Es un crimen tener casas de sobra y, al mismo tiempo, gente sin poder vivir en su ciudad. Pero aún peor es que haya 86 pisos turísticos ilegales y que no se esté haciendo absolutamente nada. Nadie aceptaría tener camas de hospital ocupadas por pacientes de belleza en plena pandemia. Pues eso mismo está pasando con la vivienda: se especula mientras la gente no tiene dónde dormir.
La vivienda se ha convertido en el principal problema de nuestra ciudad. Parejas que no se separan porque no pueden pagar dos alquileres, mayores atrapados en pisos sin ascensor, jóvenes que vuelven a casa de sus padres porque no hay otra opción. La vivienda es la principal causa de empobrecimiento y de desigualdad.
Por eso proponemos medidas valientes: recargo del 150 % del IBI a las viviendas vacías de grandes tenedores, en Logroño hay 2.219; IBI progresivo para que pague más quien más tiene; tasa de basuras un 50 % más alta a los pisos turísticos; inspección y cierre de los ilegales; y moratoria inmediata a nuevas licencias.
El mercado no se autorregula. La avaricia de los especuladores ha roto el saco. La vivienda no es un bien de mercado, es un bien básico, un derecho que debe estar por encima del lucro privado.
Y como Ayuntamiento, tenemos la obligación de usar todas las herramientas posibles para frenar esta emergencia

En VOX tenemos claro que la política fiscal debe estar al servicio de las personas, no de la recaudación. Por eso nuestras enmiendas a las Ordenanzas Fiscales de 2026 se centran en lo esencial: proteger a las familias, facilitar el acceso a la vivienda y aliviar la presión fiscal que este Gobierno municipal del PP ha aumentado.
Mientras el PP insiste en subir tasas y precios públicos bajo el disfraz de una “actualización técnica”, nosotros defendemos un modelo alternativo: más justo, más austero y más humano. No se trata de recaudar más, sino de gestionar mejor.
Desde VOX hemos propuesto bonificaciones en el IBI para familias con hijos o personas con discapacidad, ayudas a jóvenes que quieren acceder a su primera vivienda y reducciones fiscales para quienes impulsan actividades de conciliación o atención a dependientes. También hemos defendido descuentos de hasta el 95 % en servicios municipales básicos como escuelas infantiles, ludotecas o campamentos para familias numerosas y monoparentales. Porque cuidar a las familias no es un lujo, es una obligación moral y social.
Mientras el equipo de Gobierno gasta en marketing y propaganda institucional, VOX ha propuesto sentido común y responsabilidad. Queremos que Logroño sea una ciudad donde formar una familia, emprender o mantener un pequeño negocio no sea una carrera de obstáculos.
Nuestro modelo es claro: menos impuestos, menos despilfarro y más apoyo a quienes sostienen la vida, el empleo y el futuro de Logroño. Porque cuando se protege a las familias, se protege a toda la ciudad.