Tribuna de opinión

›El reciente caso de Dani Alves ha vuelto a poner sobre la mesa el preocupante debilitamiento de la presunción de inocencia en España. Más allá de la gravedad de las acusaciones y de la necesidad de que la justicia actúe con firmeza, resulta alarmante cómo ciertos representantes políticos están dispuestos a dinamitar principios fundamentales del Derecho con tal de sostener su discurso ideológico. Las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la sentencia absolutoria de Alves por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, son un ejemplo flagrante de esta deriva autoritaria. Montero calificó el fallo como "vergonzoso" y llegó a cuestionar abiertamente la presunción de inocencia, insinuando que la versión de la denunciante debía prevalecer sin importar las pruebas o el proceso judicial. Estas afirmaciones no solo representan un desprecio absoluto por el Estado de Derecho, sino que también muestran la voluntad del Gobierno de España de socavar derechos fundamentales en función de su agenda política. Si los propios representantes del Ejecutivo desacreditan las decisiones judiciales y siembran dudas sobre pilares esenciales como el debido proceso, ¿qué garantías quedan para los ciudadanos? La justicia no puede dictarse en redes sociales ni a golpe de declaraciones populistas. La presunción de inocencia es un derecho innegociable que protege a todos, no un obstáculo que deba eliminarse por conveniencia política. El caso Alves debe resolverse en los tribunales, no en el circo mediático ni en la arena política. Permitir que la presión gubernamental sustituya a la justicia es dar un paso más hacia la demolición del Estado de Derecho en España

 Estos días hemos conocido que la empresa BOSONIT ha decidido no continuar con el proyecto adjudicado la pasada legislatura, para la construcción de un nuevo proyecto tecnológico con un edificio singular que incluía viviendas, (en un solar que lleva 20 años vacío). Este proyecto, suponía poner a Logroño en el mapa de las ciudades punta en innovación y nuevas tecnologías, a la vez que suponía una inyección de actividad y vida para nuestro Centro Histórico. La pasada Legislatura el PSOE impulsó este proyecto contra viento y marea, pero una vez más el conservadurismo y la mal entendida protección patrimonial del Camino de Santiago, dificultaron que el mismo se pudiera iniciar. Un apoyo firme que tampoco encontramos en el PP, que llegó a votar en poco tiempo, a favor, abstención y en contra del proyecto. En este mandato el PP después de un año, anunciaba a bombo y plantillo el desbloqueo del proyecto junto con la empresa, y comunicaba las novedades del mismo y los nuevos plazos. Sin embargo, este anuncio no estaba atado porque faltaba la firma del Convenio anunciado; una firma que no se producido nunca en los 9 meses transcurridos desde dicho anuncio. Por ello el Grupo Municipal Socialista considera que el actual gobierno municipal ha perdido una oportunidad de oro para haber sacado adelante esta inversión y considera que no se ha hecho lo suficiente para que la misma se hubiera hecho realidad, anteponien

Desde el grupo municipal del Partido Popular seguimos apostando por la modernización y mejora de los espacios verdes de Logroño con la adjudicación del nuevo contrato de conservación y mantenimiento por más de 25 millones de euros en los próximos cuatro años. Este proyecto, alineado con la estrategia de ciudad circular, no solo garantiza la conservación de parques y jardines, sino que también introduce innovaciones tecnológicas y de sostenibilidad que harán el servicio más eficiente y respetuoso con el medioambiente. Gracias a la incorporación de herramientas digitales y sistemas de gestión inteligente, el mantenimiento de los espacios verdes se realizará con mayor precisión, optimizando el uso del agua y reduciendo las emisiones contaminantes. Además, la renovación completa de la maquinaria permitirá la electrificación de los vehículos y la aplicación de energías renovables. La integración de nuevas técnicas de control de plagas biológicas y el uso de materiales reciclados refuerzan el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad y la biodiversidad. Desde el Partido Popular de Logroño, reafirmamos nuestro compromiso con una ciudad más verde, eficiente y sostenible. Con 32 m² de zonas verdes por habitante, Logroño se sitúa a la cabeza de las capitales españolas en este ámbito, consolidando su liderazgo en calidad de vida y respeto por el entorno.

 El soterramiento del tren es la obra civil de mayor envergadura que se ha desarrollado en la ciudad en la historia reciente. Nació fruto del consenso de las tres administraciones hace más de dos décadas. En este tiempo, la antigua estación de tren ha dado paso a la nueva intermodal, al parque Felipe VI y a importantes conexiones viarias, con el nudo de Vara de Rey como último hito. Sin embargo, esta obra afloró un conflicto entre la Sociedad del soterramiento –participada por el Estado, Gobierno riojano y Ayuntamiento de Logroño- y la Administración local, que en 2023 ordenó embargar a esta entidad 1,2 millones de euros. Un asunto que no ha trascendido hasta que el PR+ lo ha denunciado. En estos dos años, el Partido Riojano ha planteado varias iniciativas para que la ciudad ratificara el compromiso de terminar la fase I, continuar las fases II y III y reclamar la liberación de los terrenos para poder edificar 1.200 viviendas. Todas fueron rechazadas por el PP. La última hace un mes, con un extraño movimiento del alcalde tendiendo la mano al PSOE y excluyendo al resto de la oposición de cualquier posibilidad de pacto relacionado con el soterramiento. ¿Por qué el alcalde nos ocultó lo que estaba ocurriendo? Desde el Partido Riojano vemos con preocupación este mutismo. Urgen explicaciones y máxima transparencia. En juego está el traspaso del suelo para financiar la fase II y III y edificar 1.200 pisos