Criterios para definir la edificabilidad del suelo urbano en el plan general de 1985

La excesiva densidad que históricamente sufría la ciudad se quiso combatir con una ordenación para el suelo consolidado que fuera más allá del recorte operado en el Plan del Área Interior. Ante una ciudad con diversas alturas en edificios colindantes, cabía tomar dos posturas: o "igualar por arriba", confirmando las alturas máximas del planeamiento anterior, o "igualar por abajo", dejando fuera de ordenación los edificios recientes y dejando como altura máxima teórica la de los edificios primitivo del ensanche. La primera suponía continuar el proceso de densificación hasta límites intolerables, agravado por un estímulo a la destrucción de los edificios antiguos. La segunda alternativa, una postura utópica, sin resultados prácticos (dejar fuera de ordenación un edificio no equivale a hacerlo desaparecer) y con consecuencias legales de cierto alcance. Se optó por una salida práctica, aunque poco estética: asumir las desigualdades, dejando convivir edificios de diferentes alturas y fondos edificables mediante una ordenación muy ceñida a la realidad.

 

Las dotaciones en suelo urbano del plan general de 1985

La iniciativa privada había iniciado la redacción de planeamiento en gran número de los sectores previstos en el Plan Comarcal, pero solo el 17% del suelo urbanizable con planeamiento había sido ejecutado; por problemas de gestión, por la llegada de la crisis o por ambos motivos. El Ayuntamiento veía que en los sectores más en contacto con las zonas consolidadas estaba la solución para muchos de sus déficits dotacionales. Ya había tenido una primera experiencia en el Plan Parcial "Chile", en el que consiguió un cambio de ordenación cuya consecuencia fue la creación de la plaza Primero de Mayo en el corazón de una zona muy necesitada. Siguiendo en esta línea, el nuevo Plan pretendía conseguir zonas verdes y dotaciones en estos sectores de la periferia, mediante cambios en su ordenación inicial (incluso disminuyendo su densidad), a cambio de su consideración como suelo urbano, de más fácil gestión. Se conseguiría así un cinturón de dotaciones reequilibrando en este sentido una ciudad en la que únicamente Lobete estaba suficientemente estaba dotado.

El parque del Ebro apareció como el reto más importante en lo dotacional para el nuevo periodo, iniciando los trabajos de redacción en 1987 e inaugurándose en 1993. Realmente de su éxito o fracaso dependía gran parte de la estrategia de nueva relación de la ciudad con el río; la perspectiva entonces no era tan clara, aunque la excelente respuesta ciudadana ha estimulado a plantear otras acciones en las que el río se convierte en protagonista. Paralelamente se emprendieron obras de acondicionamiento de los terrenos municipales de La Grajera, también aprovechando un enclave húmedo aunque en este caso alejado del núcleo urbano.

Plan general de 1985

La sustitución que se había producido en 1976 de la legislación del suelo, la nueva situación económica y los cambios políticos hicieron necesario revisar el planeamiento. El Plan Comarcal era un planteamiento optimista respecto al crecimiento futuro, propio de los años del desarrollismo en el que fue concebido, pero su puesta en práctica coincidió con un periodo largo de recesión, la crisis del petróleo. De tres hipótesis que manejaba el documento, se había superado a duras penas la mínima. El Ayuntamiento por entonces estaba más preocupado por la ausencia de dotaciones o el exceso de densidad que aún se producía con la aplicación del Plan del Área Interior, que por el crecimiento en nuevas áreas; además, necesariamente había que reconsiderar las propuestas de éste, pues para los Planes Generales la nueva ley exigía la ordenación detallada del suelo urbano.

En la ordenación de los barrios nuevos, como el plan San Adrián, se intentó compaginar las ventajas de la ordenación tradicional, basada en elementos como la calle y la plaza, con la tipología de bloque estrecho (doble crujía), que evita la existencia de patios interiores de parcela. Con resultados variados, será el criterio predominante en las sucesivas ordenaciones de zonas nuevas. En cuanto al crecimiento hacia el sur, se clasificaron como suelo urbano estrictamente las fincas que recaían a avenida de Madrid y la parte edificada de Montesoria, protegiendo del desarrollo la margen este y concentrando en la oeste el crecimiento, aunque en baja densidad.

Se aprovechó para descalificar los polígonos industriales de carretera de Laguardia (El Campillo) y de El Cortijo, y para un severo recorte de los terrenos del de San Lázaro, iniciándose ya la idea de un parque en la zona de San Miguel. En cuanto al suelo urbanizable programado, se limitó a dos sectores: Piqueras (industrial) y Sur (residencial) que no se ejecutaron.