Tribuna de opinión

Desde VOX lo decimos sin complejos: el burka y el niqab
deben prohibirse en los espacios públicos de España. No
hablamos de una cuestión estética ni de un debate académico.
Hablamos de dignidad, de igualdad y de seguridad. Y
quien no quiera verlo está eligiendo mirar hacia otro lado.
El burka y el niqab no son simples prendas. Son la representación
visible de una concepción de la mujer incompatible
con nuestra civilización. Cubrir completamente el rostro
no es una opción inocua: es borrar a la persona del espacio
común. En una sociedad libre, nadie debe ser reducido a
una sombra anónima por imposiciones culturales o religiosas
que chocan frontalmente con la igualdad entre hombres
y mujeres.
Además, la seguridad no es negociable. En un contexto
de amenazas reales, permitir la ocultación permanente
del rostro en calles, edificios públicos o transportes es una
irresponsabilidad política. La identificación es una exigencia
básica de convivencia. Las normas deben aplicarse a
todos por igual, sin excepciones ni privilegios culturales.
Se nos acusa de intolerancia por defender esta medida.
Pero intolerante es aceptar prácticas que perpetúan la desigualdad
y normalizar símbolos que representan sumisión.
Defender la prohibición no es atacar una religión; es afirmar
que en España la ley está por encima de cualquier costumbre
que vulnere la dignidad humana.
España no puede resignarse al relativismo cultural. Integrarse
significa respetar nuestras reglas comunes. Prohibir
el burka y el niqab es fijar límites claros para proteger la
libertad real de las mujeres y la seguridad de todos. Y esos
límites, tarde o temprano, tendrán que establecerse.

La concejala de Vivienda, Patricia Sainz, ha admitido que los promotores privados pueden adjudicar a dedo las 104 viviendas que se van a construir en suelo público.Con esta declaración, el Gobierno del PP confirma lo que el PSOE lleva días denunciando: Conrado Escobar a renunciado deliberadamente al control público en la adjudicación de vivienda protegida en suelo municipal.El Ayuntamiento se ha lavado las manos. Ha decidido apartarse y dejar en manos de promotores privados un proceso que debe regirse por los principios de igualdad, publicidad y concurrencia. No es una opción política menor: es una dejación de funciones inaceptable.Resulta igual de grave que el propio Gobierno reconozca que se ha enterado por la prensa de cómo se han adjudicado las viviendas. Afirman, (sin garantía alguna), que no se han concedido “a dedo”, pero admiten que podrían hacerlo. Es decir, el sistema permite la arbitrariedad y el Ayuntamiento lo tolera.Desde el PSOE lo decimos con claridad: la vivienda protegida no puede depender de la voluntad de empresas privadas. Debe adjudicarse mediante criterios objetivos y sorteo público entre quienes cumplen los requisitos, como siempre se ha hecho, con gobiernos del PP y del PSOE.La vivienda es un derecho constitucional y una necesidad social básica. En suelo público, la transparencia y el control no son opcionales. Lo irresponsable es mirar el control no son opcionales. Lo irresponsable es mirar y permitir que otros decidan quién tiene
derecho a un hogar y quién no.
 

La vivienda. Ese tema en boca de jóvenes y mayores,de un lado y de otro, en comidas y cenas,en el trabajo y en el bar. Cada vez es más difícil comprar una vivienda. Los salarios están estancados y los precios no dejan de subir. Un sinfín de problemas y una solución clara: hacen falta más viviendas.Nosotros llegamos al gobierno a mediados de 2023, en el 2024 presentamos el Plan Municipal de Vivienda y tras las tres primeras fases, ya vemos brotes verdes: 104 familias logroñesas tendrán una VPO y el resto de solicitantes comprueban que, ahora sí, estar en la lista de espera vale para algo.No en vano, desde que gobierna el Partido Popular,el número de solicitantes de viviendas en Logroño ha aumentado en 2.000 personas.Ante esta realidad, el PSOE de la absoluta indiferencia ha querido crear una polémica donde no la hay: ya hemos explicado que no se puede dar solución a un problema sin conocerlo y los socialistas se pierden en lo más básico.¿Cómo van a dar solución a este desafío si no conocen la diferencia entre la promoción pública y privada? Quizás por eso nunca hayan hecho nada.Nosotros no somos así y por eso hoy 104 familias esperan ya una VPO después de tantos años.Y en esa línea seguiremos trabajando, porque nos comprometimos a mejorar la realidad de la vivienda de nuestra ciudad y eso vamos a hacer.

 

 El silencio que rodea el proceso de adjudicación de un centenar de viviendas protegidas promovidas en suelo que ha formado parte del patrimonio de la ciudad solo ha servido para incrementar las dudas sobre la transparencia y la publicidad que deben presidir este tipo de actuaciones. Entendemos que el debate sobre la asignación de la VPO no puede cerrarse en falso, ya que estamos hablando de promociones construidas sobre el patrimonio municipal y destinadas a jóvenes y familias. Más aún cuando el equipo de Gobierno ha ignorado la solicitud legítima del Partido Riojano de pedir una comisión investigación para aclarar todos los interrogantes en torno a este proceso y verificar el cumplimiento de las exigencias de publicidad y concurrencia que marca la Ley de Vivienda. Sigue sin explicar por qué el pliego no ha favorecido que todos los solicitantes de VPO hayan podido participar en igualdad de condiciones y el procedimiento haya sido efectivamente garantista, especialmente cuando sólo 400 de los 3.500 inscritos en el registro de VPO han participado en el sorteo. Ante esta situación al Partido Riojano no le ha quedado más remedio que solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario, con la comparecencia de la titular de Vivienda y el fin de acordar que en futuras promociones la adjudicación de VPO sea mediante un sorteo público ante notario. El Pleno es el órgano idóneo para propiciar el debate público y la verdadera rendición de cuentas