Tribuna de opinión

La negativa de Bosonit a trasladar su sede al casco antiguo de la ciudad y edificar el flamante edificio proyectado por Kengo Kuma en Marqués de San Nicolás, 20, deja muchas preguntas sin respuesta para las que todavía no hemos recibido aclaración por parte del Gobierno del señor Escobar. No vamos a restar mérito a la gestión realizada con el último convenio tramitado, que equilibraba el impacto de un proyecto en pleno Camino de Santiago, salvando los reparos del ICOMOS por la protección especial del entorno. Además de solventar esta cuestión, ofrecía una solución para edificar viviendas en el centro histórico en otro solar. Por eso, desde el Partido Riojano dimos nuestro voto favorable a este planteamiento. Ganaba el Ayuntamiento, ganaba la ciudad y ganaba la actividad económica. Seis meses después de que el pleno lo aprobase por unanimidad descubrimos que el convenio no estaba firmado. ¿Cómo es posible anunciar un acuerdo cuando no está asegurado? La única realidad tangible que tenemos es una foto, que quedó en nada. Otra de tantas, como la que retrató los fallidos ‘Pactos con Ñ’, el frustrado jardín e intervención en los sótanos de la vieja estación de autobuses o la inminente reactivación de un soterramiento que nunca llega porque está embargado. ¿Comprará el Ayuntamiento a Bosonit la parcela? ¿Se cederá al IRVI para vivienda pública? Muchas preguntas, pero ninguna respuesta clara

›Somos la comunidad autónoma que menos acoge. En La Rioja solo tenemos 15 menores migrantes no acompañados. Quince. Y aun así, el Partido Popular ha decidido que aquí no se acoge ni uno más. El Partido Popular se ha sumado al discurso del odio. Forman parte del bloque de los Milei, los Trump y las Meloni. Y todo por unos cuantos votos. Y lo hacen con el lenguaje de quienes prefieren que estos niños y niñas se ahoguen en el mar antes que verlos en nuestras playas. Estamos hablando de niños. De menores que viven solos, huyendo del hambre, de la guerra, de la violencia. Pero, al parecer, cuando no son blancos, cuando no tienen ojos azules, dejan de ser refugiados y se convierten en amenaza. El propio Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha desmontado el bulo: los inmigrantes no cometen más delitos. Pero da lo mismo. Porque todo este relato se basa en mentiras. En bulos. Con un solo objetivo: alimentar el odio, la insolidaridad y la deshumanización. Rechazaron un centro de refugiados con fondos europeos. Votaron en contra de mejorar la atención en centros de menores. No es una cuestión de falta de recursos. Es una decisión política. Aquí no sobran menores. Aquí lo que sobra es RACISMO. Y como dice nuestro himno: en Logroño, nadie se siente extranjero… salvo que vengas en patera.

›El reciente caso de Dani Alves ha vuelto a poner sobre la mesa el preocupante debilitamiento de la presunción de inocencia en España. Más allá de la gravedad de las acusaciones y de la necesidad de que la justicia actúe con firmeza, resulta alarmante cómo ciertos representantes políticos están dispuestos a dinamitar principios fundamentales del Derecho con tal de sostener su discurso ideológico. Las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la sentencia absolutoria de Alves por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, son un ejemplo flagrante de esta deriva autoritaria. Montero calificó el fallo como "vergonzoso" y llegó a cuestionar abiertamente la presunción de inocencia, insinuando que la versión de la denunciante debía prevalecer sin importar las pruebas o el proceso judicial. Estas afirmaciones no solo representan un desprecio absoluto por el Estado de Derecho, sino que también muestran la voluntad del Gobierno de España de socavar derechos fundamentales en función de su agenda política. Si los propios representantes del Ejecutivo desacreditan las decisiones judiciales y siembran dudas sobre pilares esenciales como el debido proceso, ¿qué garantías quedan para los ciudadanos? La justicia no puede dictarse en redes sociales ni a golpe de declaraciones populistas. La presunción de inocencia es un derecho innegociable que protege a todos, no un obstáculo que deba eliminarse por conveniencia política. El caso Alves debe resolverse en los tribunales, no en el circo mediático ni en la arena política. Permitir que la presión gubernamental sustituya a la justicia es dar un paso más hacia la demolición del Estado de Derecho en España

 Estos días hemos conocido que la empresa BOSONIT ha decidido no continuar con el proyecto adjudicado la pasada legislatura, para la construcción de un nuevo proyecto tecnológico con un edificio singular que incluía viviendas, (en un solar que lleva 20 años vacío). Este proyecto, suponía poner a Logroño en el mapa de las ciudades punta en innovación y nuevas tecnologías, a la vez que suponía una inyección de actividad y vida para nuestro Centro Histórico. La pasada Legislatura el PSOE impulsó este proyecto contra viento y marea, pero una vez más el conservadurismo y la mal entendida protección patrimonial del Camino de Santiago, dificultaron que el mismo se pudiera iniciar. Un apoyo firme que tampoco encontramos en el PP, que llegó a votar en poco tiempo, a favor, abstención y en contra del proyecto. En este mandato el PP después de un año, anunciaba a bombo y plantillo el desbloqueo del proyecto junto con la empresa, y comunicaba las novedades del mismo y los nuevos plazos. Sin embargo, este anuncio no estaba atado porque faltaba la firma del Convenio anunciado; una firma que no se producido nunca en los 9 meses transcurridos desde dicho anuncio. Por ello el Grupo Municipal Socialista considera que el actual gobierno municipal ha perdido una oportunidad de oro para haber sacado adelante esta inversión y considera que no se ha hecho lo suficiente para que la misma se hubiera hecho realidad, anteponien